Corinna Zu Sayn Wittgenstein, la “amiga entrañable” del rey emérito Juan Carlos I, ha pasado por un juzgado de Londres, donde miembros de la Fiscalía Anticorrupción española la han interrogado en relación con las comisiones de hasta 80 millones de euros que presuntamente mediaron en la adjudicación a una UTE para la construcción del AVE a la Meca en Arabia Saudí, según ha informado la agencia de noticias Europa Press. La empresaria no ha aportado demasiadas novedades a un caso de supuesta corrupción que amenaza con dañar la ya deteriorada imagen de la Casa Real española, seriamente tocada tras el caso Urdangarin. Según el abogado de Corinna, Robin Rathmell, su defendida ha puesto en conocimiento de los investigadores españoles, de forma voluntaria, “los hechos limitados” de los que ha tenido algún conocimiento, tratando de desmarcarse de Zarzuela y de dejar claro que no maneja información directa, sino por “terceras personas”.

La estrategia de defensa de la aristócrata alemana ha quedado trazada desde el principio: lo que Corinna pueda saber sobre el AVE a la Meca lo sabe por el rey emérito, ya que según el abogado su cliente no tuvo participación alguna en el negocio. “Es evidente que una investigación completa debe ir mucho más allá de los pocos hechos que conoce ella”, afirma el representante legal, que añade que desde hace décadas medios de comunicación de todo el mundo han informado sobre los “negocios financieros del rey emérito”. Además, el letrado ha criticado cualquier intento de que alguien desde España trate de utilizar a su defendida como “chivo expiatorio” y que en ese caso dará una “respuesta legal rápida”.

Ese último párrafo, esa última reveladora declaración del letrado, resulta cuanto menos inquietante, ya que corrobora la gravedad de los hechos. Leyendo entre líneas en las palabras de Robin Rathmell, llama poderosamente la atención al menos tres cuestiones. Primero que saque a relucir los “negocios financieros del rey emérito” que han sido objeto de reportajes y noticias de prensa. Con esa frase, el defensor de Corinna dice mucho al apuntar de forma directa a Zarzuela, tratando de exonerar a la principal testigo del caso. En segundo lugar, se refiere a la posibilidad de que la examiga del rey sea utilizada en este asunto como “chivo expiatorio”, lo que demostraría la preocupación que existe en el entorno de Corinna Zu Sayn Wittgenstein de que la investigación termine cerrándose en falso o sentando en el banquillo a solo una parte de los actores participantes. De ahí que, en tercer lugar, el abogado se cure en salud y lance un aviso a navegantes, advirtiendo de que en ese supuesto hipotético habría una “respuesta legal rápida”. Tal reacción podría interpretarse no solo como una acción penal de Corinna contra todo aquel (periodista o no) que trate de indagar en este sórdido asunto, sino como una advertencia de que si su defendida es finalmente utilizada como cabeza de turco, cargando ella sola con toda la responsabilidad, podría terminar tirando de la manta (cabe recordar que la examiga del rey emérito ha llegado a afirmar que en la adjudicación de esa macro infraestructura construida en 2011 habrían mediado importantes sumas en forma de mordidas).

Lo cierto a estas alturas del proceso es que en el último año de investigación el abogado de la empresaria, pese a que ha desmarcado a su clienta de la adjudicación del AVE a la Meca, ha mostrado su voluntad de cooperar con la Justicia española. Prueba de ello es que la investigación sigue avanzando en el intento de esclarecer qué pasó con aquellas supuestas comisiones.

El asunto se remonta a julio de 2018, cuando se difundieron una serie de audios grabados por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en una conversación con el empresario y expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, y la propia Sayn Wittgenstein. En aquellos audios Corinna afirmaba que el rey emérito había cobrado comisiones por su negociación en aquella adjudicación y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartir el “pastel”, según Europa Press. La revelación motivó la apertura de una pieza separada de investigación en el caso Villarejo que instruye la Audiencia Nacional, aunque en septiembre del año pasado se archivaron las actuaciones respecto de Don Juan Carlos porque, por un lado, las afirmaciones sobre él se consideraban “extremadamente débiles” y, por otro, en aquella época aún reinaba, de modo que gozaba de inviolabilidad penal.

Hoy el asunto sigue oliendo cada vez peor, pero al menos la opinión pública española sabe que pese a que el caso fue cerrado respecto al rey emérito, Anticorrupción continúa tirando del hilo. De hecho, los fiscales llevaban meses esperando respuesta de las autoridades del Reino Unido (el SFO, Serious Fraud Office, la oficina antifraude británica) para proceder a la toma de declaración de Corinna, que actualmente reside en Londres.

El episodio es de una gravedad extrema. Quizá por ello la Fiscalía mantiene todavía abiertas las diligencias secretas de investigación desde finales de 2018 ante la sospecha de presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias. Se trata de una fase de la investigación previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a un juzgado. Y aquí surge una nueva pregunta: ¿hay más personas, como empresarios y políticos, que estaban al tanto de las supuestas comisiones?

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