La verdadera libertad está sujeta a las leyes de la razón (Plutarco, 46-50).
En estos últimos tiempos muchos ciudadanos se manifiestan al grito de ‘libertad’. No deja de resultar sorprendente que en un país que tiene garantizadas constitucionalmente las libertades se lance el eslogan de la falta de libertad por cualquier cosa y sin pensar en sus efectos.
Empezamos con los confinamientos domiciliarios por causa de la pandemia. Se oían protestas, porque se estaban suprimiendo derechos fundamentales, al no dejar salir a la calle sin causa justificada. Nos estaban quitando la libertad, un derecho conquistado con mucho esfuerzo. Los manifestantes de los mejores barrios de nuestras ciudades pedían libertad a cacerolazo limpio y con los ruidos estridentes del claxon de sus coches. Más tarde, la gente parece que se fue convenciendo de que restringir esta libertad para confirmarla en su casa era necesario para bajar la curva de contagios. Habría que suprimir todo lo posible el contacto social. Cuando en junio pasado se logró doblegar la estadística que amenazaba la salud, parece que se fue entendiendo el asunto.
¿Quién atentaba entonces contra los derechos fundamentales? El Gobierno del Estado, que es el único que podía establecer el confinamiento por el bien común. Era una forma sibilina de atacarlo en toda regla. Siguió después la restricción de movilidad ante la nueva intensidad de la curva de contagios. Se perimetraron barrios y calles y se cerraron pueblos enteros, pensando de nuevo en la salud de todos, dado que el virus volvió a incrementarse. Y siguieron las protestas, porque las administraciones no daban salida a la economía. Cerraban locales comerciales, ya que no había consumo. Los negocios de hostelería alzaron sus voces, porque se estaba arruinando y no podían aguantar más. Se planteó un dilema grave. Ante la imposibilidad de compaginar salud y consumo, había que tomar decisiones drásticas.
Todo se hizo violentamente, aunque se entreveía que, cuando se tuviera controlada la pandemia, se abrirían las puertas de la economía. Sin tal control, todo se seguiría destruyendo. No se podía cerrar todo, pero sí establecer estrictas medidas de seguridad para los negocios que permanecieran abiertos. Había que convivir con los virus hasta que se encontrara una vacuna adecuada para contener la infección. Mientras tanto, quedaba sufrir y tomar todas las precauciones establecidas oficialmente.
Algunos países prefirieron disfrutar de total libertad, sin apenas medidas, y las consecuencias fueron adquirir el honroso título de las mayores infecciones mundiales, con el consiguiente número de muertes por causa de una situación descontrolada. Otros fueron más decisivos y decretaron el cierre total por un tiempo hasta doblegar la curva de infecciones. Tuvieron éxito y controlaron la pandemia. Desde aquí pudieron lanzar su economía a toda máquina y siguen creciendo con buena salud. Todos los pueblos aprendieron de esta experiencia. Se incrementaron los controles, aunque se mantenía abierta la actividad económica con importantes limitaciones. Así estamos.
El tema de la libertad volvió a arreciar entre nosotros con la aprobación en el Parlamento de la nueva ley de educación, la LOMLOE. Salió aprobada por mayoría absoluta y, ante el anuncio de la Presidenta del Congreso, los diputados opositores atronaron la sede parlamentaria con gritos de “libertad, libertad”, mientras aporreaban sus escaños con el ruido de sus golpes en señal de protesta. El Gobierno había empleado la totalidad de sus recursos para esclavizarlos y hacerlos doblar el brazo con una ley injusta y aprobada por mayoría, pero sin consenso. “Libertad, ¿para qué?”, dijo en 1920 Lenin a Fernando de los Ríos. La oposición sabe la respuesta.
Según los opositores, la ley atenaza a los padres, impidiéndolos elegir el centro educativo que deseen para sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. Se trata, pues, de un atentado contra su libertad de elección. Por eso la denominada ley Celaá ataca la enseñanza concertada y se compromete mucho más, apostando por la escuela pública. Dicen que trata de eliminar la enseñanza concertada, que continúa, pero se introducen cambios en su organización. Tres son los fundamentales y los que más escuecen. La ley prohíbe cobrar cuotas a las familias, obliga a distribuir al alumnado con dificultades para que también se haga cargo del mismo la enseñanza concertada y elimina la demanda social para construir nuevos centros. Esta planificación es calificada de totalitaria y dictatorial, por eso piden libertad.
Se acusa al Gobierno de intrusismo y ataque a la pluralidad (la plataforma aglutinante se denomina “Más Plurales”) e intervencionismo. Condensan el contenido de la protesta en el eslogan “Más libres, más plurales, más iguales”. Quieren que el Estado siga protegiendo a la Concertada. La oposición ya ha dicho que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional y que la derogará cuando llegue al gobierno.
Decía Nietzsche que no hay hechos, sino interpretaciones. Añado que las interpretaciones pueden ser buenas o malas. En este caso son malas, porque la ley mantiene la enseñanza concertada, no impide que los padres puedan elegir el centro que esté más de acuerdo con sus convicciones morales, respeta los acuerdos para la enseñanza de la religión en los centros, no elimina los centros de educación especial. Sí que suprime la demanda social, por ser un recurso del que se valen las Autonomías para construir nuevos centros privados, en lugar de emplear esos recursos en la enseñanza pública, mejorándola, como es su obligación, en lugar de recortar en ella, lo que llevan años haciendo. Hay que decirlo claro: en la Concertada no hay pluralidad, ni libertad, ni equidad. Por el contrario, tenemos sobrados ejemplos de actuaciones elitistas, ilegales, ideológicas y comerciales.
Por todo lo dicho, es claro que deben pagar la educación que deseen para sus hijos, sin privilegios y sin cargarla a toda la sociedad, pero se comportan como el quiero y no puedo. Menosprecian los centros públicos, aunque no pueden pagar los privados. Menos fanfarroneo. Tienen centros públicos disponibles, si quieren, en los que nadie manipula ni ideologiza al alumnado. En ellos hay libertad, pluralidad y equidad. Lo que falta son los recursos suficientes, entre otros, fundamentalmente, de personal. No se entiende que el Estado contribuya financieramente con los centros privados, mientras desatiende a los públicos. Esto es faltar a su obligación. Preparar centros públicos suficientes y ponerlos a disposición de los padres y los estudiantes es la gestión política que necesitamos. Una escuela pública de calidad y con contenidos científicos es la que permitirá mantener el ejercicio crítico de la libertad.
