Ponen como excusa que no han sido condenados en firme. Pero lo cierto es que en las listas del Partido Popular a las elecciones del 28 de mayo hay candidatos investigados, incluso procesados, por corrupción en cualquiera de sus figuras delictivas.
El último ha sido José Vergara, que aspira a la alcaldía de la localidad alicantina de Orihuela y al que la fiscalía le imputa, entre otros, dos delitos fiscales. Pero Vergara no es el único. A la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que se presenta a la reelección, la fiscalía del Tribunal Supremo la ha abierto diligencias por su resistencia a cumplir una sentencia, dictada en 2009, que obliga a su ayuntamiento a restablecer la legalidad urbanística demoliendo uno de los múltiples edificios ilegales levantados en la época de Jesús Gil. Y, por último, el caso de la alcaldesa de Arroyomolinos. Una de las personas de máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso quiere renovar mandato, pero también ser diputada de la Asamblea de Madrid. Ana Millán, anteriormente investigada en la trama Púnica, ahora está acusada de prevaricación administrativa.
Son tres significativos casos, pero no los únicos. El Partido Popular se defiende señalando que también en el PSOE hay candidatos investigados por la justicia. Pero lo cierto es que los socialistas presuntamente implicados en casos de corrupción no tienen la trascendencia política de los tres casos citados.
José Vergara aspira a ocupar la alcaldía de una localidad donde el último edil conservador, Emilio Bascuñana, también está imputado en una causa y fue apartado del cargo en abril del año pasado gracias a una moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos con el apoyo de Unidas Podemos. El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, candidato a la presidencia de la Generalitat, juega la carta de la renovación. Ha cambiado a buena parte de los cargos regionales con la esperanza de acabar con la imagen de corrupción en sus filas. Y su estrategia se ha centrado precisamente en uno de los feudos de la derecha, la comarca alicantina de la Vega Baja. Precisamente, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, estuvo presente en un acto apoyando al candidato el mismo día en que se conoció su procesamiento.
Los dos delitos de fraude fiscal de los que se acusa al aspirante a la alcaldía se refieren al impuesto de sociedades y a una declaración del IVA. Hay una tercera acusación de falsedad documental por la generación de unos gastos deducibles no reales en la concesionaria de la ITV de la Vega Baja de la que es vicepresidente. El fiscal pide 7 años de prisión y una multa de 5,2 millones de euros para él y tres personas más. Vergara dice que es una causa antigua, de 2005. Que no se considera responsable de las acciones que se le atribuyen y que todo es culpa de un antiguo empleado. Sea como fuere, Mazón ha decidido mantenerle en la candidatura señalando que son “asuntos privados” como si las acciones ilegales del ámbito privado se pudiesen distinguir de las cometidas en el ejercicio de actividad pública.
El caso de Ángeles Muñoz es significativo, también, porque la alcaldesa de Marbella está en el punto de mira de la justicia desde que saltó a la luz la investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional contra sus familiares. A su esposo, ya fallecido, Lars Gunnar Broberg, y a su hijastro, Joakim Peter Broberg, el juez Manuel García Castellón les acusa de blanquear dinero para una mafia de narcotraficantes suecos. Además, a raíz del estallido de este asunto, se pudo saber que el patrimonio de la alcaldesa, que también es senadora, se había incrementado en más de 12 millones de euros en los últimos tres años de su vida política.
Aún así, el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, decidió proponerla para un nuevo mandato haciendo caso omiso de las informaciones que se estaban publicando, alegando que no había ninguna causa abierta contra ella. Pero ahora sí. La fiscalía del Tribunal Supremo, instancia que corresponde por su aforamiento, la investiga por negarse a cumplir una orden de demolición dictada en 2020. En un escrito de la fiscalía de Málaga remitido al Supremo, se señala que “los hechos denunciados, podrían ser constitutivos de delito del art. 410 o 556 ambos del Código Penal, al parecer, cometidos por la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Marbella, en el ejercicio de sus funciones como tal”. El delito al que se refiere es el de desobediencia que está castigado con penas de prisión de tres meses a un año, y multa de 6 a 18 meses. El Fiscal ya ha abierto las diligencias oportunas y tiene que decidir, ahora, si presenta querella criminal contra Muñoz. Esta, mientras tanto, sigue haciendo la precampaña electoral sin inmutarse lo más mínimo.
Lo mismo ocurre con Ana Millán, la número tres del Partido Popular de Madrid y alcaldesa de Arroyomolinos que aspira a entrar, también, en la Asamblea de Madrid, y hay quien dice que puede llegar a formar parte del nuevo gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ana Millán figuraba como investigada en una pieza de la trama Púnica que investigaba el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien decidió archivar dicha pieza por haber caducado los delitos que se investigaban.
