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El Defensor del Pueblo insta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a proteger el acuífero de Doñana

A juicio de la institución, las medidas para evitar daños irreversibles o de difícil reparación en el espacio natural no pueden posponerse indefinidamente en los sucesivos planes hidrológicos

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha sugerido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que declare las masas de agua subterránea de Almonte, Marismas y Rocina “acuífero sobreexplotado”, conforme establece la Ley de Aguas.

En opinión del Defensor, ello conllevaría un control más estricto de los plazos para cumplir las medidas necesarias para revertir el actual mal estado de estas aguas, que afecta a espacios naturales protegidos de relevante valor ecológico.

A juicio de la institución, las medidas para revertir el actual estado de los acuíferos de Almonte, Marismas y Rocina no pueden posponerse indefinidamente en los sucesivos planes hidrológicos cuando existen deterioros significativos de las aguas, y no se han adoptado todas las medidas posibles para evitar daños irreversibles o de difícil reparación al espacio natural de Doñana.

Por ello, también ha pedido al organismo encargado de la administración y control del Dominio Público Hidráulico que garantice el uso sostenible de los acuíferos mediante un programa de actuación que ordene las extracciones y coordine la planificación de los recursos hídricos, la actividad agrícola y la protección de los espacios naturales.  

Esta sugerencia del Defensor del Pueblo se enmarca en una actuación de oficio para comprobar las actuaciones acometidas por la CHG para frenar la tendencia de continuo descenso de los niveles de aguas subterráneas en el antiguo acuífero Almonte-Marismas (hoy dividido en cinco masas de agua subterránea distintas), como consecuencia de las extracciones para usos agrícolas.

El mal estado de las aguas había sido advertido en los informes elaborados por la Delegación Institucional de Andalucía del CSIC, aportado por el Defensor del Pueblo Andaluz, y por la propia CHG.

Tras dos peticiones de información, el Defensor del Pueblo no ha podido concluir que la CHG esté ejerciendo con suficiente decisión las funciones que tiene atribuidas por la legislación de aguas.

Así, dicho organismo no ha remitido información que permita concluir que conoce con exactitud el número de pozos ilegales existentes en la actualidad, ni sobre las sanciones impuestas, si estas se han cumplido o, en caso contrario, las medidas adoptadas para asegurarse de que no se producen aprovechamientos sin título habilitante.

Asimismo, y alcanzada la mitad del ciclo de planificación del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021, la CHG no ha suministrado información actualizada que permita conocer el grado de ejecución de las medidas previstas en dicho plan que sean de su competencia, ni ha especificado los plazos para su cumplimiento ni los resultados obtenidos.

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