El Consejo de Ministros más fructífero pero más inoportuno

El Consejo de Ministros celebrado en Barcelona pasará a la historia por haber generado más inconvenientes (sobre todo de orden público) que ventajas reales. Alguien en Moncloa, entre el nutrido grupo de asesores del presidente, debería explicar por qué era tan importante celebrar allí una reunión, precisamente ahora, cuando las relaciones entre el Gobierno español y el Govern atraviesan por sus horas más tensas.

Con el juicio al procés en puertas, con los políticos presos recuperándose de una huelga de hambre y con Quim Torra apelando a la vía eslovena, que asume posibles bajas entre la población civil para lograr la independencia a cualquier precio, no era el momento más adecuado para celebrar ese Consejo en la Ciudad Condal. No cabe duda de que la idea de Pedro Sánchez tenía una buena intención, como era la de evidenciar que el Estado español no ha dejado abandonada a Cataluña, que es lo que sucedió en los últimos años de gobierno de Mariano Rajoy. El anterior presidente consideraba que la cuestión catalana no tenía solución y que era mejor pasar la patata caliente a los jueces, haciendo una dejación de funciones intolerable que España pagará muy caro durante mucho tiempo.

La omisión de responsabilidades no figura entre los defectos de Sánchez, un gobernante a quien se le podrá culpabilizar de todo menos de no asumir riesgos políticos. El presidente socialista lo está intentando todo para reconducir la situación, mientras no hace más que recibir el insulto constante de las derechas, que lo acusan injustamente de traidor, de querer romper España y de humillarse ante los independentistas. PP y Ciudadanos, en su deriva ideológica radical y en su deslealtad, van a dejar a los «indepes» que rompen cajeros automáticos y queman neumáticos a la altura del betún.

Es el espíritu luchador de Sánchez su principal virtud (ya lo demostró cuando fue capaz de resucitar de entre los muertos para ganar las primarias del PSOE y conquistar la presidencia del Gobierno) pero ese entusiasmo y esa capacidad de lucha, ese afán por no arrojar nunca la toalla, le ha llevado esta vez a un exceso de optimismo y de paso a cometer un error político de bulto. El Consejo de Ministros de Barcelona no aportaba nada nuevo ni nada bueno, sino todo lo contrario: arrojaba un poco más de gasolina al incendio sin control en que se ha convertido la sociedad catalana. Desde el primer momento, los soberanistas entendieron la decisión de Sánchez no como una última oportunidad para recuperar la normalidad institucional, sino como una provocación y un buen momento para exhibir músculo, para inflamar aún más los ánimos de cientos de miles de catalanes indignados con la actual situación política y para volver a tomar las calles. Efectivamente, tal como era de prever, la mañana del 21D se produjeron escenas de gran tensión: cortes de carreteras, colas kilométricas de automovilistas, ardientes barricadas y violentos enfrentamientos entre antidisturbios y manifestantes. Los CDR y los GAAR plantaron la estelada en sus territorios urbanos y le dijeron al carcelero invasor que no era bien recibido en Cataluña.

No es exclusivamente culpa de Sánchez no haber anticipado lo que se le venía encima. Cuando uno ve la realidad con los ojos de la moderación y la templanza no es capaz de calibrar que otros, ciegos de intolerancia y fanatismo, la contemplan de una manera distorsionada. Y ahí es donde los asesores de Sánchez no justificaron sus elevados sueldos, callaron y permitieron que el jefe siguiera adelante con un plan demasiado arriesgado, casi descabellado. Por lo visto, nadie advirtió al presidente del Gobierno que no era una buena idea.

Finalmente, el Consejo de Ministros se celebró, pero fue una pena que decisiones tan importantes como las acordadas por el gabinete Sánchez vayan a quedar oscurecidas, casi enterradas, por el humo de los disturbios callejeros. Del Consejo de Ministros sale una subida salarial para los funcionarios que entrará en vigor el 1 de enero y el incremento histórico del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros. Más de cinco millones de personas, también catalanes, se beneficiarán de la medida.

Este paquete social se complementa además con dos decisiones de gran simbolismo, por lo que tienen de reparación de la memoria histórica: el aeropuerto del Prat pasará a llamarse Josep Tarradellas y el juicio sumarísimo que condenó a muerte a Lluís Companys en 1940 será anulado. Se trata de dos medidas impensables hace solo un año, cuando gobernaba el PP y la única propuesta de Mariano Rajoy para Cataluña eran los piolines y leña al mono. Es cierto que se trata de dos anécdotas en medio del listado de agravios y reivindicaciones políticas no satisfechas que Cataluña viene planteando desde hace años. Pero por algo se empieza. Para recoger hay que sembrar primero y hasta ahora España, con el programa retrógrado de la derecha, solo había sembrado tempestades en aquella comunidad autónoma.

El problema es que quizá sea demasiado tarde para casi todo. Cuando el odio se enquista en las personas se convierte en un órgano más de sus cuerpos, como el corazón, la sangre o el pulmón. Seducir a los catalanes, ofrecerles algo para que se vuelvan a sentir cómodos otra vez en el Estado español, parece misión casi imposible. Sánchez no puede conceder, a diciembre de 2018, un referéndum de autodeterminación porque no está en su mano hacerlo (lo cual no significa que no se pueda plantear en el futuro, cuando los independentistas supongan más del sesenta por ciento de la población). El presidente del Gobierno español es solo una pieza más de un engranaje donde otros poderes fácticos siguen jugando un destacado papel. Todo eso lo saben Puigdemont y Torra y si pese a ello insisten en seguir tensando la cuerda, que puede terminar rompiéndose en cualquier momento, serán responsables de lo que pueda suceder.

Por ello lo más pragmático e inteligente para los soberanistas sería aceptar la propuesta de diálogo de Pedro Sánchez, sondear la posibilidad de un nuevo estatuto que recogiese todos los aspectos de la identidad nacional catalana –también su reconocimiento como nación–, mejorar el modelo de financiación (poniendo al día a Cataluña en el déficit de inversiones que padece) y contribuir a la reforma constitucional tan necesaria para todos. Tratar de construir un Estado republicano con el apoyo de un 50 por ciento de la población es una romántica idea pero no es una buena idea, más bien es un sueño condenado al fracaso o a algo mucho peor: a la pesadilla de un enfrentamiento civil entre catalanes. Es hora por tanto de aparcar el convulso procés por un tiempo, dejar descansar a la agotada sociedad catalana y abrir un nuevo tiempo que puede traer grandes beneficios. La independencia puede esperar unos años más.