La Ponencia sobre la Proposición de Ley del PSOE de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género ha aprobado hoy su informe, que se debatirá en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el próximo día 14 de noviembre.
En el texto propuesto por el Grupo Socialista se contempla “la creación de una nueva prestación de orfandad para los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia machista que no hubiesen estado dadas de alta en la Seguridad Social, ni en situación asimilada al alta”, ha explicado la portavoz socialista de Empleo y ponente de la Ley, Rocío de Frutos. Estos niños y niñas percibirán una prestación que se ha especificado en la Ley y será del 70% de la base mínima de cotización vigente en cada momento.
Además, en el caso de que si tuviesen derecho a la pensión de orfandad, “se incrementara la cuantía hasta el 70% de la base reguladora, al equipararlos a una situación de orfandad absoluta. Los socialistas calculan que la pensión media que recibirán en este caso estará por encima de los 800 euros.
La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, también ponente de la Ley, ha destacado que “el Grupo Socialista ha hecho un esfuerzo importantísimo por recoger y darle cabida a la mayoría de las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios” y ha subrayado que “esta Ley finalmente recogerá a todas las víctimas, a todos los huérfanos que lo son como consecuencia de cualquier forma de violencia contra la mujer en los términos en que esta definida por la ley y por los convenios internacionales ratificados por España”.
Además, se ha acordado que “esta ley se va a aplicar con carácter retroactivo de forma que tanto el incremento de la pensión como la prestación de orfandad se retrotraerán a la fecha de efectos del reconocimiento inicial de la pensión de orfandad”, fecha de aprobación de la Ley integral de lucha contra la violencia de género.
El texto aprobado incorpora también una disposición adicional en la que se establece que el Gobierno va a realizar, en el plazo de 3 meses, un estudio con la finalidad de analizar otros supuestos de orfandad absoluta para garantizar la misma protección que a los huérfanos a los que se refiere esta ley.
