El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Dirección General de Policía sobre el funcionamiento y ejecución de las denominadas “alertas rojas” de Interpol, que permiten a la policía de un país detener a una persona buscada en otro.

En concreto, la Institución quiere conocer los criterios que mantienen los cuerpos de seguridad para detener a una persona tras su inclusión en el sistema de “alertas rojas”, y si se tiene en cuenta la situación de los derechos humanos en el país de origen de la solicitud. También ha preguntado por el número de alertas recibidas en 2016 y 2017 y el número de detenciones practicadas.

En la actualidad, el Defensor del Pueblo mantiene abierta una actuación ante el Ministerio de Justicia y ante la Fiscalía General del Estado para conocer la situación actual de los procedimientos de extradición pasiva de los periodistas turcos Hamza Yalçin y Dogan Akhanli y la posición de ambos departamentos sobre estos casos.

Yalçin, ciudadano de doble nacionalidad turca y sueca, fue detenido en Barcelona el 3 de agosto y privado de su libertad en el marco de un  procedimiento de extradición pasiva solicitada por Turquía. Por su parte Akhanli, ciudadano de origen turco y nacionalidad alemana, fue detenido el 19 de agosto en Granada, también sujeto a un proceso de extradición pasiva a solicitud de Turquía.

En opinión del Defensor del Pueblo, “es necesario tomar en consideración que lo que debiera ser un eficaz sistema de cooperación policial para la persecución de delitos en todo el mundo podría constituir, en algunos casos concretos y en contra de la voluntad del país que recibe la alerta, un instrumento utilizado por algunos Estados no democráticos para la persecución de sus disidentes”.

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