La Comisión Permanente del poder judicial ha rechazado hoy el reingreso del juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, al “no haber acreditado el cese en su cargo actual en el Tribunal Internacional que revisa la sentencia de Radovan Karadzic”. En base a esta decisión, el magistrado que juzgó la pieza principal del caso Gürtel no podrá regresar de momento a la Audiencia Nacional ni formar parte del próximo Consejo General del Poder Judicial.
Ante esta decisión de Prada ha emitido un comunicado donde manifiesta su “imposibilidad de renuncia al Tribunal Penal Internacional” al que pertenece desde el año 2011. Tampoco accede a renunciar “al Tribunal que conoce de la sentencia de apelación del caso contra Radovan Karadzic” puesto que “se encuentra en la última fase de la elaboración, lo que implicaría gravísimas e irreparables consecuencias para el funcionamiento de ese Tribunal de Naciones Unidas”. Una decisión que toma “por razones de pura responsabilidad ético profesional, institucional y de respeto a los compromisos del Estado español con Naciones Unidas”.
Sin embargo, desde el Poder Judicial alegan que su reingreso ha sido denegado por no haber aportado la documentación que se le requirió el pasado 29 de agosto. Desde el consejo, explican que se le pidió que “acreditara su cese en el cargo que motivó su declaración el pasado 8 de marzo en la situación de servicios especiales. Tampoco ha acreditado el cese de la causa que determinó tal declaración, que según su propia solicitud era participar en la fase de sustanciación y resolución del recurso de apelación del fiscal contra Radovan Karadzic».
Para José Ricardo de Prada algunos miembros del CGPJ “han considerado que mi no renuncia al Tribunal Internacional era la oportunidad para impedir mi reingreso como magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional” a pesar de que manifestó por escrito que no era necesaria su presencia física en la sede del Mecanismo en la Haya.
Asimismo, lamenta la decisión del consejo puesto que le “impide, además, que pueda presentar mi candidatura por el turno judicial a la renovación del CGPJ, socavándose con ello mi derecho de libre acceso a cargos públicos” continúa de Prado.
“Con ello, igualmente, se me está sancionando encubiertamente con la expulsión de la carrera judicial durante un número indeterminado de meses, socavando mi derecho a la inamovilidad judicial como garantía implícita necesaria de la independencia judicial” explica a través de un escrito.
“Por último, quiero dejar constancia de que a mi juicio se produce una lamentable situación de desentendimiento por parte del CGPJ de las obligaciones internacionales del Estado español para con los compromisos internacionales de colaboración con los Tribunales penales internacionales, afectando negativamente a la acción exterior del Estado, cuya dirección le compete en exclusiva al Gobierno; yendo directamente en contra de los compromisos de máxima colaboración adoptados por España con el propio IRMCT, entre ellos con ocasión de la visita de su Presidente a la sede del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante la pertenencia de España a dicho Consejo de Seguridad” finaliza José Ricardo de Prada.
Esto es una muestra clara de la parcialidad del sistema judicial español. Castigan a un juez por llevar Rajoy al banquillo y se gastan medio millón de euros en la defensa de Llarena, que és también un juez del PP. En ningún país democrático europeo, podrían pasar estas cosas. Y el gobierno del PSOE, como de costumbre, protegiendo los intereses políticos del PP. Como si Sánchez no se atreviera a instaurar la verdadera democracia en España para no molestar al sector más rancio y franquista del país. Así no cambia gran cosa, sólo se implementa un cambio cosmético y se evita llegar a las raíces del fascismo y la corrupción que asolan España desde hace mucho tiempo.