En marzo del año 2017 el Poder Judicial y el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef) –un centro académico patrocinado por la AEB, la patronal de la banca española– sellaban un ambicioso convenio de colaboración para que los jueces y magistrados españoles pudieran impartir clases a juristas retribuidas por los bancos, según consta en el documento al que ha tenido acceso Diario16.
El convenio, que tiene una duración de dos años, fue firmado por el entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en representación del Poder Judicial, y por Pablo Vázquez Vega, director de Cunef. En aquel texto se sentaron las bases para una estrecha colaboración académica entre magistrados del más alto escalafón judicial (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional) y la universidad patrocinada por la banca.
En el artículo primero del documento se deja claro que el Consejo General del Poder Judicial, entre sus funciones constitucionales de gobierno, ostenta la “exclusiva competencia” en materia de formación inicial y continuada de jueces y magistrados en virtud del artículo 107.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En base a esa ley, al CGPJ le compete “resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento de jueces y magistrados”. Es decir, el siempre corporativista estamento de togados advierte de que ellos y solo ellos están autorizados para ejercer su actividad docente en el lugar y con quien consideren conveniente, lo cual no deja de ser otro privilegio más de casta.
El Cunef es un centro de enseñanza superior adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, según señala el convenio de marzo de 2017, y su objetivo es “contribuir a través de la formación y la investigación universitarias a formar y capacitar a los profesionales jurídicos y financieros”. Hasta ahí todo correcto, salvo que los expertos en Derecho consultados por Diario16 advierten de que la labor de formación de los jueces y magistrados debería recaer directamente sobre una universidad pública, con fondos del Gobierno y con profesorado (casi siempre jueces del Supremo y de la Audiencia Nacional) pagados por el Estado. Esa sería la única forma de garantizar una escrupulosa independencia judicial que ahora se está viendo amenazada por los sospechosos lazos tejidos en los últimos años entre la banca y el estamento judicial.
Según las fuentes consultadas por este diario, los jueces y magistrados no solo tienen el derecho sino la obligación de formarse y reciclarse, a ser posible con la mayor cantidad de cursos especializados, para ofrecer una administración de Justicia de la mayor calidad. Otra cosa es que tenga que ser una especie de Universidad paralela o academia privada pagada por los banqueros la que ofrezca esa posibilidad. No hace falta ser un conspiranoico mal intencionado para concluir que los planes de estudio que allí se impartan a los profesionales de la judicatura no serán precisamente intolerantes con las prácticas abusivas que habitualmente llevan a cabo los bancos. Más bien al contrario, lo lógico será que en una universidad pagada por el poder financiero las clases enseñen a los alumnos lo que hay que hacer y lo que no para que la banca gane un juicio en el Supremo. Los banqueros han entendido muy bien de qué va este juego y que el Poder Judicial es el principal resorte legal con el que cuentan los consumidores a la hora de pleitear y defender sus intereses cuando son víctimas de un abuso. Contar con una unidad de elite de jueces y magistrados del Supremo, un equipo de confianza formado en una universidad sufragada con dinero de los bancos, nunca viene mal, y hasta puede ser una ventaja a tener muy cuenta cuando se presentan sentencias complicadas como la de las hipotecas. Solo en base a esa supuesta connivencia entre un poder y otro se explica que una doctrina favorable a los clientes fijada por sentencia firme sea revocada y sustituida por otra a beneficio de los bancos en un Pleno del Tribunal Supremo convocado con carácter de urgencia. ¿Cuántos de esos magistrados que cambiaron su criterio a última hora por las presiones externas participaron en los cursillos de Cunef? Esa es la pregunta del millón que se hace ahora la atónita ciudadanía española.
