El Colectivo Lucientes rechaza la injustificable intervención del Ayuntamiento de Madrid por el Ministerio de Hacienda.

Lucientes considera que los recortes impuestos por Montoro al Ayuntamiento de Madrid y que se está viendo obligado a llevar a cabo esta institución, están repercutiendo negativamente en la calidad de vida de los madrileños y madrileñas, provocando la paralización de inversiones en obras pública en los distintos barrios de la ciudad y el recorte de servicios públicos a la ciudadanía, “no es un ataque al gobierno Municipal, es una ataque a los madrileños y madrileñas”.

El colectivo asegura que se van a ver afectados, la construcción de nuevos polideportivos, centros de mayores, centros de servicios sociales, obras de mejora en colegios públicos, actuaciones en vías públicas, mejoras en la atención a las personas con dependencia, etc., por estas medidas de recortes injustificados que Montoro está aplicando en la ciudad de Madrid.

El actual consistorio madrileño ha reducido la deuda en 2.000 millones de euros, ha tenido un superávit de más de 1.000 millones en 2016 y ha aumentado la inversión social en un 74% respecto al anterior equipo de gobierno del PP. A pesar de ello, el ministro de Hacienda intenta estrangular a Madrid esgrimiendo un supuesto incumplimiento de la regla de gasto, que impide a los ayuntamientos incrementar la inversión a pesar de que cierren sus cuentas con superávit, afirman.

Colectivo Lucientes apoya firmemente que el Congreso apruebe una ley que modifique los criterios de aplicación de la regla de gasto a los ayuntamientos. Esto permitiría a las corporaciones locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (nivel de endeudamiento inferior al 110% de sus recurso corrientes), así como con el periodo máximo de pago de la deuda comercial (pago a proveedores inferior a 30 días), reinvertir su superávit fiscal para garantizar la prestación de los servicios públicos de su competencia.

Finalmente, el grupo hace un llamamiento a la movilización social y política contra el “montorazo” y pide que la atención a las urgencias sociales sean atendidas sean cuales sean las decisiones institucionales.

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