El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha denunciado que la Fundación Jaume II el Just, con sede en el Monasterio de la Valldigna, desvió, entre los años 2004 y 2009, 4.291.878,47 € de sus presupuestos a empresas investigadas por conformar un entramado que presuntamente servía para el pago de sobornos a dirigentes populares y para financiar de manera ilegal las campañas del PP de la Comunitat Valenciana.
Según ha señalado Fran Ferri, «estos datos demuestran que el PP convirtió el Monasterio en el epicentro de una trama corrupta que desviaba dinero que en lugar de ir a Educación, Sanidad o Dependencia acababa en sobres y en campañas ilegales del Partido Popular”. Ferri destaca que la Fundación Jaume II el Just “funcionó como una escuela de corrupción para personas clave de esta trama como Marcos Benavent, vinculado a Alfonso Rus, o María José Alcón, vinculada a Rita Barberá».
En junio de 2016, el portavoz de Comrpomís ya denunció el desvío de 1.601.259,15 € de esta Fundación a través de 56 facturas a la empresa Thematic Events. Las facturas corresponden a ámbitos muy diversos que van desde la organización de festivales o eventos, hasta el alquiler de un coche para el desplazamiento del gerente de la Fundación, Vicente Burgos. Según las investigaciones policiales, esta empresa fue impulsada por el entonces trabajador de la Fundación, Marcos Benavent, como parte del mecanismo para desviar dinero público.
En segundo lugar se sitúa la constructora Cleop, investigada como financiadora del Partido Popular, la que recibió de la Fundación, entre 2005 y 2008 un total de 1.454.330,81 €. Esta empresa se destacaba en las grabaciones investigadas por la policía como una de las preferidas por Benavent y María José Alcón, quien también formaba parte de la Fundación en representación del Ayuntamiento.
También destacan los 974.620,73 € que recibió la empresa Comunicación Gráfica Siglo XXI, y los 322.011,05 € que recibió la empresa Universo Selección, sociedad de Enrique José Sospedra Barberá, sobrino de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Los 55.113 € restantes se repartieron entre otras empresas de la trama como Bérgamo, La Gráfica Integral, Vía Libre, Engloba, Processcolor y WIC.
En total, más de 4 millones de euros abonados a diez empresas de la trama del caso Taula entre 2004 y 2009, en una Fundación que se encuentra en proceso de liquidación después de que la gestión del Partido Popular dejara un agujero de 11 millones de euros.
«Por todo ello consideramos fundamental el trabajo que está llevando a cabo la comisión de investigación sobre el caso Taula en Les Corts, para sacar a la luz todo el saqueo, delimitar las responsabilidades políticas y conseguir que la corrupción no vuelva nunca más a las instituciones valencianas», ha concluido Ferri.
El caso Taula es el caso de corrupción de mayor envergadura del PP valenciano, afectando mayoritariamente al grupo popular del Ayuntamiento de València en las legislaturas de Rita Barberá como alcaldesa. El caso Taula arrancó en 2016 cuando el Juzgado de instrucción 18 de Valencia ordenó el 26 de enero de ese año la detención de decenas de representantes institucionales del PP, destacando el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus así como diversos funcionarios y asesores de la institución provincial y del Ayuntamiento de Valencia. La trama de blanqueo de dinero, desvío de fondos públicos y financiación ilegal se extendió afectando también al PP nacional.
