Hace unos días, y tras conocerse que la mafia policial había fabricado pruebas falsas contra Podemos, Pablo Iglesias exigió la puesta en marcha de una unidad especial contra las cloacas del Estado dependiente de la autoridad judicial. Sin embargo, todos los expertos policiales coinciden en que la medida, con ser necesaria, no terminaría por resolver un problema que ha existido con todos los gobiernos y que amenaza con convertirse en un cáncer de la democracia. Instaurar una policía antipatriótica es una idea más para avanzar en la limpieza de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pero, ¿quién vigilará entonces a los vigilantes? De hecho, ya existe una Unidad de Asuntos Internos y ello no ha podido evitar que la mafia policial siga trabajando con total impunidad.
Parece claro que el grave asunto de las cloacas del Estado no solo se resuelve con más medidas policiales sino que exige acciones políticas, legislativas, judiciales y didácticas de mucho mayor calado, algunas de las cuales están recogidas en el informe Integridad y responsabilidad de la Policía elaborado por UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).
Para empezar, todo funcionario de Policía debería estar obligado por ley a presentar declaraciones periódicas de bienes que acreditaran cuál es su patrimonio real. De esa manera, un agente como el comisario José Villarejo lo hubiese tenido mucho más complicado para levantar su inmenso entramado empresarial dedicado al espionaje a cambio de jugosas comisiones. La declaración de bienes debería ser obligatoria para todas las escalas profesionales, desde la básica a la superior. Por su supuesto, un organismo independiente sería el encargado de analizarlas y elevar el pertinente informe. No estaría de más que un gabinete psicológico sometiera a los policías a exámenes y test periódicos para detectar posibles inclinaciones corruptas, tal como se hace con los controles de alcoholemia y pruebas antidroga.
Los cuerpos policiales manejan considerables cantidades de información sobre víctimas, testigos, delitos y sospechosos, parte de la cual es de carácter privado y, en gran medida, confidencial. Esa misma información puede tener un alto valor en el mercado para delincuentes, periodistas o investigadores privados, de ahí que algunos agentes decidan caer en la tentación de venderla al mejor postor. Para contrarrestar ese riesgo es preciso adoptar medidas firmes y eficaces de seguridad en el tratamiento de la información. En los países avanzados los protocolos policiales exigen que cualquier agente que acceda a los bancos de datos deje constancia informatizada con indicación de la hora, la fecha y el nombre del agente interesado, así como el motivo de la consulta. Son necesarias por tanto inspecciones aleatorias y periódicas de estas operaciones para saber la razón por la cual se accedió a esos datos y qué se hizo con ellos. Toda información sobre operaciones o investigaciones pasadas o en curso es susceptible de ser vendida. En los casos en que el investigado sea una persona relevante, la información puede ser de un valor inestimable, no solo para un delincuente, sino también para periodistas que buscan una primicia interesante. No hace falta recordar qué personajes de la prensa madrileña se han visto involucrados en casos como el de Villarejo recientemente.
También se antoja fundamental saber qué precauciones se toman para proteger la información policial confidencial, si se mantienen bajo la debida custodia los archivos de documentos escritos y si el acceso está limitado solo al personal autorizado. Las medidas de seguridad deben ser máximas y los documentos desechables o desclasificados deben pasar necesariamente por máquinas troceadoras para su eliminación cuando ya no sean de interés policial. En este aspecto conviene saber qué procedimiento se sigue para la destrucción de información confidencial.
El Parlamento, como máximo órgano de la soberanía nacional, debe saber cómo se protege la información reservada, si tienen acceso a ella solo los funcionarios autorizados, si se llevan a cabo inspecciones periódicas y qué plazos existen para su conservación antes de su destrucción. Llegados a este punto algunas preguntas resultan interesantes: ¿qué pasa con el expediente de una causa cuando vencen los plazos con arreglo a la prescripción? ¿Hay alguien encargado de eliminar los expedientes antiguos? El Gobierno debería aclararlo.
La corrupción policial es un problema aún más grave si cabe que la corrupción política, ya que deja indefenso al sistema judicial ante conductas que atentan contra la democracia misma. Entre las prácticas corruptas más extendidas figuran no hacer cumplir la ley (haciéndose el “desentendido”) a cambio de un favor o ganancia; exigir el pago de sobornos mediante favores; el hurto o uso indebido de bienes en posesión legal de la policía para su custodia; “perder” o manipular pruebas para acusar a alguien o frustrar una condena; vender información confidencial; o participar directamente en actividades delictivas como el contrabando o el tráfico ilícito.
Otras prácticas contrarias a la integridad de la policía y que son habitualmente utilizadas por las cloacas del Estado van desde obtener y utilizar pruebas sin seguir los procedimientos judiciales prescritos (grabaciones ilegales en el caso Villarejo); cometer flagrantes violaciones de los derechos del ciudadano, incluida la obtención de confesiones mediante coacción o intimidación; y colocar e inventar pruebas o prestar falso testimonio en un juicio (perjurio).
