¿Son tan cristalinos los concursos para la gestión pública del agua como el líquido que gestionan quienes luego los ganan? No lo parece por los antecedentes y la cantidad de casos que han salpicado, en diferente grado eso sí, a muchas empresas del sector. ¿Tiraría alguna de ellas la primera piedra? La respuesta más probable vuelve a ser negativa.
La semana pasada, este mismo diario publicaba que un juzgado de instrucción de Almería está investigando la presunta prevaricación en la adjudicación de tres contratos de obras de emergencia por parte del equipo de gobierno del PP. El juzgado trata de dirimir si las obras se adjudicaron por el procedimiento de emergencia con la intención clara y manifiesta de evitar la concurrencia de ofertas y que Aqualia fuera la empresa única beneficiaria.
Una semana después, el foco se traslada desde Almería a la Región de Murcia, concretamente al Ayuntamiento de San Javier, gobernado también por el Partido Popular.
A este concurso concurren algunas de las empresas más importantes del sector, con un denominador común: ninguna tiene expediente inmaculado, si bien el tamaño de la mancha es variable. Una investigación llevada cabo por Diario16 reafirma las repuestas a las dos preguntas iniciales. Ni claridad, ni nadie en disposición de lanzar la primera piedra.
El concurso de San Javier ha despertado un inusitado interés, cuya explicación principal esté en el montante del mismo: 247 millones para un contrato de 20 años.
Estas son algunas de las empresas que concurren y sus antecedentes.
Aqualia. Considerada en el sector como la gran favorita para hacerse con este contrato, llama la atención la frecuencia con la que esta empresa gana concursos que redacta la consultora Ingeagua, que es la misma que se encargó del pliego de San Javier. Diario16 ha detectado que Ingeagua presta sus servicios como asistencia técnica en al menos una docena de ayuntamientos en los que FCC Aqualia es la actual concesionaria. En la mayor parte de ellos o se ha resuelto el concurso a favor de Aqualia, o hay una propuesta de adjudicación también a su favor.
Hace tan solo unos meses, a principios de este año, el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Barbate abrió diligencias contra el anterior y el actual alcalde de la localidad, así como contra Aqualia, al advertir presuntos fraudes en la concesión de contratos. La Fiscalía señala tres posibles delitos: estafa continuada, prevaricación administrativa y delito continuado de malversación de caudales públicos. Aquí también, el proyecto fue valorado por Ingeagua, que cobró solo 15.000 euros por la redacción de un concurso cuyo precio base de licitación se acerca a 250 millones de euros.
Acciona. Vinculada al caso Azud, en relación al pago de mordidas por la adjudicación de contratos, se presenta al concurso en UTE con Promed Consulting y con STV Gestión, ambas con estrechas relaciones en el gobierno de la Región de Murcia, también del PP al igual que el Ayuntamiento de San Javier.
- Promed Consulting ya fue cuestionada al resultar beneficiaria de un contrato de emergencia, sin pasar por concurso público, de 2,1 millones de euros para 50 rastreadores durante dos meses. Del montante del contrato, resulta un coste laboral de 42.000 euros por cada rastreador, 21.000 euros al mes.
- Global Omniun. Anteriormente conocida como Aguas de Valencia, se rebautizó tras los casos de corrupción que le salpicaron de uno u otro modo. Hoy en día, el grupo Global Omnium/Aguas de Valencia controla el suministro hídrico de decenas de municipios levantinos y también el 88% de las participaciones de Avanqua, la empresa que gestiona el Oceanográfico de Valencia.
Hidrogea. Implicada en el caso Pokemon por supuestamente haber sufragado viajes de placer de diferentes políticos de la Región de Murcia, al parecer, a cambio de contratos.
Aguas de San Javier. UTE de la que forma parte La Generala, que también se vio forzada a cambiar su nombre tras los casos de corrupción que le salpicaron. La empresa se quedó con el megacontrato de las ambulancias de la Región de Murcia, más de 300 millones de euros, sin tener ninguna experiencia en el sector.
La otra empresa de la UTE es Gestagua. Hace menos de un mes se conoció que el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Santiago de Compostela investiga a dos de sus trabajadores por la posible existencia de un delito de descubrimiento y revelación de secretos empresariales.
Socamex. Propiedad del fondo suizo Quaero, es la filial de agua de Urbaser. Hace solo unos días, dos directivos de la empresa reconocieron ante la Audiencia Provincial de Las Palmas que habían sobornado y hecho regalos a representantes públicos a cambio de conseguir licitaciones para la empresa.
Sacyr. Concurre al concurso en UTE con Regenera Levante, que al igual que La Generala, está recibiendo gran cantidad de contratos del gobierno de la región.
