El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a la empresa pública Defex, a otras dos sociedades y a 24 personas físicas, entre ellas la excúpula de la entidad, por el presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial para Angola. El magistrado reprocha a la Fiscalía y Abogacía del Estado que el criterio esgrimido para exonerar por delito fiscal a DEFEX conduce a la impunidad penal.

Hubo pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños

El magistrado abre juicio oral por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la hacienda pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita/organización y grupo criminal. La resolución detalla los delitos que se atribuye a cada uno de los investigados.

El instructor, que señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano encargado del enjuiciamiento de este procedimiento, del que se abrieron diferentes piezas, establece fianzas que en el caso de alguno de los investigados, como los expresidentes de Defex José Ignacio Encinas y de Comercial Cueto 92 Juan Carlos Cueto, superan los 400 millones de euros, entre la multa y la responsabilidad civil.

A juicio

Entre las personas a las que De la Mata también envía a juicio se encuentran los exdirectivos Manuel Iglesias-Sarriá o Iciar de Iraola Lachiondo, así como también Beatriz García Paesa. Además, se abre juicio a las sociedades DEFEX SA, Comercial Cueto 92 y Global Reach SA. En el caso de la primera de las empresas se establece una fianza de 315 millones de euros y en el de la segunda de 62 millones.

De la Mata explica en el auto que existen indicios sólidos y consistentes que ponen de manifiesto que todas las operativas desarrolladas por la UTE CUETO DEFEX en Angola consistían en “conseguir contratos públicos para la empresa pública DEFEX SA mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños”. Para ello, añade, pagaban también comisiones extraordinarias a agentes y, de camino, los directivos responsables del contrato (Cueto Martin, de Yraola Lachiondo, Encinas Charro, Larumbe Burgui, Iglesias Sarria), aprovechándose de la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito que tenían las mercantiles involucradas (DEFEX SA, COMERCIAL CUETO 92 SL), “aprovechaban para apropiarse de cantidades multimillonarias de los contratos de la UTE para beneficio particular”.

Y todavía, en el caso de DEFEX SA, subraya el juez, “sus directivos Encinas Charro, Larumbe Burgui e Iglesias Sarria, se aprovechaban aún más del absoluto descontrol administrativo de la empresa, para apropiarse cantidades multimillonarias de la empresa para su propio peculio, con un incansable afán de enriquecimiento ilícito a costa de los caudales públicos”.

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