Las últimas cifras que nos llegan desde el Parlamento Europeo vuelven a arrojar más interrogantes que respuestas sobre la situación económica de España.
Cada día, los medios de comunicación reservan parte de sus portadas para un nuevo caso por corrupción, cohecho, estafa o prevaricación: Gürtel, Púnica, Oikos, Palau, Pujol, Bárcenas y una lista interminable de nombres que hacen perder a los españoles cerca de 90.000 millones de euros cada año, según fuentes oficiales. Esta cifra no sería menos alarmante si dejase de representar, aproximadamente, el 8% del PIB español.
Los expertos en delitos económicos sitúan a España en el número seis de la lista de los países de la Unión Europea que más dinero defraudan anualmente. Entre ellos, destaca el abogado Juan Gonzalo Ospina, socio del despacho penalista madrileño Ospina Abogados.
Ospina se muestra crítico con el marco normativo y los medios invertidos en la Administración de Justicia a la hora de perseguir, investigar y condenar este tipo de delitos.
Juan Gonzalo Ospina es uno de los abogados penalistas que está teniendo más repercusión por los casos de éxito alcanzados por su despacho especializado en derecho penal, por el que pasan cada día diferentes casos relacionados con delitos económicos, principalmente aquellos relacionados con la corrupción y las estafas.
Han ejercido la defensa del conocido caso Oikos, la operación iniciada por un presunto delito de corrupción entre particulares y blanqueo de capitales, solicitando el archivo y sobreseimiento del caso para sus clientes. Del mismo modo, destacan por las absoluciones conseguidas este 2019 relacionadas con procedimientos de estafa informáticas o administración desleal.
Este abogado penalista, que no deja indiferente a nadie a la hora de hacer su trabajo, hace hincapié en la falta de medios materiales y humanos que se destinan para evitar o reducir la fuga económica. ‘La escasez de jueces es uno de los factores que favorece la proliferación de estos delitos. En muchos casos, desde que se formaliza la denuncia hasta que se inician los procedimientos, pueden pasar años de por medio. Cuando empieza la investigación, el dinero se encuentra a miles de kilómetros de España.’
Para hacernos a una idea de la magnitud del problema, en 2018, la cantidad defraudada ha sido cuatro veces el presupuesto destinado como subsidio al desempleo y dos veces la inversión en educación. Si se repartiese entre todos los ciudadanos dicho importe, cada uno recibiría una media de 2.000 euros como ingresos anuales extra.
Abogados penalistas entre los que se encuentra Ospina, llevan años solicitando la creación de una unidad central de denuncias que evite los conflictos entre distintos organismos, permitiendo una mayor agilidad procesal y mejore la comunicación entre la administración de justicia y cuerpos de seguridad del estado.
Hasta que llegue el momento, seguirán sin sorprendernos los titulares.
