Corrupción en el Ejército: regalos y comidas para altos mandos a cambio de contratos para empresas

Los dos tenientes coroneles condenados a 24 meses de prisión por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en el “caso Ucalsa” −una monumental trama de corrupción en la adjudicación de contratos a empresas privadas de mantenimiento militar a cambio de regalos, comidas y comisiones−, mantenían estrechos vínculos con potentes empresarios del sector privado. Tal es así que el mecanismo con el que se dejaban corromper los altos mandos no se diferenciaba demasiado de escándalos recientes como la trama Gürtel, que ha afectado en los últimos años a la clase política del PP.

Durante el segundo semestre de 2010, y encontrándose uno de los oficiales condenados en comisión de servicio en la Base de Quala i Naw (Afganistán), trabaron conocimiento con el administrador único de la empresa Tecnove S.L. Esta compañía formaba parte de una UTE junto a la firma Ucalsa que resultó finalmente adjudicataria del contrato de alimentación del personal militar destinado en aquel país asiático en conflicto bélico. Según la sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Diario16, al igual que Ucalsa, Tecnove era libre de concurrir, de forma independiente y separada, a otros contratos ofertados por la Administración Militar.

En ese contexto, uno de los mandos condenados, “haciendo uso de la información de la que como jefe de la Sección Económico Administrativa disponía, amén de su experiencia en contratación pública, mantuvo contactos por correo electrónico” con al menos dos empleados de Tecnove y con uno de los directivos de Ucalsa para tratar sobre la “adjudicación de los contratos de mantenimiento de la base militar” española en Quala i Naw. En concreto se trataba de la “construcción del módulo de vida número 13 en el acuartelamiento, del servicio de peluquería, mantenimiento, limpieza y gestión del gimnasio”. El contrato debía favorecer a Tecnove, que finalmente se vio beneficiada por la adjudicación de los pliegos administrativos.

A cambio y “como contrapartida”, el gerente del citado grupo industrial, “y a solicitud de uno de los tenientes coroneles”, regaló a este oficial un reloj Hublot que la empresa había adquirido a la Joyería Durán el 23 de diciembre de 2010 por importe de 2.870 euros. “Dicho reloj fue intervenido, con su caja, en el registro efectuado el 28 de abril de 2015 en el domicilio de dicho teniente coronel”, asegura la sentencia del Supremo.

En medio de toda esta compleja trama aparece otra sociedad, Proman Servicios Generales S.L., que resultó adjudicataria del “lote 2 del acuerdo marco para los servicios de seguridad y control del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos el 24 de junio de 2014, lo que le abría la puerta a la adjudicación de contratos derivados”. Por ese motivo, el jefe de servicios de Proman entró en contacto con uno de los tenientes coroneles procesados, miembro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, en el siguiente mes de agosto. El militar encausado solicitó al directivo de Proman, como favor por los servicios prestados, que la empresa contratara al hijo de su compañero −el otro teniente coronel involucrado−, y le envió el currículun de éste junto “con los de su propia nuera y otras dos personas más”. El responsable de Proman consideró conveniente que su jefe, director general de la compañía, conociera personalmente a los militares, y se los presentó en una comida celebrada en el restaurante San Mamés de la calle Bravo Murillo de Madrid. A esa reunión asistieron los dos tenientes coroneles sentenciados y allí se habló de posibles contratos del Ministerio de Defensa para Proman. La invitación de esta sociedad para una nueva comida se volvió a repetir en febrero de 2015.

A lo largo de los días 10 y 11 de marzo de 2015, uno de los militares encausados mantuvo dos conversaciones telefónicas con el directivo de Proman, al que comunicó que su empresa había sido admitida a otro procedimiento de contratación del Ministerio de Defensa del que, a su vez, había quedado excluida una de las firmas competidoras: Raspeig. Además, la compañía pidió a uno de los tenientes coroneles enjuiciados “ideas sobre la forma en que Proman, adjudicataria del segundo Acuerdo Marco de limpieza del Ministerio de Defensa, podía solucionar el problema de la deuda que había dejado Cleanet, la anterior contratista”. Aquella deuda era un lastre y había que liquidarla. Poco después, el responsable de la propia empresa que hacía las veces de intermediario apremió a unos de los oficiales imputados para que le “mandara tales ideas”. En definitiva, según el Supremo, “el problema planteado se refería a la subrogación de Proman como empleadora del personal de Cleanet, y la respuesta dada por el oficial fue que Proman renunciara al contrato”.

Los tenientes coroneles involucrados en la trama intercambiaron llamadas telefónicas en esas mismas fechas para tratar del asunto. Así, el 18 de marzo de 2015 uno de ellos mantuvo conversaciones telefónicas con directivos de las compañías beneficiadas por las adjudicaciones sobre el recurso que Proman iba a presentar en relación con la deuda dejada por Cleanet, e incluso pidió que le enviaran una copia para “echarle un vistazo”.

El papeleo seguía su curso pero la red no perdía el tiempo. Mientras se negociaba un contrato ya se estaba pensando en el siguiente. Según el Tribunal Supremo, “a la vez”, uno de los tenientes coroneles recordó a su contacto en la compañía Proman que le había enviado información acerca de la “contratación para las residencias militares de Barcelona”. Ambos volvieron a hablar por teléfono el 25 de marzo sobre la licitación de esas residencias, denominadas Mayo Blanco y Pedralbes. El mediador de Proman alegó que la firma no podía presentarse al concurso porque se exigía la “clasificación de contratistas”, y uno de los tenientes coroneles propuso que la compañía remitiera al órgano de contratación un escrito alegando que se estaba exigiendo un “requisito ilegal”, ya que la cuantía del contrato era inferior a los 200.000 euros. Si esa condición se mantenía, el oficial invitó a la empresa a recurrir el procedimiento. Fue entonces cuando el representante de Proman manifestó que “estaba bien porque, económicamente, les podía interesar”. A lo que el teniente coronel respondió: “Pues lo voy a mirar bien el pliego (…) y os lo voy mandando para pegaros un aviso”. Finalmente aseguró al empresario: “Bueno, pues entonces hacemos eso, yo, entre hoy y mañana, lo preparo (…) os lo mando (…) lo veis y se manda (…) quedamos en eso”.

Los contactos entre los militares y los empresarios siguieron siendo estrechos en las semanas siguientes. Se habló sobre la presentación de documentación para solicitar la baja en el concurso para el contrato de limpieza, debido a la deuda dejada por Cleanet. También se habló por teléfono sobre un procedimiento negociado de servicios de control de accesos en el acuartelamiento Castillejos. En esas conversaciones, uno de los tenientes coroneles “desveló información contractual del Ministerio de Defensa aún no publicada en la plataforma de contratación y a la que había tenido acceso a través del sistema informático interno”, según recoge la sentencia.