Uno o varios casos aislados no representan una tendencia, pero cuando éstos se suceden en una retahíla que nunca parece terminar y abarca prácticamente a todos los estamentos del poder, uniéndose el fútbol en el último escándalo, hace suponer que la corrupción ha sido norma; otra cosa es poder probarlo.
Uno se imagina que los servicios de inteligencia de una nación deben de servir para algo y que durante las últimas décadas se han debido de silenciar muchos informes sobre las conductas y procederes perfectamente sistematizados que, por ejemplo, utilizaba el partido de Jordi Pujol o el PP para recaudar sus mordidos porcentajes económicos por adjudicaciones. Sobre todo, es evidente que, cuando un modelo de financiación en B, se extrapola y se utiliza en diferentes regiones, no es fruto de la casualidad ni de unos pocos hombres, sino de todo un organigrama desarrollado en el tiempo y amparado por los líderes y dirigentes del partido. Añadámosle los sobresueldos reconocidos por algunos, el pago de campañas y remodelaciones de sedes sin declarar, la instrumentalización de la justicia para nombrar a fiscales afines o usar el ministerio del Interior contra rivales políticos. Y el panorama se visualiza como una inercia no sólo corrupta, sino mafiosa, según las palabras alguna vez atribuidas a Bárcenas, en las que afirmaba que la política funciona en parte como ésta, pero con la ventaja de ser legal.
La Transición, económicamente hablando, comenzó con la implantación de un sistema impositivo moderno tras Los Pactos de la Moncloa de 1977, un año más tarde llegaba el IRPF, luego los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y electricidad, los impuestos para las corporaciones locales con el IBI, el IAE y el IVTM; y finalmente en el 86 se implantaba el IVA.
Las transformaciones sociales, políticas y estructurales, no se pueden explicar sin ese aumento de la recaudación pública, algo indudable, pero a nadie le ha dado por dilucidar qué efecto y peso tuvo ese incremento ingente de recursos públicos, en las realidades incómodas que ahora descubrimos y que nos muestran que la desigualdad que en los ochentas y noventas pareció remitir, hoy es más abismal que nunca. Quizá porque los cimientos y las bases a los que fue dedicado el gasto público, no eran ni tan sólidos, ni tan bien planificados como hasta ahora pensábamos.
Los resultados hablan por los hechos, no sólo por los conocidos, sino por los que nunca se sabrán. A pesar de la palabrería económica y política o la grandilocuencia tanto de la Unión Europea, como del Estado Español y los medios, la incuestionable conclusión es que ha existido una mala gestión, desgraciadamente sólo descubierta ahora por la crisis. No puede ser casualidad que la deuda pública española ya casi haya igualado el total del P.I.B. anual (un 99´4% en 2016), lo que en la práctica supone que todo lo que generamos en un año como país, es el total de nuestra deuda; con el agravante de que su previsión a futuro, es que el porcentaje negativo seguirá creciendo.
El supuesto Estado del Bienestar que habíamos sufragado durante décadas, se ha esfumado, como si nunca hubiera existido, tal vez porque durante todo este tiempo los recursos que a él se dedicaban, sufrían desvíos que implican una corrupción mucho más amplia y profunda, que la anecdótica y conocida por todos en el día a día de los medios. El total así lo afirma, y las auditorias e investigaciones, que sospechosamente ningún partido tradicional apoya, podrían sacar a la luz detalles probatorios de que el engranaje ocultaba repartos y usos del dinero público con fines privados, gracias a prácticas originadas en el mismo nacimiento del sistema.
El sistema franquista fue la base sobre la que se construyó la Democracia. Un régimen donde los amiguismos y las cuotas de poder y de influencia estaban bien delimitados, y con esas fuerzas fácticas como piezas fundamentales, se empezó a cimentar el nuevo periodo, no tanto en el aspecto ideológico, pero sí en el económico, ya que la Transición nunca se propuso desmantelarlas o poner en tela de juicio su poder y procedencia.
Alguna vez afirmé que el inicio de esta corrupción actual debe tener sus inicios allí, en las formas de actuar heredadas del franquismo. Cuando cualquier movimiento económico importante debía reconocer, con pequeños regalos económicos, a los eslabones burocráticos que lo hicieran posible. La Transición, cabe recordar, fue política y social, pero nunca económica, porque, así como se pasó de puntillas sobre los crímenes franquistas, los ajusticiados, las cunetas y las propiedades decomisadas a los “rojos”, también los poderes financieros y la oligarquía que pasó a ser democrática, procedía de las filas franquistas. Representadas, aún hoy día, en la derecha tradicional que se niega a aplicar o crear un presupuesto para la ley de la Memoria Histórica, y que a efectos prácticos nunca ha perjurado de la dictadura franquista, manteniendo sus símbolos y hasta subvencionando las asociaciones que enaltecen su legado.
