Debe estar equivocado Piketty cuando critica el confederalismo fiscal español como proyecto insolidario y lesivo para la redistribución real entre ciudadanos. ¿O será el economista francés otro facha? Eso opina al parecer nuestra presunta izquierda oficial. De oficial todo, de izquierda nada. Descarta a priori esas críticas, y las moteja de insoportable y carcundioso centralismo. Cómo vamos a poner en cuestión el régimen fiscal especial y privilegiado de País Vasco y Navarra, cuando necesitamos los votos de la derecha nacionalista para gobernar. Acuérdense del abc de cualquier pacto: el requisito para absolver de todos los pecados capitales a la derecha, es que sea nacionalista. Es decir, no sólo neoliberal y al servicio de la patronal vasca, sino también ultramontana. Dios y leyes viejas, reza – nunca mejor dicho – el frontispicio jeltzale. Algunos entusiastas progres de Madrid tienden a celebrar con alboroto que la obra del racista Arana gane siempre las elecciones con abrumadora mayoría, porque en la simpar Euskadi, nos cuentan, ¡la derecha no tiene representación! ¿Qué será entonces el PNV?

El penúltimo trinque del nacionalismo sempiternamente extorsionador ha sido apurar las últimas transferencias competenciales, aunque para ello haya que practicar una marciana política de redistribución inversa: menos para los que menos tienen, y más para los que más. En el trasfondo de esas transferencias para País Vasco y para Navarra, la vieja querencia tribal de unir ambas regiones, pero no con el resto de partes de España en un Estado laico y plural, diverso sí, pero simétrico, justo e igualitario, donde no haya diferencias ni privilegios de origen institucionalizado, sino para conformar una tribu de uniformidad identitaria, ahormada por el relato oficial del nacionalismo étnico, en virtud al cual los discrepantes y sospechosos, los mestizos y tibios, sean purgados, expulsados o proscritos. Pues bien, en ese acuerdo, en el penúltimo trágala ofrendado en el altar del nacionalismo identitario, también aparece blindada, faltaría más, la competencia fiscal del País Vasco y Navarra.

Un Estado vaciado de capacidad fiscal, maniatado a la hora de acometer transferencias de las regiones más ricas a las más pobres para igualar, nivelar y equilibrar. Eso es España. Uno pensaría que la igualdad debiera ser siempre el objetivo de un gobierno de izquierdas, preocupado por la solidaridad y la redistribución: taponar cualquier posibilidad de elusión y fraude fiscal, obstruir las dinámicas de deslocalización y neutralización de facto de determinados impuestos imprescindibles para que la redistribución sea algo más que un latiguillo retórico vacío de contenido práctico y real. Nada más lejos de la cruda realidad.

No sería justo atribuir todas las culpas a nuestra supuesta izquierda. Ahí tienen al último valladar de patriotismo fetén, según nuestros patriotas de guardia, Navarra Suma, una suerte de coalición contra el perverso nacionalismo, consistente en esgrimir la bandera del foralismo como la quintaesencia de la unidad, piedra filosofal contra cualquier proceso secesionista. Contra la insolidaridad abrupta, una buena dosis de insolidaridad supuestamente dulcificada. E institucionalizada. Menudo pastel. El mismo que, por cierto, cocinan economistas neoliberales del PP como Lacalle cuando predican que el cupo no es el problema sino la solución a la financiación autonómica. Que cada región se quede lo suyo y dé la espalda a las demás, especialmente a las que más lo necesitan. Los más audaces nos cuentan que un cupo por región no es suficiente. ¿Qué tal un cupo por barrio o por persona? Los más húmedos sueños anarcoliberales en plena ebullición. Con la inestimable ayuda, no podemos olvidarlo, de una ex izquierda apasionada por la desigualdad y el privilegio de unos pocos. Ya lo dijo hace nada la antigua alcaldesa de Madrid: “Me parece increíble que se pueda criticar que unas personas tengan más derechos en un sitio que en otro. Claro que sí. ¿Por qué pueden tener una mejor educación en el País Vasco que en Andalucía? Pues porque probablemente la gestión se hace de una determinada manera. No se puede gestionar desde el centralismo”. Es la voz de la supuesta izquierda, no la de Hayek o la de Juan Ramón Rallo, por si alguno tenía dudas.

Por mirar a otro lado, el dislate no desparece. Seamos intelectualmente honrados y reconozcamos lo obvio. El blindaje de la competencia fiscal de las CCAA en España implica la constante posibilidad de que las regiones ricas – he ahí las joyas de la corona nacionalista, pero también la capital del Reino, paradigma genuino de insolidaridad fiscal – bajen o eliminen impuestos, en una lógica de dumping insolidario y destructivo para la redistribución con las más pobres. A partir de ahí, la deslocalización de grandes empresas y capitales no encuentra limitación real alguna. Con la inexistente armonización actual, cualquier intento de mejorar la progresividad del sistema es simple voluntarismo. O deliberada tomadura de pelo. Que haya paraísos fiscales de facto en la UE habla de las disfuncionalidades de un proyecto que será errático hasta que no existe una unión fiscal de verdad y una posibilidad de redistribución seria, más allá de lo ornamental. Unión fiscal que seguramente no veremos nunca. Pero qué vamos a decir nosotros si España es el ejemplo más genuino de confederalismo fiscal. Que esto le guste a nuestros economistas y gacetilleros neoliberales, a la derecha madrileña o al nacionalismo, se entiende bien. Lo que resulta una broma de mal gusto es que esto se defienda con especiales bríos por parte de una supuesta izquierda que justifica desigualdades y privilegios regionales por supuestos derechos históricos y sentimientos identitarios. ¡Cómo si pagar impuestos fuera una apetencia del espíritu!

El envoltorio nominal puede ser el que quieran pero la competencia fiscal más descarnada entre regiones, la asimetría fiscal confederal que padecemos en España, es, junto a la explotación laboral de falsos autónomos y precarios múltiples, la política más genuinamente derechista de todas cuantas existen hoy en España. Y no hay pocas con ese sesgo ideológico. Con ser grave, hay algo que lo es más: que se utilice el nombre socialista para blanquear semejantes políticas. Les confieso que a mí, como socialista, me parece asqueroso.

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Nací en Madrid en noviembre de 1989. Me licencié en Derecho en 2011 por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Práctica Jurídica por la EPJ de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2013. Desde hace más de cinco años me dedico al ejercicio libre de la abogacía en las jurisdicciones civil, penal y social, así como en el Turno de Oficio. Curso estudios de Ciencias Políticas en la UNED. Formé parte del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia. En la actualidad, soy portavoz adjunto de Plataforma Ahora y su responsable de ideas políticas. Creo firmemente en un proyecto destinado a recuperar una izquierda igualitaria y transformadora, alejada de toda tentación identitaria o nacionalista. Estoy convencido de que la izquierda debe plantear de forma decidida soluciones alternativas a los procesos de desregulación neoliberal, pero para ello es imprescindible que se desembarace de toda alianza con el nacionalismo, fuerza reaccionaria y en las antípodas de los valores más elementales de la izquierda.

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