Uno de los pasajes que más me impresionó de La Vida del Buscon Don Pablos, fue cuando, como sirviente, se aloja en una mísera pensión y convive con unos estudiantes de Derecho. Dichos estudiantes, miserables también, van vestidos a la moda de entonces, de negro, que era el color de los ricos. Pero la pluma del autor nos cuenta cómo, en realidad, visten todos de harapos y retales, pero bien cosidos y colocados tal que, de lejos, llegan a engañar a quien los mira, aunque no, de cerca, por supuesto.

Esto es exactamente lo que nos ha pasado a los juristas con el “Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para la recuperación de la actividad judicial tras el Covid-19”. Tras tan pomposo nombre nos pasa como con la novela picaresca; sólo nos encontramos con escasez e indigencia.

Una vez leído el texto publicado, lleno de grandilocuentes frases, la primera cosa que constatamos, al examinarlo de cerca es que, como en la pensión de Alcalá de Henares, NO HAY UN DURO. Y no sólo no hay un duro, sino que además quieren engañar los legisladores a no sé bien quién.

Cierto es, que la Justicia Española, de siempre, ha adolecido del problema de estar infradotada; tal es el punto que, en las Cortes convocadas por los Reyes Católicos en Sevilla en 1501, los convocados se quejaron a los monarcas de lo mal que estaban los caminos reales, y cómo no, de la lentitud de la Justicia.

Los monarcas lo tenían claro, viviendo en la pobreza y administrando desde la indigencia, la justicia es más proclive al interés de los poderosos. Pero eso sí, todos vestidos de riguroso negro, aunque sean harapos.

No importa que los jueces estén mal formados y que se les exija, a partir de ciertos niveles una promesa de fidelidad a la casta, propia de las novelas de Harry Potter. Luego, si perteneces a la casta, puedes, perfectamente editar libros a precio de oro que compraran tus deudos interesados, colocar mujeres e hijas, preparar opositores o “inspirar” dictámenes que los firmará el “negro” de turno. Y el dia que se quiera, siempre hay una puerta giratoria a mano.

Como en Harry Potter, el vínculo de la sangre es el origen de la casta. Y el Consejo General del Poder Judicial, su Ministerio de la Magia; los demás, somos «sangresucia».

Tampoco importa que debajo de esta casta estén funcionarios mal pagados, muchos de ellos, interinos y sustitutos que recuerdan demasiado a los elfos domésticos como Dobby.

Estamos muy alejados pues, de aquello de que la justicia nace del pueblo y es para el pueblo. De siempre se ha administrado en nombre del Rey; al igual que en 1501.

Quiero que observen atentamente las tres fotografías que acompañan al presente artículo, para que comprendan mis razonamientos.

La primera, es la del Palacio de Justicia de Montpellier, una población mediana de Francia, con aproximadamente tantos habitantes como Vigo, Gijón o Hospitalet. La segunda es de Amiens, que tendría los habitantes de Torrejón de Ardoz, Dos Hermanas, Parla o Mataró. Pues bien, sus “Palacios de Justicia” provinciales, edificados todos ellos en el siglo XIX son más grandes que la actual (s. XXI) sede del Tribunal Supremo Español. Y lo han sido durante más de 200 años. Lo de “Palacios de Justicia” viene de eso, de que la Justicia se merecía para los ciudadanos libres que viviera en un palacio y ser administrada en nombre del pueblo.

Minitel, la primera red telemática para la Justicia que permitía ya a los abogados presentar escritos en tiempo real en toda Francia y a los magistrados publicar sentencias, empezó a funcionar en 1982, después de 4 años de pruebas. Y aquí, tenemos LEXNET, de hace cuatro días y fallando más que una escopeta de feria.

Como contrapunto, la tercera fotografía son los “apaños” a una sala de vistas de un tribunal de Alicante. El sueño húmedo de Pepe Gotera y Otilio.

Y es que, sin dinero para guantes y mascarillas, pero también para informática, peritos, turno de oficio y formación, no tenemos salvación posible. El ciudadano que pida auxilio a la Justicia, por las circunstancias ahora sobrevenidas, sólo recibirá que decepciones y nadie se responsabilizará de su desprotección y del aumento del daño sufrido por una Justicia que tiene más del siglo XVIII que del actual.

Y para muestra, un botón; el pretencioso “Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para la recuperación de la actividad judicial tras el Covid-19” aún habla de las comunicaciones por fax.

Y luego nos enfadamos porque los europeos no entienden que hacemos con los dineros que nos dan. ¡Pura picaresca!

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