El secreto para combatir estas corruptelas reside en el desarrollo y mantenimiento de sólidos mecanismos de rendición de cuentas y de supervisión. Es fundamental para la salud de la democracia garantizar la integridad policial. Puesto que la policía suele ser la parte más visible del Gobierno y la que tiene un mayor contacto con la población, la confianza de una nación hacia sus agentes es proporcional a la que siente por el sistema. Por tanto, la obligación de rendir cuentas es “la clave del buen funcionamiento del país” por su efecto profiláctico y disuasorio ante la corrupción. Es menos probable que se comprometan las normas de conducta si son supervisadas.
Estrictos procesos de selección y formación de los funcionarios de policía, sueldos dignos, condiciones de trabajo aceptables, disciplina y constante supervisión, así como la necesidad de crear mecanismos para recibir y tramitar las quejas de los ciudadanos, ayudan a evitar la corrupción policial.
De ahí que se haga imprescindible la redacción de leyes y códigos de conducta para prevenir la formación de cloacas del Estado (endurecimiento de las sanciones internas y del Código Penal); la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento, supervisión y vigilancia de la conducta de los policías; edición de manuales de orientación y de procedimientos operativos de prevención de la corrupción; elaboración de test encaminados a vigilar y poner a prueba la integridad de los funcionarios; y puesta en marcha de una comisión u organismo de control para la lucha contra la corrupción policial.
También se hace necesario formar al agente en normas éticas y de respeto a los derechos humanos; introducir auditorías en departamentos policiales; permitir que organizaciones no gubernamentales o grupos de interés independientes sigan de cerca la actividad policial; garantizar la independencia de los agentes frente a presiones políticas indebidas; y potenciar las unidades de investigación.
Los presupuestos policiales deben ser objeto del más estricto control. Por tanto, sería deseable una ley de control de los fondos reservados que establezca rígidos mecanismos de fiscalización. Esa partida presupuestaria no debe quedar al libre albedrío de los ministros de Interior, directores generales o jefes policiales. También deberían reforzarse los procedimientos para autorizar gastos y para supervisar la contabilidad de las comisarías.
La Policía debe garantizar la igualdad en promociones y ascensos. Existen casos en que el nombramiento o ascenso se basa en el clientelismo o nepotismo. Si los nombramientos no se firman en función de los méritos y se socava la eficiencia y calidad de la policía se crean legítimos motivos de descontento. Un agente sometido a un trato injusto puede terminar en las cloacas por puro despecho. A su vez, el buzón de quejas internas debe funcionar con mayor fluidez y el policía denunciante de corrupción debe gozar de la máxima protección.
Los procesos de selección deben estar perfectamente regulados. Los antecedentes biográficos de los candidatos deben ser filtrados con el máximo rigor. El sueldo digno del policía es fundamental. Un agente mal pagado que busca ingresos adicionales en actividades extraoficiales puede ser carne de cloaca. Los ascensos deben ser imparciales, al margen de influencias políticas. Se debería exigir una baremación de méritos independiente y objetiva, libre de simpatías ideológicas o favoritismos.
Lo más importante es que el partido que gobierne tenga verdadera intención de limpiar esas cloacas porque de nada valen los procedimientos, por muy buenos que sean, si los responsables de llevarlos a la práctica no tienen ningún interés, incluso porque ellos mismos están implicados en ellas. Lo mismo PP, sobre todo últimamente, y PSOE, anteriormente, han sido los artífices de esas cloacas y es de suponer que C’s, aunque todavía no ha gobernado, pero si ha apoyado lo mismo a unos que a otros, estaría de acuerdo. El único que podría limpiar de verdad poniéndole intención es PODEMOS, por eso esas cloacas han ido contra él fabricando incluso pruebas falsas para intentar hacer ver a la gente que era un partido tan corrupto como ellos.
Teatro, puro teatro. Mientras las elecciones estén bajo sospecha de pucherazo y nada se haga para que sean verificables en tiempo real nada va a cambiar más que ligeros retoques a la fachada de esta democracia. Interiormente el edificio seguirá corrompido y todo seguirá atado y muy atado.
Las cloacas del Estado son necesarias para defender al propio estado en el interés general, pero en el interés general de seguridad y bienestar general, porque hay otras cloacas contra las que hay que defenderse. Como por ejemplo la de PODEMOS y otros como el PP, el PSOE, el terrorismo, el independentismo, las mafias, la criminalidad organizada, etc… Vds. Srs. de PODEMOS pregonar pregonan pero luego participan en la corrupción. Puedo demostrarlo con lo de su participación en MADRID NUEVO NORTE. Todos están «PRINGAOS». EL falso brillo del falso bienestar les ciega. Se les ha demostrado que es una estafa, pero esa estafa proporciona dineros corruptos y hasta con muerte, pero no les importa. Ya ve que tambien deben callarse.
Se nota que perteneces al bando de los mentirosos y corruptos que fabrican noticias falsas queriendo engañar a la gente de que PODEMOS es igual que los otros partidos que están imputados, procesados e incluso encarcelados. No Mar de Vick, PODEMOS no es como tú y los tuyos, porque eso que quieres fabricar no se sostiene primero porque está por demostrar la corrupción de ese proyecto y segundo porque el único que podría estar implicado en dicho proyecto es un traidor, llamado Iñigo Errejón, que pertenece a otro partido. Así que deja de fabricar mentiras que se te ve demasiado el plumero