Tal como se esperaba, la reforma Rajoy del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a seis meses el plazo máximo para investigar una causa penal por corrupción no ha servido para eliminar el atasco de papel en los juzgados y tribunales, tal como prometió el exministro popular Rafael Catalá, pero sí ha multiplicado el riesgo de impunidad, permitiendo que muchos políticos y funcionarios salpicados por sonados escándalos en ejercicio de sus funciones puedan eludir la acción de la Justicia por el transcurso del plazo legal de instrucción.

Todos los informes de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial revelan que desde que entró en vigor el polémico artículo se ha mantenido la media de duración de las instrucciones judiciales y se ha incrementado notablemente el tiempo de espera para el enjuiciamiento de los casos. De modo que el primer objetivo de la reforma, aliviar la carga de trabajo de los jueces y fiscales, reducir el tiempo de espera y lograr sentencias en el menor plazo posible, no se ha alcanzado, aunque sí se ha conseguido una cosa que parecía interesarle más al Partido Popular: aumentar la impunidad y que algunos imputados terminen yéndose “de rositas” −como suele decirse coloquialmente− de los casos por los que son investigados.

El último ejemplo de los nocivos efectos del artículo 324 lo tenemos en el carpetazo que la Justicia murciana ha dado a la posibilidad de que el expresidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, pueda ser llamado a declarar por el caso La Sal, el proyecto de construcción de la desaladora de Escombreras (Cartagena) que fue adjudicado a ACS, la constructora del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

La Justicia llevaba instruyendo esta causa desde el año 2016 y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y varias de las acusaciones particulares pretendían actuar contra el expresidente regional una vez que perdiera su aforamiento como diputado del Parlamento Europeo. Sin embargo, eso ya nunca ocurrirá. Valcárcel ha quedado libre de cualquier investigación judicial y todo porque se ha superado el plazo legal de seis meses establecido para la instrucción penal tras la reforma de Rajoy de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Gobierno de Pedro Sánchez se había propuesto acabar cuanto antes con esta reforma infame que el PP tramitó justo en medio del tsunami de corrupción que terminó por ahogarlo, pero de momento el proyecto socialista sigue en el cajón a la espera de lo que ocurra con la sesión de investidura. Según el diario La Información, la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, “se ha quejado en varias ocasiones del bloqueo que esta norma permite de algunas causas, que son impugnadas en los tribunales con triquiñuelas procesales, con el objetivo de agotar el plazo máximo de instrucción” y que los investigados puedan quedar libres y sin castigo.

Mientras tanto, todas las asociaciones de jueces y fiscales −Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales−, han alertado de que la reforma Rajoy es “una situación más que anunciada, para nada imprevisible”, que se debe achacar en buena medida “a la ligereza” con la que vino a actuar el legislador en aquel momento. Aunque más que ligereza habría que decir complicidad con la corrupción, ya que el Gobierno del PP favoreció a sabiendas la impunidad precisamente en un momento crítico para el partido, cuando tenía más de 500 altos cargos imputados y desfilando por los juzgados de todo el país.

Según publica el diario La Verdad de Murcia, hoy el famoso artículo 324 está causando estragos en varios sumarios abiertos por casos de corrupción. Así, el límite máximo de 6 meses para concluir la instrucción no solo ha impedido que Valcárcel dé explicaciones por el agujero de 600 millones de euros en la construcción de la desaladora de Escombreras, sino que los perniciosos efectos de la reforma Rajoy se están dejando sentir en el caso Acal (sobre presunta falsificación de informes jurídicos en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz), caso Pasarelas (sobre la adjudicación de la reforma del entorno de la rambla de Nogalte en Puerto Lumbreras) y caso King Kong (sobre las obras del Auditorio de Cehegín). En algunos procedimientos el famoso artículo 324 ha malogrado o directamente archivado la investigación al haberse superado el estricto plazo de seis meses impuesto por el exministro Catalá. Según fuentes judiciales, esta misma situación podría estar repitiéndose con decenas de causas en el resto del país. Y es que el 324, como era de prever, se ha convertido en el mejor sumidero para blanquear los asuntos turbios de la democracia española.

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1 Comentario

  1. Estás mintiendo y manipulando descaradamente. Leete bien el artículo 324 y siguientes de la ley enjuiciamiento criminal. Declaración de complejidad de la causa y plazo máximo de instrucción. Así que de estricto plazo de instrucción y archivos nada. Si algunos quedan impunes mira el caso de los ERES …. A ver si es por los plazos de instrucción.

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