La trayectoria y los antecedentes del prestigioso despacho de abogados, Cremades & Calvo-Sotelo hace que no sorprenda el lanzamiento de publicidad para dar una serie de asesoramiento «gratuito» para personas que se sientan afectadas por la actual crisis sanitaria. No hay que olvidar jamás cómo captó a decenas de miles de afectados del Banco Popular que, posteriormente, se enteraron de que no iba a abrir ninguna estrategia legal contra el Santander porque tenía «conflicto de interés», hecho que ocultó cuando se captaron los poderes de estas personas.

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha calificado como «especialmente repugnantes aquellas conductas publicitarias de abogados o despachos que pretenden, sin reparo alguno, buscar rédito con provecho del sufrimiento de sus potenciales clientes y con desprecio de las normas y principios deontológicos que vinculan y obligan a los profesionales de la abogacía, en la que no todo vale». Entre esos despachos se encuentra Cremades & Calvo-Sotelo. Por otro lado, la presidenta de la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), que denunció a Cremades & Calvo-Sotelo y a otros bufetes ante el ICAM, ha calificado estas prácticas, en declaraciones a El Confidencial, como «viles y carroñeras».

Sin embargo, a pesar del apercibimiento realizado por varios colegios de abogados sobre estas acciones, estos despachos pretenden amparar estas actividades deontológicamente deleznables en el amparo al ciudadano. En cambio, el código deontológico de la abogacía indica que están proscritas aquellas prácticas publicitarias que atenten contra la dignidad de la profesión, que inciten al pleito y que se dirijan, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos y causahabientes, en momentos o circunstancias que condicionen la libre elección de abogado. 

Además de Cremades & Calvo-Sotelo, según ha publicado El Confidencial, otro despacho que inició este tipo de actividades fue Serrano Abogados, encabezado por el diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía, Francisco Serrano, al publicitar en su página web la creación de una plataforma para afectados por el COVID-19. Sin embargo, el bufete lo retiró tras una carta de apercibimiento enviada por ALA.

Serrano retiró la publicidad, pero Cremades & Calvo-Sotelo la sigue manteniendo. Más de la mitad de la campaña, que han bautizado como «La ley te protege», se centra en presentar el bufete, cuántos despachos tienen abiertos en el mundo, etc. En referencia a los servicios que pretenden ofrecer, se dice lo siguiente: «El equipo de profesionales orientará sobre asuntos referentes a las área mercantil, civil, administrativa, penal… y servirá como guía para manejarse en este escenario excepcional. Ante esta nueva situación, Cremades evita la desorientación con este proyecto y reconoce haberlo puesto en marcha “para acompañar a la sociedad en esta transición hacia la normalidad”».

A este texto se adjuntan unas declaraciones del propio Javier Cremades: «“La crisis que vivimos es sanitaria, económica y social, pero también de inseguridad jurídica”, reconoce Cremades. Se ha declarado el estado de alarma y, como consecuencia, se ha entrado en una etapa de creación de normas temporales y cambiantes. “Los ciudadanos y las empresas no conocen, con la más mínima antelación, las consecuencias jurídicas de sus decisiones y actos; y es por ello que nos ponemos a disposición de la sociedad, de forma que quien necesite un consejo o acompañamiento jurídico lo va a tener sin hojas de encargo, sin formularios ni formalidades”, destaca».

¿Está atacando Cremades al Gobierno? El despacho afirma que el RD del Gobierno supone «entrar en una situación de excepcionalidad o anormalidad constitucional, en la que se limitan algunos derechos y se altera el normal funcionamiento de las instituciones del Estado, pero sobre la premisa de que se haga una adecuada utilización de la previsión constitucional».

Como bien afirma el ICAM, «no todo vale» y, sin embargo, para Cremades & Calvo-Sotelo, parece que cualquier estrategia es válida para captar clientes. Su historial así muestra.

Ante la sociedad, Javier Cremades se presenta como un defensor a ultranza de la oposición venezolana y contra el régimen de Nicolás Maduro. Fue uno de los abogados que asesoraron a Leopoldo López. Por otro lado, su despacho es el que representa los intereses del bolichico Jorge Neri (relacionado con la corrupción de PDVSA por ser socio de Rafael Ramírez y Baldo Sansó, además, de Alfonso de León, socio principal de la consultora AXON).

Por otro lado, han llegado informaciones a Diario16 sobre comportamientos del bufete como aceptación de clientes y «descubrimientos posteriores» de conflictos de interés con determinadas entidades bancarias. Esto, según dichas informaciones (pendientes de contrastar al 100%), fue con algunos clientes particulares, pero es la misma pauta que Cremades utilizó con los afectados del Banco Popular cuando publicitó a bombo y platillo la creación de una plataforma para, una vez captadas ya decenas de miles de personas y familias, confesar que no podía abrir una estrategia contra el Santander por tener conflicto de interés con la entidad presidida por Ana Patricia Botín.

También, en referencia a lo de que «no todo vale», habría que discernir la tipología de servicios que Cremades ofrece a sus clientes en la oficina que tiene abierta en Panamá, sobre todo por el bien y el buen nombre de la abogacía española, para que no se pudiera hacer asociación alguna con Mossack Fonseca, por ejemplo. Debe quedar claro que, a día de hoy, nadie puede demostrar que Cremades & Calvo-Sotelo ofrezca ese tipo de servicios, pero siempre es mejor la transparencia a la opacidad, sobre todo en un país como el panameño.

Lo que parece claro, viendo el perfil de los despachos que están publicitando este tipo de servicios, que la estrategia tiene dos vertientes. La primera, el oportunismo y la falta de ética. La segunda tiene carácter político, dado que estaríamos ante una estrategia desde la derecha y la ultraderecha enmarcada dentro del acoso y derribo contra el Gobierno de coalición legítimo del PSOE y Podemos.

Para ello se están infringiendo las más básicas normas deontológicas que se pueden llegar a vulnerar. Por tanto, debe ser el Estado el que dicte las leyes necesarias que afirmen que eso no se puede hacer, es decir, trasladar la deontología al Código porque, de otro modo, no se va a poder frenar a esos «carroñeros» en sus actividades «repugnantes».

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