La inercia, siempre me gusta recordar, es la fuerza más difícil de contrarrestar, y su influencia no desaparece en un instante. Es fácil imaginar cómo las formas de hacer y los repartos de obras públicas debieron marcar la codicia de aquellos primeros años. El Estado tenía más dinero que nunca, y los promotores, los intermediarios y los empresarios seguían apegados a las viejas prácticas. No sería por falta de dinero, por lo que no se llegara a acuerdos satisfactorios para todas las partes. Tendencia que pervivió y que muestran las numerosas tramas de corrupción que en la actualidad conocemos, y que el supuesto enriquecimiento de Pujol y su comisión del 5% sobre las concesiones de obra pública durante décadas, indicarían que las tramas como la Púnica o la Gürtel, no son invenciones modernas, sino inercias del pasado franquista y alimentadas por unos ingresos públicos inmensos, comparados con el periodo anterior.
La bonanza económica desviaba el foco de los continuos desfalcos y su suma hace hoy que la cantidad adeudada se asemeje a la de un desahuciado cuyas propiedades ya no son suyas, sino del banco, y que la diferencia entre todos sus ingresos de un año y sus gastos, no sirvan más que para pagar una parte de los intereses. Con el resultado, en números contables, de que el país entero pertenece a los acreedores y el pago de la deuda, a corto y medio plazo, se antoja impagable. Todo gracias a una clase política que en un desliz inconsciente, se delata cuando lanza el mensaje de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, culpando al pueblo de la que durante décadas fue su práctica; con sueldos, pensiones, adjudicaciones, venta de las grandes empresas públicas, muy por debajo de su precio real de mercado como Telefónica, injerencias en la banca y promoción de obra pública, que a resultas ha dejado vacías las arcas gubernamentales y cuyo restitución económica pertenece en forma de sacrificio al ciudadano. No así la acumulación de sus patrimonios que están salvaguardados y a buen recaudo, tras hacer de lo público un negocio.
Los análisis y opiniones que analizan la Transición tienden a rescatar y alabar, no sólo el proceso, sino el sistema político español desarrollado en las últimas décadas. Dando a entender que la crisis y la corrupción que han puesto en entredicho el modelo, no son más que situaciones coyunturales y atípicas que en nada afectan a la validez del sistema y que su aparición es ajena a dicho proceso. Como si los problemas actuales fueran fruto de una terrible casualidad, más achacable al inescrutable capricho del azar, que a la acción del hombre.
Pero para el ciudadano medio, la percepción de la corrupción le deja la sensación de que, lo que se conoce, es sólo una minúscula parte, la puntita de un inmenso iceberg, y que por décadas los corruptos camparon a sus anchas. La intuición le dice que las briznas que aparecen son nada, comparadas con lo que nunca se sabrá. El poder siempre es el lugar más opaco para acceder e investigar, y su situación le permite borrar las pruebas e indicios del supuesto delito cometido. Aunque algunos esperemos que, por su carácter burocrático, muchas más implicaciones y documentos salgan a la luz.
La regeneración democrática, que conllevaría la necesaria transparencia en los procesos públicos de contratas, concursos, concesiones y presupuestos de la administración, no es una cuestión política o ideológica, sino una necesidad del sistema para que éste pueda mantenerse en pie. El daño está hecho, en lo que atañe al pasado, pero desde el presente hay que cimentar las bases de un futuro diferente. Claro que la clase política actual, parece no estar por la labor de llegar al modelo finés; lo que inconscientemente los delata. Se saben culpables, y no quieren pagar, sino impedir que sus provechos sean descubiertos y mucho menos juzgados.
Finlandia está considerado el país más transparente del mundo, según el informe de Transparencia Internacional, pero más allá de la subjetividad de cada estudio, los hechos lo demuestran cuando cualquier dato de dinero público puede ser consultado por el ciudadano. Finlandia puede ser un buen ejemplo a seguir, pero no el único. Porque, lo que está claro, es que las reformas necesarias para adecuar el sistema democrático a su nombre, son muchas, pero la última palabra siempre recae en los electores. Porque los gobernantes serán lo que nosotros les permitamos ser, y llevarán a cabo las reformas que el pueblo les exija. En último término, nuestra pasividad o nuestra movilización, hará el resto.
La alarma social e indignación actual, puede ser el acicate que necesitamos para crear conciencia y avanzar. Porque de lo contrario el Iceberg, seguirá creciendo y alimentándose a costa de la sanidad, la cultura y el empleo; no de lo que ya se ha perdido, sino de aquel estado del bienestar que hemos olvidado, y que tal vez, si no actuamos pronto, nunca más resurgirá.
