Que las llamadas Comisiones de Seguimiento (creadas por Carlos Lesmes para dirigir la crisis del coronavirus en los juzgados) son ilegales lo demuestra el hecho de que a partir de la Orden del Ministro de Sanidad publicada el 20 de marzo, el único que tiene la facultad exclusiva de crear “comisiones de coordinación” y de dictar órdenes o resoluciones para “centralizar” los servicios esenciales de los juzgados en toda España es el Ministro de Justicia y no el CGPJ, ni tan siquiera los Tribunales Superiores de Justicia.

Las conocidas ya como “Comisiones de Lesmes” son un invento jurídico del presidente del CGPJ que las constituyó el mismo día en que se declaró por el Gobierno el estado de alarma, y que cinco días más tarde quedaron sin contenido después de que el Ministro de Sanidad decidiera en su Orden SND/261/2020 de 19 de marzo, publicada al día siguiente, que el Ministro de Justicia recuperara sus facultades en todo el territorio del Estado para gestionar la crisis del coronavirus en los juzgados.

La Orden del Ministro de Sanidad es clara cuando indica que el único que tiene competencias para crear comisiones de seguimiento o de coordinación es el Ministro de Justicia y no el CGPJ, ni tan siquiera los Tribunales Superiores de Justicia:

“A los efectos de llevar a efecto la actividad encomendada, el Ministro de Justicia podrá constituir una Comisión de coordinación de la situación de crisis en orden a poder articular consensuadamente las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales en lo referente a la actividad profesional desarrollada por los miembros de los cuerpos de funcionarios a los que se refiere la presente orden y dar cumplimiento a las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad. En esta Comisión tendrán representación las comunidades autónomas con competencia en la materia”, dice la Orden.

Por esa razón se equivoca la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega Benito, que solicitó la incorporación de los colegios de abogados a esas “Comisiones de Lesmes” para poder establecer los mecanismos y medios para un conocimiento rápido y eficaz de todas y cada una de las actuaciones a realizar en los ámbitos correspondientes.

A quien tiene que solicitar su incorporación la representante de los abogados españoles es al Ministro de Justicia, y no al Consejo General del Poder Judicial.

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