Referendum

Serán el próximo 10 de noviembre. Y serán las cuartas elecciones generales que se producen en los últimos cuatro años. Además de la inestabilidad política, la convocatoria electoral supone activar de nuevo la maquinaria que comporta una serie de gastos de dinero público que, de haberse llegado a un acuerdo parlamentario, se habrían podido evitar.

Precisamente para intentar corregir estos excesos, se ha publicado la nueva normativa que prevé la reducción de los gastos en campaña a la mitad de lo establecido previamente.

Reducción de tiempos para convocatoria, espacio en medios públicos y subvenciones para campaña

Fue precisamente hace tres años (2016) cuando, debido a la repetición de elecciones en Navidad, los grupos parlamentarios modificaron la ley electoral con el fin de introducir mejoras para los casos en los que hubiera que repetir elecciones. Una de las medidas fue acortar los plazos para la convocatoria en caso de falta de investidura, restando 7 días (antes eran 54 días de campaña, y con la modificación pasó a ser 47).

Este recorte afecta de forma directa a la publicación de sondeos y encuestas, puesto que la ley prohibe su difusión o reproducción durante los últimos 5 días previos a la votación.

Con la ley anterior, las elecciones habrían sido convocadas para el próximo 17 de noviembre. Sin embargo, con la nueva normativa, la convocatoria se realiza para el 10.

La campaña comenzará el 1 de noviembre (38 días después de la convocatoria) y durará 8 días, en lugar de 15, terminando el viernes 8 de noviembre.

Respecto a los gastos que conlleva la campaña, la disposición adicional séptima de la LOREG establece que se reducirán en función de los votos y escaños obtenidos en un 30%. El límite está en una reducción máxima del 50%.

Cada partido obtendrá unos 14.820 euros por cada escaño que obtengan en el Congreso y en el Senado, frente a los 21.200 que percibieron en las anteriores elecciones. Por cada voto obtenido en el Congreso percibirán 56 céntimos en lugar de los 81 anteriores; y por cada voto del Senado, ingresarán 22,4 céntimos frente a los 32 que percibieron.

La distribución del tiempo previsto para hacer propaganda electoral en los medios de comunicación públicos también se ve reducida a la mitad, según lo establecido en el artículo 64 de la LOREG.

Aquellas formaciones, federaciones y coaliciones que no lograron representación parlamentaria en la última convocatoria, pero sí pudieron presentarse, no tendrán que recabar de nuevo las firmas necesarias para presentar su candidatura.

Con Vox también habrá novedades: Ahora sí podrán participar en los debates electorales, puesto que ya cuentan con presencia parlamentaria. También podrán recibir subvenciones para sus gastos de campaña.

Aquí puede consultar la normativa al completo.

El voto rogado para las anteriores, servirá para esta convocatoria electoral

La problemática con los residentes en el exterior sigue manteniéndose. Y es que solamente un 8% de los españoles en el exterior solicitaron votar para las últimas elecciones. El fracaso de la reforma electoral que pretendía eliminar el procedimiento del voto rogado conlleva que los ciudadanos que estén inscritos en el CERA tengan que seguir cumplimentando todos los cauces burocráticos para poder ejercer su derecho a voto.

En la pasada convocatoria, ante las dificultades que se producían, se decidió ampliar el plazo para poder emitir el voto, aunque no se publicitó lo suficiente y hubo una enorme cantidad de quejas por parte de quienes, debido a los fallos burocráticos, no pudieron emitir su voto.

En esta ocasión, quien solicitase su ejercicio de derecho a voto no tendrá que hacerlo de nuevo, con el fin de facilitar así la participación.

El Gobierno tendrá que aprobar un crédito de 140 millones para las nuevas elecciones

Desde 2015 hasta 2019 serán unos 540 millones de euros los dedicados a las campañas electorales. El Consejo de Ministros aprobó el 1 de marzo una ampliación de crédito por 134,84 millones de euros con cargo al Fondo de Contingencia (fondo que sirve para pagar necesidades imprevistas y que no pueden gestionarse de otra manera).

Este presupuesto no incluye las subvenciones a los partidos ni los gastos electorales. Estaría previsto cubrir con este dinero el trabajo de Correos para hacer llegar el voto a distancia o la propaganda electoral, la impresión de papeletas y sobres, así como el despliegue de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El trabajo de Correos, según informa elIndependiente, supondría el 40.6% del presupuesto total: hay previstos 56,5 millones de euros para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de las mesas electorales, los recursos, la propaganda, etc.

El 14,5% del gasto presupuestado, que serían 20 millones, va destinado a la administración electoral. Supondrá el coste de las Juntas electorales que son quienes se encargan de supervisar el proceso, así como de las mesas de votación en las que estarán trabajando alrededor de 180.000 personas: cada una de ellas cobra una dieta de 65 euros y además tiene derecho a la jornada reducida al día posterior de los comicios.

Habrá de convocarse un concurso para la gestión de las telecomunicaciones, puesta en común de los datos y su publicación: las pasadas elecciones la adjudicataria fue INDRA, que obtuvo el concurso por 7,44 millones de euros.

Está previsto que para el despliegue policial se inviertan 14 millones de euros, 7,2 para los representantes de la Administración, 5,8 para el coste de la Oficina del Censo Electoral y 7 para la colaboración de los Ayuntamientos.

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