La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inicia hoy el juicio contra la antigua cúpula de Pescanova por haber falseado, presuntamente, las cuentas de la compañía.

Está previsto que el juicio tenga más de 30 sesiones y que el procedimiento quede visto para sentencia en el mes de marzo del próximo año.

La investigación comenzó en el año 2013 por parte del Juzgado central de instrucción, a cargo del juez José De la Mata, quien propuso juzgar a 19 ex altos cargos de la pesquera, más 12 sociedades que habrían cometido presuntamente delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falseamiento en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes, uso de información privilegiada e impedimento para la actuación del organismo supervisor.

Según publica Europa Press, los acusados habrían utilizado desde 2007 una red de sociedades instrumentales «sin personal, recursos ni instalaciones, radicadas en despachos profesionales o centros de negocios», con el objetivo de «registrar operaciones comerciales irreales con el Grupo Pescanova».

En el auto de apertura del juicio oral, el juez De la Mata señalaba que las cuentas anuales de la pesquera en 2010 y 2011 no se correspondían con la realidad de la situación económica y financiera de la sociedad y su grupo.

En el banquillo se sentará el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa; su hijo, Pablo Javier Fernández Andrade y otras 17 personas que, junto a ellos están acusadas de haber manipulado los datos contables de la compañía correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2012, que habría tenido el objetivo de ocultar las pérdidas millonarias que llevaron a la empresa a declarar un concurso de acreedores.

La Fiscalía solicita para el expresidente de Pescanova 28 años de prisión y multa de más de 22 millones de euros. Para su hijo, solicita 13 años de prisión y algo más de medio millón de euros; para Alfonso Paz Andrade, quien fuera consejero delegado, solicita 12 años de prisión y más de 5 millones de euros de multa.

La acusación solicita, para la empresa matriz una multa que ronda los 350 millones de euros. La auditora BDO tendría que responder por 45 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. De manera subsidiaria, respondería el socio auditor Santiago Sañé Figueras, con 161 millones de euros.

 

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