La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera un insulto a las víctimas que el Gobierno con la firma de la ministra de Justicia Pilar Llop, haya renovado el título nobiliario concedido por Franco al ingeniero de caminos, Eduardo Torroja, que hereda su nieta la cantante Ana Torroja.
Heredar una decisión del dictador en democracia y aplicarla como válida supone un agravio a las víctimas de la dictadura, una falta de rechazo a las decisiones del dictador y un menosprecio a los reconocimientos que merecen en democracia menos quienes han hecho algo por ella. El entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, renovó el título de Duque de Mola con grandeza de España, concedido por Franco en 1948 a los herederos del general Emilio Mola, director y diseñador del golpe de Estado del 18 de julio de 1936.
Renovar un reconocimiento otorgado por un dictador es una humillación a las víctimas porque se está utilizando la mirada y las valoraciones del dictador como válidas a la hora de reconocer unos supuestos honores que formaron parte del criterio del responsable de miles de asesinatos de civiles y de la persecución de numerosos colectivos.
Sin entrar en las cualidades del personaje, al que Franco concedió el título en el año 1961, se trata de que el Gobierno en el año 2022 ha ejecutado una decisión que tomó el dictador Francisco Franco.
Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, nieto de un desaparecido por la represión franquista: “se trata de una agresión a las familias de las víctimas, de un menosprecio a la memoria de todos los arquitectos que fueron represaliados en España o que tuvieron que ejercer en el exilio para no ser capturados por el franquismo- Tomar esta medida en este momento es como darle a Franco la posibilidad de firmar en el Boletín Oficial del Estado del año 2022 y dejarle decidir a quién quiere darle un reconocimiento”.
El Gobierno había prometido la anulación de estos títulos nobiliarios, pero finalmente parece que ha querido “salvar” algunos. “Resulta increíble que en el siglo XXI un Ministerio de Justicia renueve títulos nobiliarios, que fueron abolidos por la Segunda República y restaurados por la dictadura. Pero no puede ser que el Gobierno hable de memoria democrática y a la vez herede decisiones de un dictador”, concluye Silva.
Aún estamos así. A esta subnormal yo sé el título que le daba, pero el gobierno se intitula solito.
Más fascismo.
Pero si el Real decreto es de 1912, lo que argumenta el artículo no tiene sentido y, lo único que queda demostrado es que Franco usó legislación anterior. Otra cosa es que nos gusten los títulos nobiliarios y todo lo que los rodea o no.