La crisis institucional que irresponsablemente generó la derecha con la grave decisión del Tribunal Constitucional no ha acabado. Ahora toca llevar a cabo la batalla para decidir a quien se nombra presidente del organismo. A la candidatura de Cándido Conde- Pumpido le ha salido una contendiente. Maria Luisa Balaguer quiere “meter la cuchara” en un lugar donde no le corresponde porque el que fuera fiscal general del Estado y miembro del Tribunal Supremo es el que quiere la izquierda. Pero la Balaguer aspira a ganarle. Con los votos de la derecha. La misma que cuestiona la legalidad constitucional de las iniciativas del Parlamento.
Este fin de semana prometieron los nuevos cargos del Tribunal Constitucional, los dos elegidos por “el tercio” del Gobierno, y los dos del Consejo General del Poder Judicial: una elección que recuerda a los “tercios” de la democracia orgánica fascista con la que Franco quiso blanquear su dictadura.
El próximo día 9 tomarán posesión de sus cargos. Y, a partir de ese momento, la composición del Tribunal Supremo quedará establecida en siete magistrados pertenecientes o afines al progresismo y otros cuatro al llamado grupo conservador. Una brecha entre tendencias que debería disminuir si el Senado elige al magistrado que le corresponde.
La “tradición” dice que ese magistrado debe ser designado por el PP. Pero, como muchas otras cosas dentro de la justicia en este país, la “tradición” se ha roto. A saber cómo acabará ese asunto. El enconamiento, que ya no es enfrentamiento, entre la izquierda y la derecha es de tal magnitud que es imposible un acuerdo en todo lo que se refiere a la actividad judicial.
Por lo tanto, la correlación de mayorías y minorías en el Tribunal Constitucional va a quedar, durante mucho tiempo, en 7 a 4. Y no 7 a 5 como debería de ser. En esa segunda circunstancia la brecha sería menor y las posibilidades de que la derecha ganara una votación gracias a las consabidas deserciones sería mayor. Ahora mismo, no parece posible. ¿O no?
El test del juego de mayorías y minorías en el Constitucional va a tener su primera gran prueba en la votación para presidente. Cándido Conde Pumpido cuenta, en un principio, con los votos de Ramón Sáez Valcárcel, Inmaculada Montalbán, Juan Carlos Campo y Elisa Díez. En total, cinco, si contamos el voto del ex fiscal general del Estado. El problema es que éste es un hombre “excomulgado” por la derecha. No quieren que sea el presidente del TC porque, como dijo su día el portavoz parlamentario en el Senado, Maroto, “no nos garantiza de que mire para otro lado si Bildu o los independentistas catalanes deciden poner en marcha un nuevo referéndum de autodeterminación”
Si, como todo parece indicar, en una maniobra torticera diseñada desde Génova, los conservadores optan por apoyar la candidatura de María Luisa Balaguer para derribar la de Conde-Pumpido, ésta tendría los votos de los magistrados conservadores: Enrique Arnaldo, la “correa de transmisión” del PP dentro del tribunal, Concepción Espejel, (Gracias Concha, según decía Dolores de Cospedal), Ricardo Enríquez, César Tolosa, y la propia Balaguer.
Cinco a cinco. Empate. Sería la nueva magistrada, María Luisa Segoviano la que decidiría si Balaguer o Conde Pumpido se hacen cargo de la presidencia del Tribunal Constitucional. Segoviano es una jueza procedente del Tribunal Supremo donde presidió, hasta su jubilación, la sala de Lo Social. Fue la primera presidenta de sala de la alta magistratura y se dice de ella que quiere “romper los techos de cristal” de las mujeres. En otras palabras, es militante feminista y por esa razón puede apoyar a Balaguer, que es mujer.
Pero no está claro que eso vaya a suceder. Pero si ocurre, si gracias al voto de la Segoviano, Balaguer se hace con la presidencia del Tribunal Constitucional, habrá que tener en cuenta que, en caso de empate en decisiones que pueden ser muy importantes, será ella la que decida gracias al voto de calidad. Y esa es la esperanza de la derecha que cree que, de esta manera, su juego de seguir patrimonializando la justicia en España no estará del todo perdido.
Han decidido que el CGPJ seguirá como hasta ahora ilegalmente, en funciones. Y encima pueden mantener la esperanza de seguir controlando el TC a pesar de no tener la mayoría. Ya lo hicieron durante la oposición a Felipe González, cuando Aznar aspiraba a la Moncloa, también cuando el presidente de honor del PP se aupó al poder, aunque con mayoría relativa y gracias a los apoyos de vascos y catalanes, cuando Rajoy, y con Casado. La derecha nunca ha querido ceder los privilegios de controlar a los jueces, desde cualquiera de sus organismos e instituciones, porque saben que, gracias a ello, no acabarán peor de lo que acabaron con situaciones como las de Gürtel que terminaron con una moción de censura que acabó con el mandato de Rajoy. Tienen miedo a los tribunales. Por eso los quieren controlar.
