Francisco Correa, para el que la fiscalía pide 125 años de prisión, está dispuesto a “estar una semana, dos semanas, tres semanas… reunido con todos ustedes para aclarar todas las causas que están pendientes”, de esta manera Correa ofrece total colaboración a la fiscalía a cambio de salir de la cárcel. El juicio por la primera época de Gürtel, que se despide de la agenda judicial tras trece meses y medio de sesiones y, que destaca por haber contado como testigo por primera vez, con un presidente del Gobierno en activo, Mariano Rajoy, ha quedado visto para sentencia.
El enjuiciamiento de la primera época de Gürtel (1999-2005), derivado de la causa principal que se ha instruido en la Audiencia Nacional, es ya uno de los juicios más largos de nuestra historia judicial.
En el banquillo se han sentado 37 acusados, entre los que destaca el extesorero del PP Luis Bárcenas, que se ha enfrentado a su primer juicio desde que se le encontraran en 2013 cuentas en Suiza en las que llegó a atesorar 48,2 millones de euros, la Fiscalía pide para él 39 años de cárcel.
La vista oral comenzó el 4 de octubre de 2016 , en aquel momento todos los acusados se encontraban en libertad, pero en febrero los considerados cabecillas de la trama –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «El Bigotes»– ingresaron en prisión en cumplimiento de la condena que les fue impuesta por una de las piezas valencianas de Gürtel, el caso Fitur.
Los tres habían prestado ya declaración ante el tribunal antes de ingresar en prisión, Correa que estuvo 12 horas declarando, «He recibido comisiones por muchas obras de OHL, de ACS, de Dragados y de otras», dijo en su declaración, para después añadir que de ese dinero le daba el 2 o el 3 % a Bárcenas-, por conseguir obras en ministerios como Fomento o Medio Ambiente.
Con Correa colaborando en busca de atenuantes, se provocó la reapertura de la causa sobre la caja B del PP, pendiente de juicio.
Otra de las declaraciones más esperadas fue la de Bárcenas, que se centró en desmontar las acusaciones de Correa.
Tras el paso de los acusados, en febrero llegó el turno de los responsables civiles como partícipes a título lucrativo en beneficios obtenidos por la trama.
Entre ellos, el PP, cuyo representante legal se acogió a su derecho a no declarar, y la exministra de Sanidad Ana Mato, que compareció ante el tribunal como beneficiaria de regalos de la trama a su exmarido y exalcalde de Pozuelo, a la que la Fiscalía reclama 28.468 euros por esos obsequios, cantidad que ya consignó a modo de fianza.
El turno de los testigos vino después, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre tuvo que testificar el 20 de abril, coincidiendo con el estallido de la Operación Lezo, en la que fue detenido su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Aguirre aseguró al tribunal que no conocía a Correa.
Dos días antes de la declaración de Aguirre se conocía la decisión de citar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo, antes ya habían sido llamados a testificar cinco exministros del PP, de los que dos fueron secretarios generales del partido: Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes.
El 26 de julio Rajoy, que declaró que sus funciones en el partido siempre habían sido meramente políticas y no contables, y negó que conociera la caja B reflejada en los papeles de Bárcenas, que calificó de «absolutamente falsos».
Además de los 125 años que el Fiscal pide para Correa y los 39 que solicita para Bárcenas y para el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, destacan los 85 años que pide para el exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo.
