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El Defensor del Pueblo quiere garantías legales para los inmigrantes irregulares

Francisco Fernández Marugán quiere que se establezca un protocolo que garantice la tutela judicial efectiva para evitar que se repitan casos como el de la cárcel de Archidona

Jorge Martín
Graduado en periodismo y con un Máster en Locución. Creador y escritor de Rebobinando el cine. Cinéfilo y fotógrafo.
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El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que elabore un protocolo que garantice la tutela judicial efectiva de los inmigrantes que llegan a las costas españolas de forma irregular. Una petición que realiza porque quiere evitar que se repitan situaciones como la de la cárcel de Archidona, en Málaga, donde ingresaron temporalmente a 419 inmigrantes

Marugán ha recriminado a la policía el trato que dio al medio millar de personas que llegaron en patera a las costas de Murcia, una situación que se podría haber repetido fácilmente con el barco ‘Aquarius’. Tal y como lo narra el Defensor del Pueblo en funciones, estos inmigrantes fueron puestos a disposición judicial en lugares diferentes a donde habían llegado y, posteriormente, fueron trasladados al Centro Penitenciario de Málaga II (Archidona). Según la Ley de Extranjería, la autoridad competente para autorizar el internamiento será el juez de instrucción del lugar donde se practique la detención.

En ese sentido, ha insistido en que la Policía Nacional no puede decidir poner a los inmigrantes a disposición judicial en lugares diferentes a donde se produjo la detención «en función de sus intereses y necesidades«. Además, la institución recuerda que la Constitución establece que “todas las personas tienen derecho al juez ordinario predeterminado por ley”.

El Defensor del Pueblo ha subrayado que las comunidades autónomas en las que se produzcan más accesos irregulares de inmigrantes han de contar con protocolos de contingencia «ágiles y eficaces» que garanticen el respeto a su tutela judicial efectiva.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia explicó que la decisión de distribuir a dichas personas entre los distintos centros de detención fue exclusivamente administrativa y que la policía actuó “como en anteriores ocasiones”.

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