Conchi Abellán, diputada en el Parlament de Catalunya, Secretaria de Movimiento Popular y Sociedad Civil de Podem Catalunya y miembro del Consejo Ciudadano Autonómico es, ante todo, una activista social que sueña con llevar la reivindicación del pueblo a los escaños del poder legislativo. Ella inició su activismo en el barrio de Buen Pastor y está muy sensibilizada con el sufrimiento de la gente porque lo ha sufrido. Cuando ha luchado contra los desahucios, es porque, cuando sus dos hijos eran muy pequeños, tuvo que marchar de su piso por una orden judicial. En un momento como el que se está viviendo en la actualidad, el activismo es fundamental para romper las telas de la vieja política y que dejen pasar el aire de las necesidades de la gente.
¿Qué es lo que está impidiendo que desde el poder legislativo no se aprueben las reformas que la gente realmente necesita?
Los que impiden que se lleven a cabo las reformas que la gente necesita son aquellos que no se presentan a las elecciones. Son los poderosos quienes han decidido y continúan decidiendo las políticas económicas que les más les interesan. No hay más que ver quién se ha beneficiado de las políticas que se han llevado a cabo durante los años de la crisis. Hablamos de puertas giratorias, corrupción, amiguismo, etc.
¿Están sometidos los poderes democráticos a los intereses de las élites económicas y financieras?
Sin lugar a dudas, por eso era y es tan importante poder tener una fuerza popular con peso en el Congreso. Pero también necesitamos una sociedad organizada que exija políticas públicas que garanticen que la gente pueda tener una vida digna.
En Podemos no le debemos nada a los bancos. Y lo hacemos porque tenemos claro a quién a nos debemos, a la gente, y lo tomamos como un principio básico. No tenemos las manos atadas.
Según el último informe del CGPJ sobre los efectos de la crisis, los desahucios por impago de alquiler suponen un 90% del total. ¿Qué análisis hace usted de esta cifra?
Son una barbaridad. Y eso que en esas cifras no aparecen los desahucios invisibles, esos que no pasan por unos juzgados pero que, a efectos reales, subiendo de un día para otro 200, 300 o 400 euros el alquiler, obligan a muchas familias a tener qué marchar por no poder asumir ese precio. España tiene un 2% de vivienda pública. Esto nos vuelve vulnerables frente a los bancos y los fondos buitres que quieren y deciden el precio de la vivienda en este país. Es una situación que debemos revertir, puesto que la vivienda es un derecho básico recogido en nuestra Constitución.
Mientras en el procés catalán se utiliza la Constitución como arma arrojadiza, ¿está el Estado incumpliendo la Constitución en lo relativo a la protección social de las personas?
Mientras hablamos del Procés, ¿quién habla de las necesidades reales de la gente? ¿quién habla de los recortes que han empobrecido a la gente? Un buen amigo y compañero dijo un día que las banderas son los pañuelos de los cobardes. No puedo estar más de acuerdo.
Porque, al final, lo que nos define es qué políticas realizamos. Y aquí quiero recordar que la Reforma laboral del PP del año 2012 salió adelante gracias a los votos de CiU, de la que la Junts per Catalunya es heredera.
El pacto entre Sanchez e Iglesias, ¿por qué está generando tanto miedo? ¿España tiene miedo a la justicia social?
Genera miedo a los aquellos que se han enriquecido a costa del sudor de la gente trabajadora de este país: a la CEOE, a los fondos buitre, a los bancos o a las multinacionales. Tienen miedo porque saben que desde Unidas Podemos no vamos a dar un paso atrás en la defensa de unas políticas que garanticen una vida digna.
Además, los medios de comunicación han magnificado siempre cualquier cosa que ha pasado en nuestra organización para deslegitimarnos, llegando al punto de inventarse auténticas barbaridades para que la ciudadanía perdiese la ilusión y pensase que éramos como el resto de formaciones políticas. Pese al trabajo oscuro de ‘la máquina del fango’, todo ha ido cayendo y se ha demostrado que todo eran falsedades.
La gente, con su voto, ha demostrado que quiere cambio. No se van a volver a repetir las mayorías absolutas y eso obliga a que todos los partidos busquemos mayores consensos. Es algo nuevo en nuestro país, no estamos acostumbrados a ello y creo que es una de las razones que generan inseguridad a la población.
¿Qué le parece que las grandes fortunas estén preparando una gran fuga de capitales a Portugal?
Creo que refleja lo que muchos sabemos, que quien más tiene es quien menos quiere pagar. No se marchan por inseguridad o por inestabilidad en el país, lo hacen porque quieren seguir eludiendo impuestos. Porque quieren seguir siendo cada vez más ricos.
En España hay más de 60.000 millones de fraude fiscal y eso no lo podemos permitir. Es de sentido común que quién más gane debe pagar más.
No podemos seguir asfixiando a las Pymes con un 20% de impuestos mientras las multinacionales sólo pagan un 7%. Ese dinero es el que permite que podamos tener más servicios públicos, como hospitales, colegios, pensiones…
Se culpa al Procés catalán del crecimiento de la ultraderecha, ¿no tendrá más que ver el fracaso de la política, sobre todo de la izquierda, a la hora de dar soluciones reales a los problemas de los ciudadanos?
No creo que la culpa sea exclusiva de la izquierda, sino de la poca voluntad política para llegar a acuerdos y asumir los errores. Se ha fomentado la división en base a criterios nacionales. La sociedad ahora se mueve más por la identidad territorial que no por una identidad social.
