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Condena por desobediencia grave a cuatro miembros de la mesa del Parlament de 2017

El TSJC condena a 20 meses de inhabilitación y absuelve a Mireia Boya, presidenta del grupo de la CUP en aquel momento

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha publicado hoy la sentencia condenatoria a los cuatro de los miembros de la mesa del Parlament por los hechos acontecidos en 2017, dentro del «procés de independencia».

La pena impuesta es de 20 meses de inhabilitación especial a cargo público electo por comisión de delito de desobediencia grave, al no obedecer al Tribunal Constitucional y permitir la tramitación de las leyes de desconexión de Cataluña. Además se ha impuesto una sanción de 30.000 euros. Se ha seguido así lo solicitado por la Fiscalía.

Las leyes que admitieron a trámite para ser debatidas por el plenario provenían de las conclusiones elaboradas por la Comisión de estudio del proceso constituyente, además de la ley de los presupuestos -que incorporaba una partida específica para realizar la votación-, así como las leyes de transitoriedad y del referendum, que fueron votadas en los plenos celebrados el 6 y 7 de septiembre de 2017, así como la declaración de independencia, que fue inmediatamente suspendida.

Los condenados son:

  • Los exvicepresidentes: Lluis María Corominas y Lluis Guinó
  • Exsecretaria cuarta: Ramona Barrufet
  • Exsecretaria primera: Anna Simó
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Mireia Boya, que también pertenecía a la mesa del Parlament y estaba siendo investigada, ha sido finalmente absuelta al no haber sido nominalmente advertida por el Tribunal Constitucional y no ostentaba condición representativa según exige el tipo penal.

En aquel momento, la presidenta de la mesa del Parlamet era Carme Forcadell, que por estos mismos hechos, ha sido condenada por el Tribunal Supremo a 11 años y medio de prisión.

La valoración que ha efectuado el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, es que esta sentencia supone «un nuevo ataque al parlamentarismo y a la libertad de expresión». Considera que «debatir, hablar, discutir libremente cualquier tema en sede parlamentaria no es un delito, es un derecho».

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