Según han indicado a Diario16 distintas fuentes, en varias localidades de Andalucía los alcaldes están permitiendo, incluso promueven, que los agricultores fumiguen las calles con su propia maquinaria sin que haya un control ni sobre los productos que se están aplicando, ni sobre si la maquinaria está adecuadamente desinfectada de los pesticidas que ha estado utilizando. En caso de una intoxicación o de daños producidos a personas o propiedades, ¿quién es el responsable legal?

Las mismas fuentes indican que algunos ayuntamientos, como Rinconada o Lebrija, han estado fumigando las calles por agricultores con sus máquinas. Nada de esto tiene la más mínima cobertura jurídica. Además, su eficacia es muy cuestionable.

La subdelegación del Gobierno en Sevilla llegó a llamar la atención a los alcaldes de Rinconada, Utrera y Brenes. Su respuesta fue simplemente cambiar lo de prohibir por recomendaciones.

El afán de muchos alcaldes para ocupar titulares y minutos de gloria en los medios, y la rápida difusión a través de las redes sociales de todo lo que se hace, genera tensiones y presiones por parte de la ciudadanía y de los grupos políticos de la oposición que en nada ayudan a la situación.

El problema es que se lanzan mensajes confusos a la población. Las administraciones, especialmente las locales por estar mucho más cerca de los ciudadanos, deben ser ejemplares en el cumplimiento de la legalidad vigente y de las normas emanadas de las instancias políticas y administrativas que actúen conforme a sus prerrogativas.

Si los alcaldes hicieran cada uno lo que creen conveniente sin cobertura jurídica, ¿por qué el ciudadano no puede hacer lo mismo y declararse insumiso antes aquellas normas que considera injusta o ineficaces?

De esta manera no se contribuye a reforzar la necesaria autoridad que los ciudadanos deben percibir, para después respetar a quien hoy, en el estado de alarma declarado, tiene el mando único, es decir, el presidente del Gobierno y su gabinete de ministros encargados de la gestión.

Los gobiernos locales deberían saber ver la oportunidad que supone esta crisis para poner de manifiesto que hay que replantear la distribución de funciones y, por supuesto, la distribución de los recursos públicos para mejorar los mecanismos de cooperación y coordinación entre las distintas legitimidades democráticas del Estado: Gobierno Central, Autonomías y la hermana pobre de esta fiesta, los ayuntamientos.

Sin embargo, se impone la visión cortoplacista, el afán de ocupar titulares o minutos de gloria en vez de demostrar capacidad de respuesta inteligente y eficaz.

Por otro lado, las fuentes consultadas por Diario16 indican que las federaciones de municipios, tanto autonómicas, en este caso andaluza, como la nacional, no están sabiendo ser correa de transmisión entre el mando único y los ayuntamientos para homogeneizar la intervención de los gobiernos locales en esta crisis y, lo que es peor, no están sabiendo recoger las propuestas de los alcaldes para trasladarlas al Gobierno para que sean tenidas en cuenta e incorporarlas como estrategia nacional.

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