En pie de guerra contra la posible apertura de una mina de feldespato. Así están los vecinos de Becedillas, Bonilla, Tórtoles y Zapardiel de la Cañada (Avila) ante la puesta en marcha de una explotación a cielo abierta en la sierra del Corneja. Y es que, dichos afectados, nada más conocer la noticia, le han visto las orejas al lobo de la destrucción del entorno en el que viven, trabajan y de su propia salud, y han puesto en marcha la plataforma No a la mina en el Valle del Corneja. “Vamos a llegar hasta donde haga falta para que el proyecto no se lleve a cabo y nuestro valle y el modo de vida, basado en la agricultura, la ganadería y el turismo, no desaparezcan”, explica a Diario16 Víctor Orgaz, portavoz de dicho movimiento popular. “Si se encuentra feldespato, vendrían las expropiaciones de las tierras y las nefastas consecuencias: acabar con la vida de pueblos que viven de la agricultura, el turismo y la ganadería. Sin olvidar las aguas contaminadas, enfermedades y destrucción del medio ambiente y del paisaje en general ya que las minas son a cielo abierto”, añade.
Un conjunto histórico-artístico en peligro
¿Pero cuándo comienza esta pesadilla? Hay que remontarse a finales de 2014 cuando la empresa Transportes, Excavaciones y Hormigones Sonsoles S.L., solicitó el permiso de investigación “Sonsoles número 1.138” que afectaba a una superficie de 54 cuadrículas mineras, en parcelas privadas, o lo que es lo mismo, los cuatro pueblos antes mencionados. Uno de ellos, Bonilla de la Sierra, es Conjunto Histórico Artístico desde 1983 y “además cuenta con cuatro casas rurales”, tal y como nos describe Carmen Delgado, su propietaria. “Tórtoles es, con siete alojamientos, el pueblo con mayor número de explotaciones rurales de este tipo del Valle del Corneja”, añade.
Dicho permiso fue concedido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila para hacer prospecciones y los respectivos ayuntamientos fueron informados sobre la situación, “nos enteramos hace un par de semanas al conocer los hechos por el BOP (Boletín Oficial de la Provincia)”, añade Orgaz. Tras dicho jarro de agua fría los afectados decidieron poner en marcha la plataforma, organizar su primera reunión, y de paso hacer reaccionar a sus alcaldes, que conocedores de todo no habían movido un dedo. “En esta reunión los ediles, si bien mostraron su unión a la plataforma en contra de la mina, respecto al expediente se limitaron a decir que como regidores no podían oponerse al edicto, aunque desconocían cómo tenían que proceder. Sin embargo, tras conocer por la página de Facebook “No a la mina en el Valle del Corneja” nuestro malestar, están informándose sobre las competencias que el Ayuntamiento puede llegar a tener al respecto”, añade Orgaz.
Ahora, tras nuevas reuniones de la plataforma “en una voz común de amor hacia sus pueblos”, los vecinos van a seguir en una lucha sin cuartel “para evitar que las prospecciones se lleven a cabo, ya que apuesten por la economía rural. Ávila no es una provincia minera y no queremos irnos de nuestras tierras. No queremos abandonar nuestros pueblos”, recalca su portavoz. A este lucha además suman la de hacer llegar al Gobierno Central una moción para que derogue la actual Ley de Minas y otras zonas de España puedan evitar esta situación.
El impacto ecológico de una mina de feldespato
Y es que la preocupación de los vecinos no es para menos. Basta ver el impacto severo de este tipo de explotaciones en otros lugares para darse cuenta del mismo. “La actividad extractiva es una de las más agresivas sobre el entorno natural porque supone la pérdida directa de hábitat y valores naturales como el paisaje o la biodiversidad. A esto se suma la pérdida de los servicios que estos ecosistemas ofrecen como pueden ser cultivos, alimentos en forma de pastos, caza, suministro de agua, depuración, etc. La explotación minera a cielo abierto deja una huella indeleble en el territorio a escala histórica. Para comprobarlo solo hay que darse un paseo por Las Médulas en León, para ver cómo persisten las huellas de las minas de oro romanas que se explotaron hace 2000 años”, nos dicen varios expertos en la materia que prefieren mantenerse en el anonimato.
Además, hoy en día este tipo de proyectos están sometidos a un procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental (EIA) muy riguroso con el fin de analizar los impactos del proyecto, prever su alcance y consecuencias, y formular alternativas destinadas a evitar o mitigar los impactos diseñando medidas correctoras y compensatorias. “En el caso de las minas, uno de los epígrafes que más ilustran los proyectos de EIA es la restauración de la cantera que en la mayoría de casos las explotaciones finalizan su actividad por pérdida de rentabilidad económica dificultando cualquier medida de restauración”, añaden.
A esto, según las fuentes consultadas, hay que sumar dos factores. El primero, que en los pocos casos donde se llegan a realizar restauraciones, las limitaciones técnicas y económicas llevan a naturalizar la cantera en vez de revertir el área a su estado original. En cuanto al segundo factor, es el económico. Hoy en día los promotores deben depositar una garantía para iniciar la explotación, pero éstas se demuestran insuficientes. En el propio permiso de investigación “Sonsoles” publicado en BOP de Ávila nº 40, de 28 de febrero de 2017, se impone una garantía financiera para la rehabilitación del espacio natural de 1.415 € para el conjunto de 54 cuadrículas mineras.
