Los intelectuales más puristas esgrimen, en sus aburridos e interminables debates, el argumento de la ‘igualdad jurídica’ (o igualdad sobre el papel) a la hora de rechazar o renegar de cualquier movimiento independiente al movimiento obrero: pretenden resolver todos los problemas del orbe, únicamente, con un discurso de clase puro. Ni siquiera cuando la realidad material les atiza abandonan su inmovilismo, pertrechados de una carretilla de Sagradas Escrituras que, a su juicio, les dan la razón.

Así, cuando interactúan con el movimiento feminista, son incapaces de argüir algo más allá de señalar lo obvio: que, a nivel jurídico, mujeres y hombres gozan de los mismos derechos y deberes en el siglo XXI. Efectivamente, mucho se ha logrado desde los tiempos en que la mujer no podía heredar o votar, pero el mero hecho de quedar reflejados estos derechos por escrito no implica que la desigualdad real haya sido por completo erradicada.

Las sociedades patriarcales están siendo, muy lentamente, superadas por el avance de los derechos de la mujer, no sin dificultades por la oposición de los sectores más reaccionarios. Sin embargo, todavía tenemos que lidiar contra esas inercias machistas que encuentran materialización en diferentes situaciones, como aquellas relacionadas con la violencia contra las mujeres, la discriminación laboral o la dificultad para conciliar el trabajo doméstico con el profesional.

En estos casos, y a pesar de las no-todopoderosas leyes, se siguen cometiendo auténticas atrocidades contra las mujeres, de la misma manera que empresarios y empresarias sin escrúpulos explotan, tanto a hombres como a mujeres, a pesar de la legislación laboral. Efectivamente, si bien no podemos negar la doble opresión de la mujer trabajadora hoy día, tampoco podemos dejar de afirmar que la mujer burguesa del siglo XXI ha conseguido la completa emancipación y es sujeto activo y protagonista en igualdad con el hombre burgués a la hora de sustraer la plusvalía de mujeres y hombres (véanse los ejemplos de Ana Patricia Botín o Sandra Ortega, ambas herederas de los respectivos imperios de sus padres).

Dicha doble opresión –residual- de la mujer trabajadora se manifiesta en ejemplos concretos, como en el de la limpiadora de pisos (profesión mayoritariamente femenina en tanto que se extrapola al ámbito profesional el trabajo doméstico históricamente asignado a la mujer) que percibe un salario particularmente bajo y que tiene que llevar a su hijo recién nacido al puesto de trabajo, porque no tiene dónde dejarlo en buen cuidado.

Lo mismo ocurre con la cuestión racial en Estados Unidos. A pesar de que blancos y negros tienen -por ley- los mismos derechos y obligaciones, el racismo otrora institucional sigue manifestándose no ya en los asesinatos de afroamericanos por parte de algunos policías (que también), sino en la brecha salarial entre unos y otros. Aunque jurídicamente llevan siendo ciudadanos libres desde hace décadas, los afroamericanos siguen experimentando en sus carnes las inercias de la esclavitud y la desigualdad residual relacionada con ésta.

Después de leer este artículo comprenderán los lectores que, a pesar del avance que supone la plasmación por escrito en leyes y constituciones de los derechos de las mujeres en España y de los afroamericanos en EEUU, la lucha por la igualdad total y real aún debe ser una prioridad para la izquierda transformadora.

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