El gobierno nos anuncia que dará el visto bueno a la fusión de Caixa Bank con Bankia, con la que se formará la entidad bancaria más grande de España, y muestra su satisfacción por ello. Para los familiarizados con la historia de la banca española no resultará una sorpresa, para quienes están al margen de las aventuras financieras ni siquiera repararán en esta operación y para la población en general se quedará en uno más de los cambios que han sufrido las entidades bancarias en los últimos años y que creen que a ellos no les afectan. Pero la población en general debería conocer en qué invierten nuestros gobiernos, de cualquier signo e ideología, el dinero de nuestros impuestos.
Medio siglo de la banca: crisis, fusiones y luchas de poder
Sin entrar a explicar las bancarrotas de las entidades bancarias, estafas, corrupciones y apropiaciones indebidas de sus dirigentes desde principios del siglo XIX, por mor de la extensión de este artículo, si es preciso recordar lo sucedido en el sector financiero en nuestro país en esta última etapa que comienza en 1973 con la crisis del petróleo. Las suspensiones de pagos de decenas de bancos que operaban desde la dictadura y algunos desde el siglo XIX como la Mas Sardá y el Garriga Nogués en Cataluña o el Banco Español de Crédito en Madrid, se sucedieron en una caída imparable como las fichas de dominó.
Entre el año 1978 y 1993, las quiebras, intervenciones y procesos judiciales se suceden en España dejando tiritando la Hacienda española mientras la mayoría de los causantes salen indemnes con los capitales de los que se habían apropiado. Desde 1978 han sido 56 las entidades bancarias quebradas de las 110 que existían en aquel momento.
Para centrarme en el tiempo actual, Bankia se remonta a julio de 2010, cuando tuvo lugar la integración de siete cajas de ahorros -Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja- en forma de un Sistema Institucional de Protección (SIP) que en síntesis consiste en la supervisión del Banco de España a los acuerdos que establecen entre sí esas entidades. Esta coalición deriva de los escándalos que sacudieron las Cajas en los años anteriores, en los que encontramos todas las figuras delictivas y alegales: apropiación indebida, despilfarros, financiación ilegal, información privilegiada, deslealtad empresarial, etc.etc. Y de convertir esta nueva entidad que parecía múltiple en una sola solvente y de importancia se encargó Rodrigo Rato, que venía de ser director del Fondo Monetario Internacional cargo del que dimitió sin explicación ni motivo fundamentado.
Rodrigo Rato, el gran economista y financiero que había sido Vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía y Vicepresidente económico con el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, unificó la entidad y llevó su exitosa labor hasta sacarla a bolsa en una ceremonia que reprodujeron todos los informativos televisados del mundo occidental con la imagen de Rato tocando una campana. La historia de esa salida a bolsa es ya un culebrón conocido, como el proceso que se ha seguido contra él y los demás implicados en uno de los mayores fraudes de la banca.
La cúpula del Banco de España conoció la quiebra y deterioro del grupo BFA-Bankia doce días antes de la salida a Bolsa, según un nuevo documento interno al que tuvo acceso EL MUNDO. Se trata de un informe fechado el 8 de julio de 2011 en el que se avisaba de que la baja valoración de Bankia implicaba un deterioro de 7.400 millones en su matriz BFA. Recalcaba que esta cifra superaba los fondos propios de BFA, lo que suponía situación de quiebra técnica. Además, subrayaba que la consecuencia era menor valor aún de Bankia. Sin embargo, la jefatura del supervisor no destapó el agujero y la entidad salió a Bolsa el 20 de julio de 2011.
En poco tiempo se descubría la quiebra de la entidad y era preciso que el Estado, es decir la ciudadanía española, aportara 22.000 millones de euros para poder cumplir con los depositantes, y en consecuencia adquirió la propiedad del 62% de las acciones. De momento, y de poco momento, porque la fusión anunciada con La Caixa, la gran entidad de ahorro catalana que llevaba treinta años queriendo hacerse con la Caja de Madrid, significará que el Estado perderá la mayoría de esas acciones conservando únicamente el 14%. Es decir, que le hemos regalado a los accionistas o al Consejo de Administración o no sé a quién, el 48%, lo que significa 19.000 millones de euros que los contribuyentes hemos entregado con tanto esfuerzo.
Esta es la realidad de esa exitosa operación de fusión con Caixa Bank, cuando sufrimos la recesión económica más grave desde la postguerra. Se sigue cumpliendo el propósito de la empresa capitalista: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.
