Hay decisiones institucionales que cuando se hacen publicas suelen causar grandes esperanzas y expectativas. Este fue el caso del incremento de la subvención del 50% al 75% en los desplazamientos de los ciudadanos residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla con el resto de España. Todo muy bien hasta comprobarse, que por no poner medidas oportunas previas, ese incremento en la subvención no ha servido para nada y es que, las compañías aéreas con total impunidad, han encarecido el precio de los billetes en prácticamente todos los trayectos.
Y para los no residentes el efecto ha sido pernicioso, hasta el punto de costarles bastante menos el precio de los billetes, en desplazamientos con incluso doble recorrido entre diversas partes de Europa, que los efectuados dentro de nuestro propio país a las referidas zonas subvencionadas .
Lo mismo está ocurriendo con la extorsión y el fraude al que estamos siendo sometidos por los bancos, cuando a través de una directiva europea, se les ha obligado a erradicar la injusta e ilegal cláusula suelo de las hipotecas bancarias. En éste caso, al no ponerse por parte del Gobierno con anterioridad las medidas preventivas necesarias, era de lógica y sentido común, que las entidades bancarias se resarcirían de esos gastos, como lo están haciendo incrementando las comisiones y todo tipo de servicios a sus clientes.
¡Cuanta impotencia ante tanto abuso!. Nos vemos sometidos a la extorsión de la banca, sin que podamos hacer nada. Pero si lo podría hacer y con muchos argumentos favorables el Gobierno si tuviera voluntad política, no permitiéndole esas prácticas abusivas. Pero para acabar con ésta situación, mejor sería la creación de una Banca Publica, mediante la reconversión de Bankia.
Para el rescate del sector bancario se inyectaron 64.953 millones de euros y sólo se han recuperado 5.150 millones. Precisamente gran parte de esos fondos fueron destinados a la recuperación de Bankia y en consecuencia, debería ser la entidad bancaria que pase a ser pública, pues reúne las condiciones adecuadas, no solamente por la deuda contraída con el Estado sino también por la implantación que tiene como heredera de las antiguas cajas de ahorros en todo el país.
Que diferente a como se enfrentó y resolvió favorablemente el Estado Holandés, un problema similar, rescatando a una de sus entidades bancarias más importante ING, inyectándole 10.000 millones de euros, con la condición de resarcir toda esa cantidad con intereses. En ese sentido, la devolución que ha hecho hasta ahora, ha sido de 11.300 millones de euros y aún le queda por devolver, el resto de los intereses cifrado en 2.200 millones.
Otro tanto ocurre con el anterior aumento a 900 euros y recientemente a 950 del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Medidas razonables y justas, pero con el gran problema de tener que competir para su segura y efectiva aplicación con una reaccionaria Ley Laboral, que previamente tenía que haberse derogado, de lo contrario como venia y continua ocurriendo, muchos empresarios seguirán extorsionando a sus trabajadores, obligándoles a trabajar horas extras no remuneradas.
En España realizan horas extras 797.000 trabajadores y de éstos 376.000, 2,96 millones a la semana que no les son remuneradas, ni cotizan por ellas y en consecuencia impide la creación de 74.000 empleos.
¿Es tan difícil discernir todo esto por los políticos responsables, para tomar medidas y evitar que tantas arbitrariedades e injusticias continúen ocurriendo?. Desde luego que no, sólo se necesita tener sensibilidad social y demostrada capacidad política y de gestión.