Cuando en Catalunya preguntas cuál es el proyecto social de los partidos independentistas, retumba el silencio. Lo vemos con las políticas que llevan años imponiéndonos unas políticas que han permitido que la Sanidad en Catalunya esté entre las peores de España, que tengamos la universidad más cara o que se hayan externalizado servicios públicos.
También podemos hablar de la Renta Garantizada la cual sigue sin reglamento después de dos años. Hay muchas familias a las que se les ha denegado o siguen esperando saber si la podrán o no recibir después de meses de espera. Y otra muestra más de la incompetencia de este Govern es la externalización de la gestión, adjudicada a Deloitte, poniendo en manos de empresas privadas la gestión de una prestación tan sensible como es la Renta Garantizada.
Y pasa lo mismo con los autodenominados partidos constitucionalistas, que les preguntas por su modelo de país y es un modelo de pulsera, que no pone freno a la evasión fiscal, a la corrupción, que permite que lo privado sea quien gestione el dinero público y que quien menos tiene, no tenga derecho a nada.
Hablemos de corrupción, un hecho que cuesta 90.000 millones de euros al año a la ciudadanía. ¿Como valora la tortura a la que el aparato corrupto del Estado somete a los denunciantes y alertadores?
Es una vergüenza que quien sale a denunciar la corrupción se vea envuelto en un acoso y derribo constante. Conocí a Robert Martínez y María José Alarcón, afectados por BB Serveis que cuando denunciaron a la empresa pasaron por un calvario enorme. Perdieron su vivienda, no encontraban trabajo, les perseguían y vigilaban, todo sin apoyo psicológico ni acompañamiento legal. A día de hoy siguen viviendo desprotegidos mientras aquellos a los que denunciaron ya salieron de la cárcel (fueron condenados) y están volviendo a actuar de la misma manera.
No se puede permitir que se trate a quien denuncia como a delincuentes. Más protección y más seguridad es lo que necesita la persona cuando va a denunciar irregularidades.
En Catalunya tenemos una ley aprobada en el Parlament, que vino de una iniciativa de Xnet, que pedía garantizar los derechos de los denunciantes y recibir protección policial, tanto en el sector público como en el privado, pero no hemos visto de momento cambios ni mejoras en ello.
¿Está de acuerdo con que, según distintas denuncias presentadas ante la UE, esta situación de los denunciantes solo es posible porque existe una corrupción judicial?
Corrupción y silencio judicial y político. Hemos visto políticos y partidos envueltos en tramas corruptas. Podríamos estar todo el día hablando de casos que ya han sido cerrados y de los que siguen investigándose. Han permitido poner los intereses de las élites por encima de los intereses del pueblo.
¿Apoyará Podem para que la nueva directiva de protección a los denunciantes de corrupción se transponga de inmediato en la legislación española?
Claro, siempre hemos dejado claro que debemos acabar con la corrupción, venga de donde venga. Y haremos todo lo que esté en nuestra mano para ello.
Estamos siendo testigos de cómo la ciudadanía solo encuentra amparo ante las estafas de la banca en los tribunales europeos, ¿esto es un fracaso de nuestra democracia o del poder judicial?
Las estafas de la Banca, como las preferentes, las cláusulas abusivas de las hipotecas, los contratos multidivisa, intereses de demora, etc. Son millones de personas estafadas, de las cuales la mayoría han intentado pasar página sin denunciar porque no tienen amparo aquí.
Es otro fracaso más de nuestra democracia a lo que debe ponerse remedio urgentemente que quien guarda nuestro dinero se haya dedicado a estafar con el beneplácito de políticos y poder judicial.
¿Como podrá convivir en el gobierno una ministra de economía que defiende el continuismo de las políticas neoliberales con los ministros de Podemos que deberían luchar por las necesidades de la gente?
Tenemos un preacuerdo firmado y queremos llegar a acuerdos y consensos por responsabilidad de país, asumiendo la fuerza resultante de las elecciones.
Tenemos por delante retos importantes donde nuestra prioridad serán las necesidades de la de la gente trabajadora. Asumimos el compromiso porque creemos que podemos mejorar las políticas creando más empleo, que podemos luchar contra la corrupción, contra el cambio climático, hacer políticas feministas, justicia fiscal, así como garantizar y fomentar el dialogo en Catalunya.
¿Cuáles son las reformas más urgentes que necesita el pueblo?
En mi opinión, considero que lo más urgente es la derogación de la reforma laboral, el blindaje de las pensiones y que se regularice su actualización al IPC, así como la subida del SMI a 1000 euros, derogar la Ley Mordaza y blindar los servicios públicos en la Constitución.
¿Cuáles, realmente, cree que se podrán aprobar en un corto plazo?
Primero debemos ver si finalmente se consuma la investidura y hay Gobierno. Tenemos la esperanza de que se consigan los números necesarios para ello, pero hay que ser cautos.
Hay reformas que podrán ser a corto plazo y otras que tocara primero hacer un debate sereno, sosegado y con consensos. Además, es importante el trabajo parlamentario.
Pero de todo lo que hemos hablado, es imprescindible que el pueblo sea el eje vertebrador de dichas políticas. Sin un pueblo organizado no se consiguen las conquistas de derechos. Los pensionistas, los sindicatos de inquilinas, la PAH y las diferentes huelgas han sido y son un ejemplo de ello. Moverse, pelear y visibilizar una injusticia obliga a posicionarse a los partidos y generar el debate para poder hacer las políticas más efectivas. Nosotros estamos aquí para pelear cada derecho, pero somos la correa de transmisión y la herramienta de todos aquellos colectivos que diariamente realizan una labor imprescindible.
