El próximo sábado estaban previstas unas elecciones para la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. De momento parece ser que la fecha sigue en pie, aunque en próximas horas todo puede cambiar: en estos momentos una de las candidaturas que quería presentarse para regenerar el Colegio ante los escándalos recientes acude ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo para impugnar una resolución que le aparta a escasas horas de la contienda electoral.

«El presidente del colegio de veterinarios desvió fondos a empresas fantasma»

Con este contundente titular abría la noticia el diario El País el pasado mes de septiembre de 2018.

Las noticias de hace un año ya contaban que los inspectores de Hacienda se presentaron por sorpresa en el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. También fue una sorpresa para sus responsables conocer en ese momento que tenían que abonar más de 110.000 euros en impuestos «por facturas pagadas a unas empresas constructoras que, teóricamente, habían ejecutado obras en la sede de la entidad». En principio, nadie de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona sabía de qué iba el asunto.

Fue entre los años 2014 y 2016 cuando el presidente de la Junta Directiva, Josep Antoni Gómez Muro y su tesorero, Jordi Vilà abonaron más de medio millón de euros a distintas empresas constructoras por haber realizado, supuestamente, «obras de mejora de las instalaciones del Colegio de Veterinarios».

Hacienda se puso a cruzar datos y comprobó que no se había satisfecho la liquidación del IVA por aquellas facturas. Tampoco el impuesto de sociedades. Desde Hacienda, según El País, se abrió una investigación, ya que todo apuntaba a que las empresas en realidad no existían.

Los demás miembros de la Junta Directiva manifestaron entonces no tener ni idea de aquello, y ante la información que les facilitaron desde Hacienda, destituyeron de manera fulminante a Gomez Muro y a Vilà. A finales del mes de julio se convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva para que los dos acusados pudieran dar explicaciones. «Sus explicaciones no nos dieron confianza, porque no dijeron nada en concreto» afirman fuentes de la Junta Directiva.

Fue el 6 de septiembre del 18 cuando la asamblea general del Colegio de Veterinarios de Barcelona ratificaba esta decisión de la Junta Directiva.

En su momento, Marta Legido, quien fuera nombrada presidenta a consecuencia del escándalo, afirmó que esos gastos tenían que haber sido puestos en conocimiento de la Junta Directiva, y no fue el caso. Meses después Legido renunció «por motivos personales» y explicó públicamente que había sido «muy duro» lo que vivió en esos meses, llegándole a afectar a su vida personal. Puso entonces el mando en manos de Ricard Parès, vicepresidente. 

Según anunciaba El País hace un año, «el escándalo en el Colegio de Veterinarios puede ser aún más hondo porque las cuentas de los últimos años no cuadran». En este sentido, la asamblea declaró nulos los acuerdos de aprobación de las cuentas desde el año 2012, que fue precisamente cuando Gómez Muro llegó a la presidencia con la candidatura «Compromís Veterinari». En 2016 volvió a salir elegido.

Elecciones a Junta de Gobierno y dos candidaturas

Tras una reunión celebrada el pasado 11 de octubre, el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona anunció que había dos candidaturas registradas para presentarse en las elecciones convocadas para el 23 de noviembre. En este documento se anuncia la convocatoria oficial. Ya en el momento de su anuncio, se señalaba que la situación del Colegio era de una «gran inestabilidad«.

La crisis provocada por el presunto desfalco realizado entre 2014 y 2016 por Gómez Muro y Vilà hizo reaccionar a muchos de los colegiados. Algunos de ellos, como Joan Mesià, crearon un equipo para intentar reconducir la organización, en base a los criterios de transparencia y apertura que se habían empañado en los últimos años.

Precisamente, Joan Mesià había sido vicepresidente desde 2000 a 2008 y conocía bien el funcionamiento del Colegio.

En una entrevista que le realizaron al candidato el pasado mes de octubre, ya anunciaba que, a su entender, «la junta directiva no debería ser gestionada por personas que compartieron mandato con los implicados». En ella, precisamente explica que han sido los hechos escandalosos los que le han impulsado, junto a sus compañeros a presentar una candidatura alternativa.

El otro candidato, Ricard Parès, también ofrecía una entrevista, días después. Parés presenta un equipo «plural y joven», haciendo hincapié en la renovación del equipo de la Junta Directiva. Todos los miembros que propone son nuevos, para evitar así que pueda haber sombras que se hereden del anterior equipo, protagonista de los escándalos y compañeros de Gómez Muro y Vilà. Todos los miembros salvo tres: Marta Legido -que asumió la presidencia ante la fulminante destitución de Gómez Muro-, Ana Romagosa y el propio Parès, quienes estaban en la Junta Directiva señalada por el escándalo. Precisamente como Parès afirmaba con contundencia que «la renovación era total», explica que «no hubiera sido buena idea que el 100% de la nueva Junta careciera de experiencia de gestión, ya que es fundamental».

Lo cierto es que la entrevista no entra a fondo en el asunto para aclarar la situación del medio millón de euros en paradero desconocido, y prefieren enfocar hacia la situación de Cataluña en el plano político.

Se suspende la campaña electoral y se fulmina a una candidatura

A través de la página web oficial del Colegio no se conoce más información que la que facilita un comunicado del 6 de noviembre: «La Junta Electoral en sesión celebrada ayer acordó suspender la campaña a las elecciones a los cargos de la Junta de Gobierno hasta que se resuelva una reclamación presentada». Desde entonces no ha habido actualización en la web sobre esta cuestión. ¿Qué ha sucedido desde entonces?