Pero García Castellón encontró, en el sumario, una documentación referida a las relaciones del ayuntamiento de Arroyomolinos con la empresa Neverland. En ella se detectaron algunas adjudicaciones que podrían resultar irregulares. El juez decidió remitir dicha documentación a un juzgado de Navalcarnero. Este, ahora, procesa a Ana Millán por un delito de prevaricación administrativa. Hay indicios de que a Neverland se le adjudicaron ciertos contratos de manera que podría ser irregular. Asimismo, se intenta esclarecer las relaciones de Millán con el propietario de la empresa, Francisco Vicente Roselló, el cual pudo estar abonando cantidades de dinero a la alcaldesa simulando el pago del alquiler de un ático de su propiedad. Roselló, que también se encuentra procesado en esta causa, colocó a la hermana de Millán.
Son sólo tres casos, pero hay alguno más. El PSOE también cuenta con algún candidato sospechoso de corrupción, pero sus casos no han tenido la trascendencia de los tres descritos. Lo cierto es que ninguno de los partidos cumple con el compromiso ético de retirar de sus listas a todos aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia. Pero el PP, como siempre ocurre en asuntos de corrupción, se lleva la palma
¿Absolutamente todos los partidos políticos españoles tienen en sus listas a algún sospechoso de corrupción? Entonces el español que quiera ser inflexible con este tema, no tiene más remedio que votar en blanco o abstenerse.
Es que esto me recuerda una conversación que tuve el siglo pasado con un compañero universitario socialista. Salió el tema de la corrupción del PSOE. Me preguntó si creía que el PP no era también corrupto. Le dije que sí pero menos. Y me respondió:
¡Ah, están menos corruptos, pero también lo están!
Confieso que no sé a quien acabó votando mi compañero. Yo voté al PP pero reconozco que el dilema sigue siendo el mismo: Una de 2, o la corrupción te importa poco y votas a algún partido, o te importa mucho, en cuyo caso no tienes partido al que votar.
Lo malo es que hay una línea muy delgada entre entender y justificar lo que hace y dice la derecha . Es decir que entendiendo y respeto que les vote porque te convence su discurso, la forma en que ejercen un control mental sobre los votantes …Pero permite que discrepe de como os dirigentes de derecha hacen alarde de sus formas y sus acciones contra los más vulnerables… De la falta de escrúpulos al presumir de como controla a la Justicia, de como favorecen a sus hermanos-as, a sus amigos, de como gestionan el dinero público…de lo poco que le importan cuidar la vegetación, la naturaleza…lo mucho que le gusta el cemento. Repetir una y otra vez determinadas afirmaciones verdaderas o falsas hasta asentarlas.
Por otro lado, un argumento utilizado para justificar que se vote a sospechosos de corrupción es acusar a los enemigos del sospechoso de estar haciendo una persecución mediática y/o judicial. Es lo que está haciendo Trump y por ahora y siempre según las encuestas, su popularidad se ha disparado.
También recuerdo que en tiempos de Felipe González algunos socialistas acusaban a los jueces de hacer política a base de sentencias judiciales. Con la prensa no se metían tanto.
Incluso se puede dar el caso de que el votante se crea que el candidato sea un corrupto pero le vote porque crea que los demás partidos también son corruptos, pero parece lo contrario debido a la supuesta persecución. Entonces, igual que hay quien vota al PSOE «porque son corruptos pero menos», se puede votar al PP «porque en realidad son menos corruptos, lo que pasa es que les persiguen y parece lo contrario»
A lo mejor todos los partidos son corruptos, pero lo que está claro es que unos lo son más que los otros. Para contrarrestar eso, la derecha española ha creado el discurso de “todos son iguales”. Así, la derecha mancha, con su suciedad, a todos los demás.
Que el partido más corrupto de la historia de la democracia, siga siendo alternativa de poder, no dice nada bueno de la sociedad española.
Yo creo que las enfermedades de la sociedad española vienen de lejos.
No se trata del «y tu más» pero recuerdo que allá por los tiempos de Zapatero, las víctimas del terrorismo se dividieron a raíz de las negociaciones con ETA. Hubo gente que se puso a insultar y hasta a acosar a las víctimas del terrorismo de ETA en general. Yo leí a alguien preguntarse:
«¿Que ha podido pasar en España para que hallamos llegado al extremo de insultar a las víctimas del terrorismo?»
Básicamente creo que lo que nos pasa es que somos un país polarizado políticamente. Sería deseable que no fuera así, pero bueno, mientras no volvamos a otra guerra civil ya se habrá logrado bastante.