No puede decirse que Blas Piñar fuese un político de éxito durante la Transición española. Su mayor logro fue reunir a un puñado de nostálgicos en El Valle de los Caídos cada 20N −fecha de conmemoración de las muertes de Franco y José Antonio−, para cantar himnos falangistas y misas de tal forma que la llama del dictador siguiera encendida. Sin embargo, su nombre también ha dado lugar a una fundación: la Blas Piñar. Padre de Fuerza Nueva y líder de la extrema derecha tras la caída de la dictadura, Piñar ostentó cargos políticos en época de Franco y fue diputado ya en democracia.

Está claro que, de una manera o de otra, en España los jerarcas de la dictadura gozan de homenajes y altares como auténticos mártires de la causa. Serrano Suñer fue otro nombre histórico del franquismo. Cuñado y hombre de confianza de Francisco Franco, de quien fue ministro, jugó un importante papel en los contactos con la Alemania de Hitler y en el destino final que tuvieron miles de españoles que fueron exterminados en los campos de concentración nazis. Pese a que se le considera responsable de un auténtico genocidio, hoy también tiene su fundación en su recuerdo y honor.

Otra que funciona impunemente es la Fundación Ramiro Ledesma Ramos, el fundador junto con Onésimo Redondo de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), una versión del nacionalsindicalismo fascista a la española. Este grupo también desarrolla una intensa actividad relacionada con el “estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica y política” del personaje, además del análisis de “su entorno histórico y socio-cultural». En realidad, Ramiro Ledesma fue uno de los conspiradores que participaron en el alzamiento contra la República y por ello fue ejecutado el 29 de octubre de 1936. Actualmente el grupo neonazi Hogar Social Madrid lleva su nombre en su honor.

Hay más organizaciones de este tipo que funcionan con total impunidad para vergüenza y oprobio de nuestra democracia, como la fundación Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés. Millán Astray, autor de la estremecedora frase «¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!», que dirigió contra Miguel de Unamuno, también cuenta con un lugar honorífico entre las asociaciones españolas, sin que nadie, salvo el Gobierno de Pedro Sánchez, se haya planteado hasta ahora su ilegalización. Cabe destacar que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ordenó retirarle la calle al que fuera jefe de la Legión.

Cuentas y subvenciones

No todo es tolerancia y permisividad con estas fundaciones que tanto daño hacen a la democracia. Algunos políticos llevan a cabo su pequeña cruzada personal para exigir que el Gobierno tome cartas en el asunto. Es el caso del portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, que ha emprendido una dura batalla para exigir la ilegalización de todas estas asociaciones. Tras varias interpelaciones y preguntas en la Cámara Alta, Mulet por fin ha conseguido que el Gobierno haga públicas las cuentas de al menos 11 fundaciones abiertamente fascistas que exaltan a personajes del antiguo régimen.

El senador asegura a Diario16 que “la mayoría de estas fundaciones, ya con la actual ley de memoria histórica, deberían estar ilegalizadas por hacer apología y exaltación del franquismo. Y también, como podemos comprobar en estas cuentas, por no entregar en tiempo y forma su contabilidad, tal como exige la legislación aplicable. Lejos de ello, estas fundaciones se están financiando indirectamente con dinero público, al permitir desgravar a sus socios y socias sus aportaciones, cuotas o donaciones, algo aberrante y que únicamente puede pasar en España”.

Compromís recuerda la necesidad de ilegalizar a todos estos grupúsculos totalitarios: “Lo propusimos mediante una ley de víctimas, que PP y PSOE rechazaron, lo propusimos en el Senado vía enmienda a la moción del PSOE de codena del franquismo, y el PSOE lo rechazó, y así estamos todavía”. Tras las reiteradas peticiones de este grupo político en el Senado, finalmente se ha podido saber qué tipo de subvenciones ha recibido del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la Fundación Francisco Franco.

Según la página oficial de Coalició Compromís en el Senado, que publica la investigación de Mulet, “de acuerdo con los datos que obran en el ministerio la FNFF ha presentado sus cuentas anuales hasta el ejercicio 2015, encontrándose depositadas en el Registro de Fundaciones de competencia estatal”. El portavoz del grupo solicitó copia de las mismas a los responsables del Gobierno.

Las cuentas publicadas por la asociación que dirige Chicharro se corresponden con los ejercicios del período 2000-2015. Según la respuesta del Ejecutivo central, el balance del año 2002 no fue presentado por la fundación y respecto a las cuentas de 2003 el Registro informa de que no dispone de ellas “por problemas técnicos con su archivo central”.

Además, Mulet ha recordado que faltan cuentas de 2008 a 2010 que no han sido aportadas por el Gobierno a pesar de la obligación de la fundación de hacerlas públicas. Y entre 2004 y 2008 los balances de contabilidad fueron presentados “con muchos años de retraso”, incumpliendo la Ley 50/2002 de Fundaciones de 26 de diciembre, que fija el plazo de presentación en seis meses desde el cierre de cada ejercicio. “Han llegado a acumular más de cuatro años de retrasos, sin que el Gobierno haya adoptado ninguna medida ya que, como la ley no contempla sanciones, el Ejecutivo tampoco anuncia medidas para castigar esta práctica”, remarca el senador valenciano.

