Debo confesar que celebro que el Partido Popular esté preocupado por las cuestiones que supongan ataques al honor. Esto es, porque un sistema se pervierte cuando confunde la autoprotección, con los valores y propósitos para los cuáles ha sido concebido. Ello ocurre, cuando las anomalías se tratan como cuestiones de disciplina interna, aunque realmente puedan ser episodios generalizados de autoritarismo cómplice. Pantallas que ocultan y justifiquen la corrupción o, circunstancia ya acontecida en nuestro país, la Razón de Estado.
El actual papado, pongamos por caso, nos puso esta cuestión en los titulares de la prensa, cuando afrontó la cuestión de la pederastia en su seno. Como es obvio, las resistencias desencadenadas para quebrar las prácticas de ocultamiento tradicional se prolongaron a la prensa. Ya no se habla de los sonados casos, de aquí y de allí. De hecho, el afrontamiento de estas situaciones, suelen ser explicadas como un asunto de disciplina interna. En la práctica, los fueros eclesiásticos siguen vigentes. Para un Estado que se dice constitucionalmente aconfesional, no deja de ser sorprendente. Los casos más recientes siguen sin consecuencias para sus autores. Obviemos la circunstancia explicable del control casi total que ejerce el Opus Dei en todos los resortes del poder en España.
En cualquier caso puede ser una razón de base, por ejemplo, para entender la situación del ex Teniente Luis Gonzalo Segura y los efectos de su denuncia de corrupción en el seno de las fuerzas armadas de este país. Me pregunto cómo se pueden calificar como agravios sus acusaciones, cuando no se han probado infundadas. Es decir, sin el resultado negativo de tales investigaciones, resulta prematuro juzgar de indisciplina las acusaciones de Segura. Ningún sistema puede hacer prevalecer la disciplina por encima de un desempeño honorable de la función, sea ésta cualesquiera. En ello, incluyo a militares, funcionarios, diputados y senadores, concejales, magistrados, fiscales y un largo etc.. O, los reiterados conflictos de interés que, ministros y recientes ex ministros, siguen manteniendo sin la acción efectiva de la justicia. El retirarse de un consejo de ministros por incompatibilidades, cuando se trate un tema en el que estén involucrados, no resulta nada convincente. La lista de estas danzas protocolarias es tan frecuente, como infructuosa para los intereses generales. Los Panama Papers lo exhibieron crudamente.
Debemos considerar seriamente que estamos frente a una pérdida del sentido del honor en el desempeño de la administración de la autoridad, y del abuso de poder, que su ejercicio conlleva en esos casos. No me refiero a cuestiones únicamente económicas. Recodemos el caso de la identificación de las víctimas del Yakolev. Sin entrar en los detalles de la contratación de ese vuelo. Las heroicas lealtades, apreciadas en la asunción de responsabilidades, no convencieron a las familias de las víctimas. En esto podríamos incluir también a las restantes víctimas resultantes de diversos casos.
Como las del amianto. CCOO estimó que el total de fallecimientos de todas las patologías vinculadas a ese material amianto alcanzaría un total de 50.000 muertos en España entre 2000 y 2030. Todo, debido a la exposición al contaminante en las décadas de los ochenta y los noventa. O las de la colza. Un total de 20.000 personas resultaron intoxicadas por el aceite de colza adulterado. A día de hoy, algo más de 2.500 han fallecido. La mayoría de las muertes tuvo lugar en las semanas inmediatamente posteriores a la detección del síndrome, aunque otras muchas han sido el resultado de las complicaciones secundarias y las secuelas que han quedado a largo plazo. También las prácticas cuestionables en los esclarecimientos de los accidentes del metro de Valencia, Spanair o del tren Alvia. Pretendieron cubrir con misas, y comisiones de investigación cuestionables, la determinación de las verdaderas causas de todos ellos. Sería injusto olvidar en este repaso, a las 7000 anuales derivadas de la pobreza energética, las incontables por la desatención de los ancianos solos, además de las restantes, ocasionadas por los recortes producidos por este exitoso modelo, a juicio del gobierno, claro.
¿Quién puede dejar de pensar que todo esto, muy probablemente, se ocasionara por las negligencias o corruptelas en el desempeño de funciones que han dejado el honor en el camino? Estos casos no son tratados en los realities pseudo periodísticos que padecemos.
Esos responsables, gracias al paraguas de un sistema imperfecto, que sigue sin penalizar adecuadamente muchas prácticas, sólo creen obligarse a lealtades de grupo o a las disciplinas del colectivo al que pertenecen. Así va España, entre la confusión de los derechos y obligaciones de todos, enfrentados a los que se atribuyen derechos más allá de los límites de la propia ley. Retorciendo sus significados esenciales. Más allá del honor. Porque, en realidad, estamos hablando del honor. De la dignidad que su preservación supone.
La verdadera crisis que padecemos en nuestro país, que es el que nos debería doler, es la derivada de la inmoralidad reinante. En donde la mentira, el latrocinio y la traición, son prácticas sin consecuencias. Aclaro que, cuando menciono la traición, me refiero hacia España. Buena parte de los que se mencionan como patriotas, sólo son vulgares traidores en el cumplimiento de sus obligaciones como ciudadanos.
Un capítulo aparte lo merece Fernando Suárez, rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Este personaje sirve para tomar la medida del honor. También que la Real Academia de Historia y la de Jurisprudencia lo mantengan como académico. Disciplina de grupo. Tal vez por ello, de manera general, se esté manifestando una indignación creciente.
Puede que las personas crean firmemente en la necesidad de instaurar un sistema que sea justo y actúe para corregir las desviaciones que se han producido. Es una cuestión de honor intentarlo, ¿no creen?
