La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, presidida por Carlos Lesmes, aprobó el pasado 20 de marzo la Guía de actuación en caso de positivo por coronavirus del personal judicial o de otras personas que hayan estado en dependencias judiciales.
En la Guía se exonera de responsabilidad a las “Comisiones de Seguimiento” creadas por el propio Lesmes en cada Tribunal Superior de Justicia, a pesar de ser las encargadas de “ajustar” las necesidades de personal que deberá atender presencialmente los servicios esenciales como consecuencia del estado de alarma declarado por el Gobierno.
La Guía establece que el afectado, además de ponerse en contacto con el servicio de salud pública correspondiente y seguir sus instrucciones, deberá informar a sus superiores -Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Gobierno, Fiscal Superior o Instituto de Medicina Legal (a los que se exonera de responsabilidad)- y a su entorno laboral más cercano, así como comunicar la situación de incapacidad temporal a través de los cauces respectivos.
Sin embargo, la Guía sí que hace responsables de cada cuerpo profesional a los jueces, fiscales, forenses, o funcionarios, que deberán remitir información urgente a su personal respectivo dándoles cuenta de lo sucedido y de las recomendaciones sanitarias en caso de haber tenido contacto estrecho o no estrecho con el afectado.
También hace responsables a las personas del colectivo que hayan tenido contacto estrecho con la persona que haya dado positivo, a los que se les recibirá declaración y serán incluidos en una relación que se remitirá al responsable de prevención del cuerpo correspondiente.
