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La política de inmigración en España hace aguas por todas partes. Falta personal y dinero en los diferentes departamentos, los centros de internamiento están hacinados, los guardias fronterizos se ven desbordados y hasta la Oficina de Asilo y Refugio arrastra una situación “insostenible”, según numerosas oenegés. El Defensor del Pueblo lleva años denunciando los “fallos y las carencias” del sistema de primera acogida, sin que ningún Gobierno dé con la solución al problema. Francisco Fernández Marugán alertó en una comparecencia el pasado mes de febrero que, a pesar de los más de 30 años transcurridos desde la llegada de la primera patera, la respuesta que está dando España es “insuficiente”. En 2018, según la Organización Internacional para las Migraciones, 57.250 personas llegaron a España en estas frágiles embarcaciones.

La Institución, en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), realizó 11 visitas este verano a las provincias de Cádiz, Málaga y Granada para comprobar cómo se estaba realizando la atención humanitaria y jurídica a las personas que accedían por la costa de manera irregular. Así, supervisó las distintas instalaciones que han servido para la acogida, custodia y documentación de las personas llegadas en patera.

La Institución considera “imprescindible” la consolidación de un catálogo de infraestructuras próximas, en el que podrían encajar los denominados Centro de Atención Temporal a Extranjeros. También aboga por la creación de equipos móviles especializados que permitan ofrecer una respuesta inmediata ante repuntes de llegadas. Además, insiste en generar un sistema de identificación de personas vulnerables que permita detectar a solicitantes de asilo, menores no acompañados y víctimas de trata.

Por otra parte, el Defensor ha reiterado a la Secretaria de Estado de Migraciones su recomendación para que se revise el protocolo para atender las situaciones de emergencia humanitaria derivadas de llegadas a través de la frontera terrestre o marítima para evitar el “uso de infraestructuras no idóneas para la primera acogida y asistencia”.

Durante 2018 el Defensor del Pueblo ha continuado advirtiendo sobre la “insostenible” situación en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). En su informe de 2017 ya denunciaba que el sistema de acogida para los solicitantes de protección internacional “no ha sido capaz de planificar las medidas de choque necesarias ante el aumento de solicitudes que se estaba produciendo”.

En opinión del Defensor, el sistema utilizado hasta el momento para facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional “ha de ser revisado de inmediato”. Así, considera que se debe arbitrar un sistema eficaz de cita previa y se tiene que garantizar que las personas con necesidades de protección internacional, que estén en una situación de especial vulnerabilidad, tengan acceso a los servicios sociales y de acogida necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

A mediados de noviembre el Defensor del Pueblo inició una actuación de oficio con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer las medidas previstas para acabar con las largas esperas y condiciones que han de soportar los ciudadanos extranjeros que quieren iniciar los trámites para solicitar protección internacional en Madrid. Recientemente, el Defensor ha formulado un recordatorio de deberes legales a la citada comisaría recordando el derecho de cualquier ciudadano a exigir un recibo que “acredite la fecha y hora de presentación de las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten ante la Administración”.

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