Con todo, según Mulet lo peor no son los retrasos en aportar la información, sino que hasta 11 fundaciones de corte fascista estén recibiendo fondos públicos con cargo a los presupuestos generales del Estado. “Hasta 150.841,22 euros desde 2000 a 2003, tal como reconoce el propio Gobierno en otra respuesta parlamentaria. Es como si la actual Alemania pagara dinero de todos a una legalizada fundación Adolf Hitler, algo inconcebible e imperdonable. Pero aquí, en el Estado Español, no pasa absolutamente nada porque el Partido Popular se descara como heredero legítimo del franquismo, bloqueando la Ley de Memoria Histórica y permitiendo el enaltecimiento de un régimen genocida. Gracias al PP, España es después de Camboya el Estado con más asesinados desaparecidos y eso es porque los herederos políticos de la dictadura continúan en el poder”, denuncia Mulet.

Resulta evidente que la ideología del odio, de exaltación del terrorismo de Estado, de la guerra y de la humillación de las víctimas no es compatible ni con la Constitución Española ni con los convenios internacionales sobre derechos humanos que España tiene suscritos en la actualidad. Exaltar la figura de cómplices en el genocidio como Yagüe, Millán Astray o Serrano Suñer es tanto como si en Alemania se glorificara a Himmler, Goebbels o Göring.

Pero las asociaciones ultraderechistas españolas no solo tienen como objetivo intentar mantener viva la memoria del dictador y de los jerarcas del franquismo. Hay otros grupos legalmente constituidos que, bajo el pretexto de la defensa de la familia tradicional, tratan de propagar un ideario ultraconservador en lo que se refiere también a valores morales, religiosos y sociales. Ideologías que atentan claramente contra los derechos de las mujeres que deciden abortar y contra los homosexuales. Es el caso de HazteOír, la asociación radical católica fundada por Ignacio Arsuaga en febrero de 2001. Este grupo se creó con el propósito de realizar campañas de recogida de firmas a través de Internet sobre asuntos principalmente relacionados con la familia y la educación. En realidad, HazteOír cobró importancia como lobby de presión entre 2004 y 2011 al llevar a cabo diversas campañas contra las políticas de igualdad del Gobierno Zapatero, en especial contra la ley de matrimonio homosexual y la ley de interrupción voluntaria del embarazo (conocida como ley del aborto). También se ha destacado por su beligerancia contra los derechos del colectivo LGTB y contra el acceso a la salud reproductiva.

Según Narciso Pizarro, doctor en Sociología, HazteOír compagina el “arcaísmo fundamentalista” con “modernas técnicas de comunicación, difusión y presión política”. Desde su creación, este grupo ha promovido numerosas acciones judiciales contra artistas e intelectuales de tendencia anticlerical que ejercen la sátira como forma de denuncia. Así, la plataforma promovió una demanda contra el músico Javier Krahe por su cortometraje de 1977 Cómo cocinar un crucifijo, que fue recuperado para un programa de televisión de Canal+ en 2004. Finalmente, el Centro Jurídico Tomás Moro presentó una querella por escarnio de las creencias religiosas, aunque Krahe fue absuelto al no resultar probado que “conociera la emisión del referido fragmento hasta los momentos previos a la entrevista, ni que hubiera tomado parte en la decisión de emitirlo”, según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid publicada por el Tribunal Superior de Justicia. Además, no resultó probado que “concurriera la intención de menoscabar, humillar o herir los sentimientos religiosos de terceros”.

En 2011 HazteOír volvió a la carga, esta vez en coordinación con la Asociación de Abogados Cristianos, con quien impulsó una nueva demanda judicial. En este caso la víctima fue el cómico Leo Bassi, que llevó a escena una obra de teatro en la que, además de disfrazarse de Papa en su parodia, satirizaba las creencias religiosas católicas. De nuevo la Justicia confirmó el archivo de la querella.

Más recientemente, en el año 2014, fue la revista Mongolia el blanco del puritanismo de la asociación de Arsuaga, que denunció “la burla y la ofensa a los sentimientos de los cristianos” a raíz de un especial de esta publicación sobre la Semana Santa en cuya portada aparecía la imagen de Jesucristo cargado con explosivos y el titular “Empieza la Yihad”.

Pero sin duda la campaña de mayor impacto social de esta asociación conservadora fue la que desplegó en febrero de 2017, cuando puso en circulación por las calles de Madrid un autobús rotulado con un claro mensaje antitransexual y homófobo: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”. El mensaje fue considerado como transfóbico por el Ayuntamiento de Madrid y las organizaciones en defensa de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, el conocido como colectivo LGTB. El vehículo fue inmovilizado por los agentes de la Policía Local, lo cual no ha impedido que HazteOír haya seguido organizando este tipo de campañas propagandísticas. Precisamente en febrero de este año el grupo ultracatólico volvía a la carretera al poner en circulación otro autocar con un nuevo rótulo polémico. En esta ocasión el mensaje iba dirigido a las mujeres que sufren el azote machista: “No es violencia de género. Es violencia doméstica. Las leyes de género discriminan al hombre”. Lo peor de esta campaña fue que los dirigentes de la asociación utilizaron un retrato de Adolf Hitler con los labios pintados de lila y el símbolo feminista en su gorra. Bajo la imagen aparecía el hashtag #StopFeminazis en un nuevo ataque contra las mujeres.

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2 Comentarios

  1. Esto no quiere decir que el Estado español sea una democracia, sino lo contrario. Solamente se financia a los afines, o propios, porque se consideran que cumple una función. La pregunta es: ¿cuál es la función de las organizaciones fascistas?, y si ésta es conocida por los altos funcionarios del Estado, ¿por qué las financia?
    En fin, aún se atreven a darnos lecciones el Cal Viva y el Fugado.

  2. ¿Ha puesto ya el gobierno tan progreista y de izquierdas la demanda de deshaucio por OKUPAS a los monjes benedictinos del valle de los caidos?
    Suma y sigue con las prevendas a los franquistas y fascistas,incluidos los curas que tanto daño han hecho y hacen a España.

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