¿Qué ha ocurrido con la información de TVE que apuntaba la posibilidad de que Juan Carlos I sea despojado de su título honorífico de rey emérito tras el escándalo de sus cuentas y patrimonio oculto? Hace unos días fuentes próximas al ente público daban por seguro que Zarzuela y Moncloa estarían valorando opciones para reducir el impacto social y mediático de la hipotética vuelta a casa por Navidad del monarca abdicado. Sin embargo, la noticia fue inmediatamente desmentida tanto por el Gobierno de Pedro Sánchez como por Casa Real. Ambas instituciones niegan rotundamente que haya existido ningún tipo de acuerdo o plan para proponerle al patriarca de la Transición la retirada de su condición vitalicia a cambio de retornar al país en las fechas navideñas. La noticia −emitida en el Canal 24 Horas, en RNE y en la web de la corporación−, aseguraba que “fuentes próximas al rey emérito han informado que Zarzuela y Moncloa estarían valorando opciones para minimizar el impacto de su posible vuelta, entre ellas la retirada del título de rey, como forma de reducir la presión sobre el actual jefe del Estado y la institución de la Corona”. ¿Qué ocurrió entre la difusión de esta impactante información y el posterior desmentido de ambas instituciones? ¿Quién cometió el error de divulgar la noticia citando “fuentes próximas al rey emérito”?
El misterio, varios días después del titular sensacional, sigue sin estar resuelto y podría ser el argumento perfecto para una novela de intriga del gran John Le Carré, que ayer mismo nos dejaba para siempre. Parece difícil digerir que un periodista de “La Casa” acostumbrado a redactar noticias siempre avaladas por fuentes oficiales pueda arriesgarse a lanzar semejante bulo sin tenerlo todo atado y bien atado, nunca mejor dicho. Sin embargo, es evidente que algo ha fallado. Y aquí caben varias interpretaciones, entre ellas tres principalmente. La primera, que el redactor o redactora se tirara a la piscina por el afán de la exclusiva, aunque hasta donde se sabe nadie en la dirección de TVE le ha abierto un expediente disciplinario por la supuesta metedura de pata, de modo que no parece que el error esté en el procedimiento periodístico y cabe concluir que el profesional cumplió con su tarea con todo rigor. La segunda hipótesis es que alguien en el Gobierno haya lanzado un globo sonda para comprobar de primera mano cómo la opinión pública española, las fuerzas políticas y los poderes fácticos reaccionaban ante la propuesta. En ese caso la filtración es más probable que partiera de Unidas Podemos, que lleva a cabo una intensa campaña de desestabilización de la Monarquía, que del PSOE, cuyos ministros (también Pedro Sánchez) han garantizado por activa y por pasiva que los socialistas son fieles a Felipe VI.
Y en tercer lugar estaría la versión de que Zarzuela, al verse arrinconada por las noticias sobre los últimos escándalos del rey emérito (tarjetas opacas, comisiones millonarias, testaferros, etcétera) se mostrara en un primer momento dispuesta a tomar medidas drásticas para salvar la Corona a cualquier precio (incluso castigando severamente a Don Juan Carlos), reculando acto seguido y paralizando in extremis la operación que efectivamente tenía por objeto despojar al viejo monarca de sus derechos dinásticos, una medida que, dicho sea de paso, sería inédita en la historia de España. Las malas relaciones entre padre e hijo son públicas y notorias desde que Felipe VI apartara a Juan Carlos I del núcleo duro de Zarzuela y le retirara la asignación anual, un drama familiar avalado por la propia Corinna Larsen, examante del rey emérito, quien ha aportado detalles de cómo se tramó la conspiración palaciega contra el arquitecto de la Transición, en la que habría participado la reina Sofía y el Gobierno de Mariano Rajoy.
Cualquiera de las tres versiones sobre lo que ha ocurrido estos días (y alguna más que circula en los corrillos, en las redacciones y mentideros políticos) podría ser la buena, pero a falta de confirmación oficial (que probablemente no la haya nunca) lo sensato es concluir que algún tipo de movimiento para reprobar al emérito se ha producido en las más altas instancias del Estado, aunque finalmente es obvio que si ha existido ha sido abortado en el último momento. En ese sentido, será interesante ver qué dice Felipe VI al respecto de la conducta paterna en su tradicional discurso de Nochebuena.
En ese contexto de tensión en palacio se debe encuadrar la reciente propuesta de Juan Carlos I para ponerse al día con Hacienda. La “regularización exprés”, anunciada por los propios abogados del monarca, ha tratado sin duda de aplacar los ánimos encendidos de buena parte de la población española (además de evitar la apertura de un juicio por delito fiscal). El emérito ha debido pensar que para congraciarse de nuevo con su pueblo era una buena idea tragar con una declaración de renta complementaria y abonar algo más de 678.000 euros de cuota defraudada al fisco por el uso de las tarjetas Royal Black. De esta forma podría regresar a casa por Navidad. Sin embargo, es obvio que la jugada no le ha funcionado, el frente republicano se ha recrudecido todavía más y a esta hora puede decirse que la indignación cuaja entre los españoles, que no entienden cómo un señor que lo tenía todo en la vida ha podido dilapidar su reputación enfangándose en turbios negocios en el extranjero. Al emérito no le va a servir de nada reconocer su deuda por las black (unas migajas si se comparan con los 65 millones de dólares de su supuesta donación a Corinna Larsen, con los 10 millones de euros que algunas informaciones le adjudican en Jersey o con los 2.000 millones de fortuna personal que le atribuyen medios de comunicación del prestigio de Forbes o The New York Times tras cuarenta años de reinado).
Podría decirse que nada de lo que haga ya Juan Carlos I podrá lavar su deteriorada imagen y el sistema monárquico constitucional solo podrá salir airoso de esta crisis monumental sin precedentes por un solo camino: que la Justicia llegue hasta el final haciendo valer el principio de que es igual para todos (tal como el propio monarca proclamó en cierto discurso de Nochebuena); que devuelva todo el patrimonio acumulado de forma ilegal; y que renuncie a su título honorífico de rey emérito al que −pese a su innegable contribución histórica en la reinstauración de la democracia en nuestro país− ya no es merecido acreedor. No obstante, cabe recordar que esa renuncia no es tan fácil. Para que don Juan Carlos pierda tan alta distinción sería necesario que el Gobierno Sánchez aprobara un Real Decreto que, por pura lógica, tendría que firmar el hijo del afectado, Felipe VI, y que reformaría la ley de abdicación de 2014. Una iniciativa política que, en plena ofensiva de los militares nostálgicos y con la extrema derecha ganando terreno, entraña no pocos riesgos de desestabilización institucional.