Durante la campaña electoral, una de las candidaturas, la encabezada por Joan Mesià, explicaba su punto de vista al respecto del escándalo que se había producido por la actuación de algunos miembros de la anterior Junta Directiva. Y además, apuntaba a la «responsabilidad política» de los demás miembros de la Junta, aunque no fueran directamente los acusados del presunto desfalco de medio millón de euros. Hablaban de una responsabilidad «in vigilando» de los demás integrantes de la Junta Directiva.

Esta información, remitida a través de un comunicado, fue puesta en manos de la Junta Electoral por parte de la otra candidatura, la encabezada precisamente por Ricard Parès, quien fuera vocal* con Gómez Muro, posteriormente vicepresidente y quien asumiera la presidencia de manera temporal después de la renuncia repentina de Marta Legido. 

La Junta Electoral veta a los reformistas: considera que el comunicado denunciado vulnera las normas deontológicas de la profesión veterinaria. Algo que, a primera vista, nada tiene que ver con la profesión veterinaria, pues lo que se está ventilando aquí son, precisamente, cuestiones meramente administrativas de un órgano de carácter representativo donde las pautas deontológicas propias de la ciencia veterinaria no adquieren ningún tipo de incidencia. Y la Junta Electoral va más allá: aparta a la candidatura de Masià, no permitiéndole presentarse a las «elecciones» del próximo 23.

La Junta Electoral también en el foco por su posible parcialidad

Precisamente en el momento en el que desde la Junta Electoral se anunciaba la eliminación de la candidatura de Masià, el presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias, Josep Llupià tuvo que presentar su dimisión como miembro de la Junta Electoral -nominada por la Junta de Gobierno– como consecuencia de su parcialidad durante la campaña. Y es que, desde su correo electrónico pidió el voto a distintos colegiados para la candidatura “contunuísta” de Parès, llegando incluso a poner al servicio de la candidatura el personal trabajador del propio Colegio para tramitar el voto por correo.

La candidatura encabezada por Joan Mesià impugna por vía judicial las elecciones del Colegio de Veterinarios de Barcelona

La candidatura a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona “Por el cambio, renovación participación y transparencia” encabezada por el Sr. Joan Mesià ha acordado presentar un recurso contencioso-administrativo impugnando el proceso electoral y solicitando la suspensión cautelar de las elecciones que se deberían celebrar el próximo sábado 23 de noviembre.

Apartados por denunciar presunta corrupción

El motivo de la impugnación se encuentra en el hecho de que la Junta Electoral, órgano nominado por la Junta de Gobierno del Colegio, ha acordado excluir la candidatura encabezada por el Sr. Mesià del proceso electoral, al considerar que un comunicado electoral de la candidatura denunciando la responsabilidad política de la actual Junta de Gobierno vulnera las normas deontológicas de la profesión veterinaria.

Hechos denunciados por la candidatura de Mesià

La actual Junta de Gobierno se ha visto salpicada por un escándalo económico en virtud del cual el presidente Josep Antonio Gómez Muro y el tesorero Jordi Vilà fueron cesados al ser investigados por un juzgado de instrucción de Barcelona por la presunta comisión de delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsedad documental (de documento mercantil), por haberse embolsado -presuntamente- casi de medio millón de euros del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona.

La candidatura “renovadora”, durante su campaña, hizo públicos estos hechos. Y denunció en un comunicado electoral que los miembros de la actual candidatura “continuista” (también conocida como “oficialista”), que formaban parte de la Junta de Gobierno presidida por Muro, debían asumir su responsabilidad política (por culpa in vigilando) ante el desfalco que se está investigando en este momento.

Desde la candidatura apartada, los impugnantes consideran que este acuerdo de la Junta Electoral es nulo de pleno derecho. Incluso van más allá, al considerar que los hechos podrían ser, incluso, constitutivos de delito. Por este motivo presentarán una demanda esta misma mañana solicitando la nulidad de los acuerdos impugnados y la suspensión cautelar de las elecciones que estaban previstas para el próximo sábado -a las que, por cierto, solamente concurre en este momento la “oficialista” de Parès-.

Defensa de Alonso Cuevillas

Por tratarse de un asunto que ha de ventilarse por la vía judicial, la candidatura “reformista” cuenta con la defensa letrada del despacho del Catedrático en Derecho y Economista, Jaume Alonso Cuevillas. Su experiencia como presidente de la Intercolegial de Cataluña, asociación que representa a los Colegios profesionales catalanes de todos los sectores profesionales, además de haber sido decano del Colegio de Abogados de Barcelona, avala su conocimiento sobre estas instituciones.

Estos hechos serán también puestos en conocimiento del Consejo del Colegio de Veterinarios de Cataluña y del Departamento de Justicia de la Generalitat, administrador competente en materia de colegios profesionales.

*En versión inicial de esta pieza se señalaba, por error, que el Señor Parès era Vicepresidente durante el mandato del Señor González Muro. Tras haberse puesto en contacto con este diario, se procede a especificar que perteneció a la Junta Directiva del Señor González Muro como vocal, pasando después a ser vicepresidente y asumiendo las funciones de presidente cuando la Señora Marta Legido se retiró como presidenta temporal.

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