Cada vez son más las voces que piden que el Gobierno español intervenga las patentes de las vacunas para acabar con el obsceno mercadeo en el que han entrado algunas farmacéuticas como AstraZeneca. A diario mueren medio millar de personas en España a causa del coronavirus y varias decenas de miles caen contagiadas, todo ello mientras la campaña de vacunación se ha ralentizado en toda Europa por un supuesto “fallo en la producción” de los fármacos, según la versión de la multinacional radicada en el Reino Unido. La excusa dada por AstraZeneca resulta intolerable, más todavía cuando ya ha trascendido que no hay tal avería en la cadena de producción, sino que la farmacéutica está exportando vacunas a otros países que pagan mejores precios en un episodio que pasará a la historia de la infamia.

Desde partidos políticos hasta líderes de opinión, pasando por organizaciones no gubernamentales, están ejerciendo una fuerte presión para que el Ejecutivo español tome cartas en el asunto, haga frente a la cacicada y expropie un bien de primera necesidad para la vida de millones de personas. Así, Médicos Sin Fronteras recuerda que a día de hoy España no está apoyando la solicitud ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para suprimir las patentes sobre las vacunas del covid-19 mientras dure la pandemia, “un hecho contradictorio e impropio, ya que el Gobierno español expresó que los productos médicos para luchar contra el coronavirus se deben tratar como bienes públicos mundiales”. Por su parte, Izquierda Unida califica de “sainete” la negociación llevada a cabo entre la farmacéutica británica bajo sospecha y la Comisión Europea y constata que “se está jugando con la especulación” y con la salud pública. Hasta el popular presentador Risto Mejide, nada sospechoso de peligroso comunista, como él mismo se autodefinió ayer en su programa Todo es mentira, ha pedido públicamente que el Estado pase a la acción. “No estamos hablando de arrebatarle la patente a las farmacéuticas, estamos hablando de comprársela por el bien común porque hay una situación absolutamente desesperada. Proponer liberar la patente de la vacuna no es un ataque al capitalismo, más bien al contrario. Con la ley en la mano y con la ciencia, se puede hacer. ¿Por qué no lo hacemos?”, argumentaba Mejide.

Está claro que Pedro Sánchez se encuentra ante una difícil papeleta: garantizar que las vacunas llegan a toda la población española por igual, acabando con el fraude y la especulación de las grandes corporaciones farmacéuticas, y lograr la inmunidad de rebaño este mismo verano, tal como él mismo ha prometido. Si Felipe González pasó a la posteridad por el tocomocho de los 800.000 puestos de trabajo que nunca creó, Sánchez no pude arriesgarse a pasar como el hombre que prometió más de 20 millones de vacunados sin cumplirlo. Sería una estafa que le costaría el cargo. Por tanto, el Gobierno tiene en su mano todas las herramientas legales, no solo la ley española que permite nacionalizar un medicamento cuando está en juego la integridad física de millones de españoles, sino las directivas europeas amparadas en el Tratado de Maastricht que también protegen la salud y los derechos de las personas frente a los torticeros intentos de especulación. Sánchez posee las competencias políticas y el amparo legal para primero intervenir las patentes –es decir, requisar las fórmulas bioquímicas de las diferentes vacunas–, y después para poner en marcha la maquinaria del Estado a fin de fabricar los preciados antídotos con capital público (siempre que España cuente con la logística y la capacidad técnica para producirlos, lo cual es otro cantar). Incluso podría decomisar las sustancias que vaya fabricando la empresa farmacéutica incumplidora y ajustar después cuentas según lo estipulado en los contratos.

Nunca una causa de nacionalización fue tan justa como esta. No se trata de mandar a los GEO o a los soldados de la Legión a las factorías de AstraZeneca para que entren a mazazo limpio en los almacenes frigoríficos, aunque por momentos eso es lo que se está mereciendo la compañía inglesa. Pero nos encontramos en medio de una guerra, la gente muere por miles, y a un Gobierno no debería temblarle el pulso a la hora de proteger a sus ciudadanos contra los bucaneros de las grandes farmacéuticas que están anteponiendo el beneficio, el interés comercial y el valor crematístico a la vida de las personas. Los directivos de la multinacional están jugando con fuego, ya que cualquier tribunal en cualquier país democrático del mundo podría llevarlos a juicio por negligencia con resultado de muerte, en este caso por el fallecimiento de millones de personas. La sombra de las indemnizaciones tras una probable sentencia condenatoria debería inquietar al consejo de administración de AstraZeneca y de otras firmas que estén pensando en dar el timo de la vacuna, ya que eso sería su ruina y el final del proyecto. Hay precedentes de injusticias similares, como cuando Philip Morris tuvo que desembolsar miles de millones de dólares a las personas que envenenaba con su tabaco letal.

Por tanto, Pedro Sánchez lo tiene todo a su favor para empezar a enviar cartas de aviso a los magnates que juegan con los medicamentos como con los dados de un macabro Monopoly. El presidente del Gobierno, que ayer participó en el acto de inauguración de la línea de AVE Madrid-Elche-Orihuela, tuvo una magnífica oportunidad para lanzar los pertinentes recaditos. No lo hizo, aunque garantizó que 2021 será el año de la “vacunación y la recuperación económica”, augurando que en los próximos meses los españoles recuperarán la movilidad total y “podrán volver a viajar sin restricciones por todo el país”. Es Sánchez un hombre de natural optimista, tal como demostró en su Manual de resistencia, pero hoy por hoy los españoles no necesitan a un coaching vendiéndoles fe, ilusión y confianza en sí mismos, sino a un presidente del Gobierno con la fuerza suficiente como para meter en cintura a los piratas de AstraZeneca que mercadean con nuestras vidas. ¿Por qué no empieza a expropiar ya, hoy mismo y sin más dilación, las vacunas que se acumulan en los oscuros frigoríficos de la multinacional a la espera de que la Bolsa pegue un sabroso pelotazo? Esta es una simple cuestión de voluntad política y sin duda este Gobierno progresista la tiene o debería tenerla. A menos que algún ministro o ministra excesivamente celoso de la propiedad privada y guardián de las esencias del libre mercado esté paralizando una expropiación/nacionalización que ya no puede esperar más por dignidad humana. A ese respecto llama la atención que ministros afectados por el problema como Pedro Duque no se hayan pronunciado todavía. Dicen que el exastronauta es un firme defensor de la colaboración entre la empresa privada y el Estado en pos del avance científico, como cuando se envían naves a Marte. Ahora se entiende todo. Acabáramos.   

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1 Comentario

  1. ¿Un Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE confiscar las patentes de las vacunas?
    ¡Por favoooooooooor!
    Antes se congelará el infierno.
    Ya se vió como reaccionó cuando la OMS pidió la liberalización de las patentes de las vacunas.

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