¿Intereses creados?
Entre tanto panorama desolador hay otro tema no menos delicado. El de los intereses económicos y políticos que pueda haber alrededor de dicha mina. “Los procedimientos de EIA presentan principalmente dos problemas. El fundamental, que es un análisis poco o nada independiente, realizado por la parte que se presume más interesada en ejecutar el proyecto, el promotor. Esto no quiere decir que todas las EIA estén viciadas de origen ni mucho menos; el procedimiento incluye garantías para evitar que esto suceda sometiendo el proyecto a exposición pública y a los dictámenes de las distintas administraciones implicadas en la actuación. Pero es aquí donde sutilmente se presenta el segundo de los problemas: los intereses políticos de turno. Éstos, a mi entender, son legítimos en tanto que representan en última instancia los intereses de la sociedad. Sin embargo, hay ocasiones que, debido a circunstancias transitorias como pueda ser la actual crisis socioeconómica, las instituciones pueden verse tentadas a obviar la afección ambiental en favor del rendimiento económico a corto plazo. ¿Cuántas veces se ha defendido un proyecto escudándose en los puestos de trabajo que iban a crear? En iniciativas tan contestadas socialmente como ésta, deberían existir mecanismos que aseguren una EIA independiente como podría ser el establecimiento de un depósito financiero para la contratación por parte de la administración de una consultora ajena a los intereses de explotación”, nos explica.
Adiós a la fauna y flora
Otros de los afectados por la posible apertura de una mina de feldespato son la fauna y flora de esta parte de la sierra de Ávila. Y es que si se lleva a cabo la propia explotación perderá todo rastro de vida conforme avancen las excavadoras. “A esto hay que sumar las consecuencias producidas en su entorno debido a factores como el ruido de la maquinaria y los explosivos que pueden ahuyentar la fauna a kilómetros de distancia; el polvo en suspensión arrastrado por el viento que puede interferir en los pastos y la vegetación de las inmediaciones; los sedimentos arrastrados por las escorrentías de agua o la alteración o intersección de cauces naturales que pueden afectar a la fauna acuícola, muy sensible a las agresiones externas. Estos son los más obvios, habría que estudiar el territorio sobre el que está proyectada la actuación y analizar la presencia de especies amenazadas, especies protegidas, especies clave que facilitan el funcionamiento del ecosistema y analizar sus relaciones ecológicas para evaluar el alcance real del impacto. Desde luego toda esa información debe estar incluida en la EIA, en caso contrario debe ser reclamada por la administración ambiental”, recalca dicho profesional.
Salud pública en peligro
La plataforma de vecinos suma, a la pérdida de su paraje natural, la de la preocupación por la salud pública del gas radón. Y es que sin una exhaustiva vigilancia y gestión de las administraciones a este respecto es mucho lo que se juegan. Basta ver que desde el año 2013 existe una Directiva Europea (2013/59 EURATOM) que establece normas de seguridad ante la exposición a radiaciones ionizantes como las producidas por este gas y que aunque aún no ha entrado en vigor en España (se tiene de plazo hasta el 6 de febrero de 2018 para su transposición a nuestro marco legislativo) se ha de tener en cuenta ya que nuestro país tiene amplias zonas de alto nivel de exposición al gas radón entre las que se encuentra la mitad sur de la provincia de Ávila.
Estas áreas coinciden en su mayor parte con macizos graníticos donde hay pequeñas cantidades de uranio. Dicho gas se produce de forma natural y constante en la roca madre fluyendo a través de grietas, aguas subterráneas y el propio suelo. ”Esto podría hacer pensar que independientemente de la apertura de la mina los habitantes puedan verse expuestos al radón de igual manera. Aquí es donde entra en juego otra peculiaridad de este gas que marca la diferencia. La cadena de desintegración del radón tarda en reducirse a la mitad 3.8 días. Por ello, la cantidad de este gas que se llega a liberar a la atmósfera tiene bastante que ver con el tiempo que tarde en fluir desde la fuente de emanación, la roca madre, hasta superar la superficie del suelo. Así, a groso modo, podríamos concluir que en suelos con grandes depósitos de materiales sobre la roca madre el tiempo de filtración a la atmósfera será mayor que en zonas desnudas”, concluye el experto.
Mientras van pasando los días, la plataforma No a la mina en el valle del Corneja, tiene más claro aún que no quiere mina alguna y que van a remover Roma con Santiago para poner punto y final a este despropósito. “Si no tuviéramos esperanzas, no estaríamos en esta lucha”, subraya la afectada Carmen Delgado. “Estamos informando a la gente sobre la problemática que la mina puede generar en la zona, creando una sensibilidad sobre esto. Y, por supuesto, llevando a cabo los procedimientos que marca la ley, concretamente presentando recursos de alzada en tiempo y forma”, finaliza Víctor Orgaz, portavoz de dicho movimiento.
