Es posible sentar al rey emérito en una comisión de investigación parlamentaria para que aclare el origen de su patrimonio y los procesos judiciales abiertos contra él en Suiza y en España. Bastaría con que la mayoría suficiente de la Cámara Baja se pusiera de acuerdo. La clave es el PSOE, que sigue resistiéndose a tomar parte en una iniciativa considerada por los socialistas como “potencialmente desestabilizadora” para el país, según fuentes de Ferraz consultadas por Diario16. El clima político está altamente enrarecido, crispado, y añadir un factor más de convulsión podría suponer una bomba de relojería para España.
No obstante, la posibilidad de que el rey emérito pase por el Parlamento para dar explicaciones está ahí. Lo dice muy claramente el eminente magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien en una reciente entrevista en eldiario.es recuerda que “en todos los países la inmunidad del jefe del Estado se mantiene en función de los delitos que comete en sus funciones”. Sobre las sentencias del Tribunal Constitucional que impiden que se investigue al rey amparándose en la inviolabilidad del monarca, Pallín asegura que las respeta pero no comparte esta decisión. “El Constitucional no siempre acierta. Una comisión de investigación es perfectamente posible y en este caso necesaria”, alega. Y además es aún más claro y explícito: “Llevar maletas a Suiza y cobrar comisiones de Arabia Saudí no son funciones propias de un jefe de Estado».
La opinión de Martín Pallín es compartida por otros juristas como el magistrado Joaquim Bosch, ex portavoz de Jueces para la Democracia. Bosch cree que si “se abren unas diligencias en Fiscalía podrían acabar en un procedimiento judicial”. Señala que para ello primero se tiene que ver si se ha producido un delito de blanqueo de capitales por la utilización de varias fundaciones opacas y si pueden concurrir varios delitos fiscales por no haberse declarado este dinero a Hacienda. “La Fiscalía procede a analizar las cuentas bancarias del rey emérito y la constitución de estas sociedades para ver si realizaban actividades que incubarían posibles conductas fraudulentas”, explica el magistrado en un programa de televisión. El siguiente paso, una vez abierto juicio, sería pedir la comparecencia de Juan Carlos I en la comisión parlamentaria.
La cuestión está, una vez más, en la interpretación del artículo 56 de la Constitución Española, que establece: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. La redacción del Legislador del 78 quedó abierta, ambigua. ¿Se entiende que la inviolabilidad es vitalicia o solo mientras Juan Carlos ha ostentado su cargo hasta su abdicación? ¿Afecta la inviolabilidad a su esfera pública, es decir, a las resoluciones en ejercicio de su cargo o también a los posibles delitos que pudiera cometer como persona física en el ámbito privado? Son cuestiones que quedaron en el aire y aún hoy no han sido aclaradas porque ningún partido político se ha atrevido a desarrollar una ley que regulara el asunto en cuarenta años de democracia.
En todo caso, el rey emérito ostentaba la más alta magistratura del país. Era el jefe del Estado y como tal debería dar explicaciones de unas conductas que nada tienen que ver con su título sino con sus comportamientos privados que pueden haber incurrido en un ilícito penal. De modo que el lugar idóneo para que un cargo político se explique no puede ser otro que el Parlamento español, sede de la soberanía nacional. Ayer mismo, el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados presentó una iniciativa que, si no aspira a poder sentar a Juan Carlos I en una comisión de investigación, si al menos pretende aclarar qué pasó con el proyecto del AVE a la Meca, que generó una supuesta mordida de 100 millones de dólares para el exmonarca, según las acusaciones de Corinnazu Sayn-Wittgenstein, la amiga entrañable del artífice de la Transición. Esta vez, los morados consideran que el objeto de la comparecencia sería analizar “las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos sobre el erario público”.
“No se trata de una investigación sobre un particular, sino sobre unos hechos que son de interés general y van más allá de las presuntas actividades corruptas de Juan Carlos I”, explicó el portavoz de la formación, Pablo Echenique, en la rueda de prensa que ofreció en el Congreso para explicar los detalles de la iniciativa. Según Podemos, se trata de defender el interés público porque resulta “evidente” que las informaciones que se han ido dando a conocer y la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Suiza, y que ahora ha asumido la Fiscalía del Tribunal Supremo, describen hechos “de enorme gravedad”. Echenique ha sido astuto esta vez. Consciente de que una acción directa contra el emérito está abocada al fracaso, ha pretendido plantear la petición no como “un acto de control a la Jefatura del Estado”, ya que Juan Carlos I “no ostenta en la actualidad tal condición”, sino como una gestión del Parlamento español para aclarar los negocios de España con el Reino Saudí y las posibles intermediaciones y cobro de comisiones por la construcción del AVE a la Meca.
En realidad es un hábil subterfugio, un ardid de Podemos para que se hable de los negocios del rey en el Parlamento. Si se abre esa comisión de investigación, por allí podrían pasar los responsables de las doce empresas que tomaron parte en el consorcio para la construcción del tren de alta velocidad en el desierto, al igual que todas las demás personas que no ostentan la condición de inviolables, como la propia Corinna Larsen, los supuestos testaferros suizos relacionados con el emérito, el comisario Villarejo actualmente en prisión (cuyos audios dieron origen al escándalo) y hasta empleados de la siempre opaca banca suiza. No se descarta que incluso se pudiera llamar a declarar al propio Yves Bertossa, el fiscal helvético que sigue el rastro del patrimonio del exmonarca.
No obstante, Unidas Podemos entiende que tampoco tendría por qué rechazarse que el propio Juan Carlos I compareciera en esta comisión, aunque sí son conscientes de que ahora no pueden plantear la petición de comparecencia del actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, porque saben que esa citación sí sería rechazada por parte de la Mesa del Congreso bajo el argumento de la inviolabilidad.
En su texto, Unidas Podemos plantea concretamente que se puedan solicitar “las comparecencias que se consideren oportunas por parte de los grupos parlamentarios, incluidas las de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de esta comisión”. “Hemos realizado una labor de estudio y precedentes de las decisiones de la Cámara y de la jurisprudencia existente para maximizar las probabilidades de que esta comisión, a diferencia de las que se han presentado antes, pueda ser calificada por la Mesa de la Cámara”, defiende Echenique.
En esa comisión se podría investigar además “la existencia de redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos en territorio nacional y en Arabia Saudí o en terceros países, su relación con el ex Jefe de Estado y los efectos sobre el erario público en la actualidad”. También se tratará “la actividad de promoción internacional de Arabia Saudí en España y su relación con el ex Jefe de Estado y la posible existencia de quid pro quo en forma de comisiones o donaciones, en especie o dinerarias, entre el Gobierno de Arabia Saudí y el ex Jefe de Estado a cambio de su mediación en la consecución de contratos o de operaciones de promoción internacional del régimen saudí». El objetivo último sería investigar “el grado de conocimiento de dichas presuntas actividades del ex Jefe de Estado por parte de las empresas y los organismos y departamentos del Gobierno implicados en las mismas”. Y finalmente, “los movimientos de capital, lícitos o ilícitos, relacionados con los hechos investigados”
