Francisco Fernández Marugán. Foto: TVE.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha reiterado en el balance anual 2018 su apoyo “incondicional” a las víctimas de violencia machista y a sus hijas e hijos. El Defensor, convencido de que “un maltratador nunca puede ser un buen padre”, ha abogado por un cambio legislativo en dos cuestiones. Ha pedido que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre, respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos e hijas. Además, en su opinión, también es necesario que la valoración del riesgo que realiza la policía, cuando una mujer denuncia maltrato, lleve aparejada una valoración específica de la situación de riesgo de sus hijas e hijos.

Cuarenta y siete mujeres fueron asesinadas en 2018 por su pareja o expareja en España, una cifra todavía dramática que, no obstante, supone la más baja desde 2003, año en el que comenzaron a realizarse estadísticas oficiales, según la Agencia Efe.

En total, 975 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en los últimos quince años, un número que podría aumentar cuando se incluyan como violencia de género los asesinatos u homicidios de mujeres fuera del ámbito sentimental.

Esa es una de las medidas impulsadas en 2018 por el Gobierno español para acabar con una lacra que este año acabó también con la vida de tres menores, aunque todavía existen cuatro casos en investigación que podrían elevar la cifra a siete. Además de las disposiciones contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en septiembre de 2017, en 2018 se pusieron en marcha los nuevos formularios de valoración policial del riesgo de las víctimas.

Menores inmigrantes

El informe anual del Defensor del Pueblo recuerda que los menores extranjeros que llegan a España no acompañados reúnen una doble condición de extrema vulnerabilidad: menores y extranjeros. De ahí la especial sensibilidad de la Institución que insiste en recordar que “son menores antes que extranjeros”.

En 2018, el Defensor del Pueblo ha recomendado a la Fiscal General del Estado que dicte una instrucción para que los fiscales, en los procedimientos de determinación de la edad que se inicien a extranjeros sujetos a expedientes de devolución, dicten el decreto de mayoría de edad antes de que se materialice la devolución de estas personas. La Institución quiere evitar que niños y niñas sean devueltos sin que se haya determinado si son o no son menores de edad.

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