Una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años de prisión al exadministrador de una empresa por un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal, además de al pago de una indemnización de dos millones de euros más los intereses legales por los perjuicios causados a la empresa. El fallo judicial destaca que el procedimiento penal no se dirige contra la empresa, puesto que ésta es la perjudicada de la gestión de su administrador, que comete numerosas irregularidades en la gestión. En este sentido, iniciativas como www.cumplisoft.com han adaptado el nuevo marco del Código Penal para incorporar el sistema de cumplimiento legal como medio de control y salvaguarda para la comisión de delitos dentro del entorno de las compañías, de una forma fácil y estructurada.
Como señala la sentencia del supremo es imprescindible que las organizaciones cuenten con un sistema para gestionar todos y cada uno de los requerimientos que el código penal establece como necesarios para poder acogerse a la exención en responsabilidad en ella prevista.
De este modo, cumplisoft ha sido desarrollado por tecnólogos y juristas y profesionales económicos-auditores para ayudar a las entidades en la difícil tarea de instaurar y centralizar toda la información. Se ha impuesto de forma prioritaria que se sirva a los clientes interesados de forma que sea fácil, practica, intuitiva y eficaz.
Cumplisoft soluciona a través de cuatro módulos, gestor documental, canal de denuncias, plataforma de formación on-line y off-line y TO DO List, la difícil tarea de llevar a cabo la implementación de un sistema de cumplimiento.
Su sistema de formación funciona a través de la transmisión del conocimiento a la que las compañías se ven obligadas, y puede ser online o presencial. Cumplisoft ofrece soluciones para ambos casos. El cliente que selecciona sus servicios podrá crear cursos de formación, junto con uno o varios test, para poder evidenciar la transmisión del conocimiento.
Gracias al canal de denuncias, se habilita de obligación de abrir una vía para poder recoger, asignar, tramitar y cerrar, cualquier denuncia recibida.
El gestor de documentos, posibilita el control de la documentación necesaria que la entidad necesita dar a conocer a la organización para poder llevar a cabo el cumplimiento de la normativa.
El modulo “TO DO List”, es un gestor de proyectos, para poder controlar de manera eficaz, todas las acciones llevadas a cabo por la entidad para implementar el sistema, y mantener una trazabilidad de las acciones realizadas.
La sentencia del Supremo abunda en la idea de que la sociedad no es responsable penal sino perjudicada por la propia acción del administrador, y por tanto en la necesidad de que las empresas establezcan mecanismos de prevención de delitos, programas de cumplimiento normativo (compliance program) que sirvan para controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de ellas: “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abuso de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato”
La Sala Segunda del Supremo recuerda que ha sido pieza esencial en la reestructuración del buen gobierno corporativo de las sociedades que se implanten e implementen protocolos de buena gestión de los administradores de las sociedades mercantiles, a fin de que sus gestores actúen con arreglo a unos parámetros que ya se fijaron en el año 1997 en el conocido ‘Código Olivenza’.
El Derecho Penal dio un giro copernicano en lo que al concepto de autor de delitos se refiere con la reforma que se operó en el año 2010, que estableció la posibilidad de que las personas jurídicas pudieran cometer delitos y les pudiera ser aplicado el catálogo de penas previsto en el texto legal. Desde entonces, cuando en el ejercicio empresarial se cometen determinados tipos delictivos, no sólo se castigará penalmente a la persona física que lo cometa, sino también a la persona jurídica que, directa o indirectamente, se haya beneficiado de los hechos cometidos.
En el año 2015, una nueva reforma del Código Penal perfiló los mecanismos con los que estas entidades podían quedar exentas de delito: el establecimiento de modelos de prevención y control en el seno de la empresa que impidieran o dificultaran la comisión de delitos, la creación de un órgano específico responsable de su ejecución y actualización, y, en definitiva, la implantación de políticas éticas que sean adecuadamente transmitidas desde el equipo directivo y que eviten comportamientos inadecuados.
