A menudo escuchamos ese discurso machacón propagado por la derecha española que se basa en la gran mentira de que la política social supone tirar el dinero, de que no es posible mantener el Estado de Bienestar en el siglo XXI y de que la izquierda es poco menos que sinónimo de hambre y paro. Esa falacia ha sido desmontada en apenas tres años en un lugar del Mediterráneo lleno de naranjos y hermosas playas que había quedado sepultado por un fango de corrupción, despilfarro, capitalismo salvaje y nepotismo: la Comunidad Valenciana.
Hoy aquella región levantina empieza a levantar cabeza tras su época más oscura –el ‘campsismo’ con su Corte de los “amiguitos del alma”–, demostrándose así que en política no existen los milagros económicos, sino la inteligencia y la honradez de unos gobernantes y su capacidad para trabajar por los ciudadanos.
En las últimas horas el president del Consell, Ximo Puig, consciente de que sus datos de gestión son buenos y de que es el momento de rentabilizar su gobierno en las urnas, ha convocado elecciones en la Comunidad Valenciana para el 28A, el mismo día de las generales, de tal forma que los valencianos tendrán su propio ‘superdomingo’. Con este adelanto electoral, Puig trata de aprovechar el tirón ganador que las encuestas parecen otorgar a Pedro Sánchez y de sumar esfuerzos entre el PSOE y el PSPV de cara a lograr la victoria tanto en Madrid como en Valencia. Quién lo iba a decir hace solo tres años, cuando Sánchez era defenestrado por el partido y Puig coqueteaba peligrosamente con el susanismo.
Hoy las refriegas socialistas forman parte del pasado y el motor de la Comunidad Valenciana vuelve a carburar de nuevo, aunque la decisión de Puig de convocar elecciones no haya sentado nada bien a Compromís, su principal socio de gobierno. Mónica Oltra, vicepresidenta del Ejecutivo regional, ha asegurado que no se dan las “razones políticas” para adelantar las autonómicas, por lo que ella y los otros cuatro consellers de su formación se han opuesto a la medida. Está por ver cómo este movimiento estratégico de Puig afectará a las futuras relaciones entre el PSPV y Compromís, pero más allá de desavenencias políticas y familiares una cosa está clara: el Pacto del Botànic −suscrito el 11 de junio de 2015 entre el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), Compromís y Podemos para dar estabilidad a aquella comunidad tras los años de corrupción sistémica del PP− ha sido una historia de éxito.
El experimento a tres bandas ha funcionado, ya que ha permitido profundizar en políticas sociales tras demasiados años de despilfarro y de “capitalismo de amiguetes”. Se han cuadrado cuentas, se ha reducido el déficit público y se ha empezado a hacer política de verdad para los ciudadanos, no para el negocio privado y el pelotazo fácil. Ya el primer año de gobierno del tripartit los presupuestos valencianos de 2016 incluyeron la mayor inversión en gasto social de la historia de la Comunidad Valenciana: 13.314 millones de euros para sanidad, educación, políticas inclusivas y vivienda. En definitiva, un buen reguero de dinero público para recuperar el maltrecho Estado de Bienestar tras los duros recortes del PP. Hasta se pudo rescatar algún que otro hospital público, como el de Alzira, que había sido malvendido por el PP a la empresa privada.
Además, se destinaron 5,9 millones a la lucha contra la pobreza energética; se incrementó el presupuesto para la renta garantizada en un 35,66% y se pagaron las ayudas a la dependencia que con los gobiernos de Camps nunca llegaban o llegaban con tanto retraso que no pocas veces el pensionista había fallecido cuando se le adjudicaba la prestación. Por si fuera poco se ampliaron hasta en un 60% los casos para poder percibir las ayudas.
En el capítulo de igualdad de la mujer no es poco lo que ha hecho el Gobierno de izquierdas, ya que han aumentado un 50% las ayudas a las víctimas de la violencia de género. Últimamente hasta se ha recuperado la paga extra de los funcionarios que fue suprimida en 2012, cuando la Generalitat entró en quiebra por las políticas de derroche y de proyectos faraónicos del PP.
Pero es que además se ha incrementado en un 237% el presupuesto destinado a cooperación, mientras Valencia se ha situado en la mapa de la solidaridad a nivel mundial al acoger al buque Aquarius repleto de refugiados que la Italia de Salvini decidió abandonar a su suerte en medio del mar. Todo lo contrario a lo que se hizo en los años del conseller popular Rafael Blasco, cuando los fondos de cooperación se desviaban a los bolsillos de fulanos y aprovechados.
Pero los logros de este tripartit que nació con carácter de urgencia y que se ha consolidado contra todo pronóstico en una sociedad conservadora como es la valenciana no han quedado ahí. La Comunitat es una de las regiones españolas que más han incrementado su PIB; se eliminaron los copagos farmacéuticos a pensionistas con rentas bajas, a personas con diversidad funcional y a los usuarios de centros de atención de día; se recuperó la asistencia sanitaria universal; y se aprobó la moratoria urbanística para los proyectos que afecten a la franja costera protegida por las leyes medioambientales.
No hay que olvidar que además se firmó un convenio con Transparencia Internacional para auditar las cuentas del Consell del Partido Popular, un gobierno carcomido por la red mafiosa Gurtel y otros escándalos mayúsculos; se impulsó la personación del gobierno autonómico en causas judiciales de corrupción del anterior Ejecutivo; y se gestó el embrión de la futura Agencia Tributaria valenciana. Además se puso en marcha una iniciativa para la gratuidad de los libros de texto e incluso se pudo abrir un nuevo canal de televisión pública, À Punt, después de que Canal 9 tuviera que ser cerrado el 14 de julio de 2016 tras detectarse un inmenso agujero contable fruto de la nefasta gestión del PP, que había convertido aquel medio de comunicación en un nido de enchufados y amiguismos con sueldos astronómicos.
Hace apenas unos días se ha conocido que la inversión extranjera en la Comunitat Valenciana se ha duplicado en los últimos tres años y medio de legislatura, aumentando un 51% respecto al periodo anterior con los gobiernos del PP. El mérito, sin duda, hay que atribuírselo al clima de estabilidad y confianza que el Gobierno Puig/Oltra ha sabido generar para atraer estas inversiones mientras en otras comunidades como Cataluña la empresa privada ha ido reduciendo su presencia tras las turbulencias económicas generadas por el ‘procés’.
Que el Pacto del Botànic ha sido un ejemplo fiel de cómo se debe gobernar para el ciudadano está fuera de toda duda, pese a que queda la gran asignatura pendiente: la reforma del sistema de financiación que permita paliar el déficit en infraestructuras que sufre la región. Hoy se puede decir que la Comunitat Valenciana es un paradigma, la prueba incontestable de que cuando la izquierda se une para trabajar y para hacer políticas sociales desde la racionalidad, la honradez y el sentido común es posible mejorar la vida de la gente.
Ahora falta que los valencianos no se dejen seducir por los cantos de sirena de la extrema derecha, por la guerra de las banderas y por el patriotismo estéril, de tal forma que refrenden la gestión de un equipo de políticos que ha acreditado su buen hacer y su eficacia en la gobernanza de un pueblo.
