El copago farmacéutico: un modelo sanitario injusto para pensionistas y parados

Varias resoluciones realizadas por el Defensor del Pueblo en materia sanitaria fueron finalmente aceptadas en 2018. Con relación a la sanidad universal, la Institución que dirige Francisco Fernández Marugán siempre ha defendido la asistencia sanitaria como un “derecho público subjetivo, personal y no contributivo”.

Según consta en la memoria anual de este organismo, el pasado año también se volvió a insistir en la “necesidad de revisar el actual modelo de copago farmacéutico para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan”.

La Institución ha recibido recientemente un informe del Ministerio de Sanidad del que se desprende una aceptación parcial de las recomendaciones realizadas por el Defensor, ya que propone la exención en la aportación farmacéutica de determinados grupos de pensionistas y de las personas con rentas inferiores a 9.000 euros, con un hijo o más a cargo. El Defensor estudiará el contenido del proyecto normativo que sea remitido a las Cortes Generales para conocer si finalmente se aceptan otros aspectos incluidos en sus recomendaciones, como la revisión de los tramos actuales de renta.

Por su parte, el Sindicato de Enfermería Satse considera que el Gobierno ha dado un paso positivo en la buena dirección al recuperar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), y le ha reclamado que ahora se trabaje para acabar con cualquier fórmula de copago en el ámbito sanitario y para aumentar el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a la sanidad pública.

Satse considera positiva la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del Real Decreto que permite que toda persona residente en nuestro país pueda acceder a los servicios sanitarios que ofrece el Sistema Nacional de Salud, y espera que ningún ciudadano tenga problemas a la hora de beneficiarse de un derecho básico como es el de la atención sanitaria.

La organización sindical se posicionó en su momento en contra de la normativa que excluía del Sistema Nacional de Salud a ciudadanos como los que se encuentran en una situación de irregularidad en nuestro país, y, por ello, reitera que la medida impulsada desde el ministerio es “justa y coherente” con el principio universal de asegurar una atención sanitaria de calidad a todas las personas.

Asimismo, el Sindicato de Enfermería demanda al Ministerio de Sanidad que trabaje de manera conjunta y coordinada con las distintas consejerías de salud autonómicas para que este derecho vaya acompañado de los recursos materiales y humanos necesarios para asegurar un normal funcionamiento en los centros sanitarios.

De otro lado, Satse ha recordado que siempre se ha mostrado contrario a cualquier fórmula de copago en el ámbito sanitario, al entender que los pacientes y ciudadanos que necesitan la atención del Sistema Nacional de Salud ya pagan por los servicios que reciben, a través de sus impuestos, y que existen distintas alternativas que mejorarían la situación de nuestra sanidad sin tener que recurrir a cobrarles dinero cuando reciben la prestación sanitaria.

Por ello, reclama a Sanidad que el siguiente paso sea acabar con el copago farmacéutico que, en la actualidad, grava a las personas jubiladas. “Es una medida injusta que castiga a la persona enferma y a los más débiles, y, además, conlleva desigualdades sociales y más carga burocrática”, apunta.

Otra demanda del Sindicato de Enfermería para asegurar una atención sanitaria universal y de calidad en nuestro país es aumentar el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a la sanidad pública hasta el 7 por ciento.

La organización sindical ha reclamado en numerosas ocasiones una mayor inversión en la sanidad pública española después de años en los que se ha ido debilitando y deteriorando el Sistema Nacional de Salud por la continua reducción del gasto sanitario, pasando del 6,7 por ciento del PIB en 2009 al actual 5,8 por ciento.