La irracionalidad de la actualidad política comienza ya a afectar incluso a los más cuerdos. El buen ciudadano debe de ser crítico, pero, tras un año de confusión comunicativa, de incoherencias, inexactitudes, equivocaciones y de errores de gestión, la crítica no puede más que tornarse en exasperación. La falta de instrumentos democráticos para canalizar la disconformidad y la indignación tampoco ayudan.

Y es que la rueda sigue girando y nos siguen sorprendiendo con nuevos despropósitos. Eso sí, todos ellos con la raigambre común del Estado de las Autonomías. El punto de España donde se haya nacido o donde se resida sigue siendo crucial para calcular las probabilidades de supervivencia que usted tiene o los derechos que se le respeten, así de crudo.

Cada autonomía, un ritmo y unos criterios de vacunación diferentes. La diferencia de inmunizaciones entre comunidades autónomas en insultante: mientras comunidades como Andalucía tienen al 60% de sus mayores de 80 años con la pauta completa de vacunación -lustrosos y probables candidatos a la supervivencia-, otras como País Vasco o Navarra no llegan ni a la mitad -mal sitio para envejecer este año, a pesar de los beneficios fiscales-. Comunidades donde gente de 60 años sin patologías previas se está vacunando, gente de más de 80 con enfermedades crónicas aún esperan.

Por si fuera poco, hay CCAA que incluso se niegan a seguir las recomendaciones del Gobierno de la Nación -que, a falta de autoridad, son meros gritos al viento- como vacunar de urgencia en Semana Santa, caso de la Comunidad de Madrid. Vacunar en festivo ha resultado ser comunismo, qué libertad tan rara. La libertad de una Sanidad transferida, exhausta de recursos y con una presidenta -en funciones- que no piensa hacer nada por remediarlo.

Pero el colmo es la declaración en rebeldía de varias CCAA contra una ley aprobada en las Cortes Generales, por la representación de la soberanía nacional, como es la de las mascarillas.  La rebelión es ultrajante, a pesar de que sea una Ley absurda, aprobada sin querer porque nadie se la leyó como los propios diputados han reconocido. Y ahora el Gobierno necesita la aprobación de todas las CCAA para obviarla a través del disparate institucionalizado con el nombre de Consejo Interterritorial.

Ya da igual todo en este absoluto desorden, no se salvan ni los derechos fundamentales. O se salvan unos sí y otros no. El artículo 18.2, la inviolabilidad del domicilio, se ha convertido en un artículo sagrado. Se obvia el debate sobre si hubiera delito flagrante o no. Mientras, el siguiente artículo, el derecho a circular por el territorio nacional -de igual categoría que el anterior- no parece importarle a nadie. Para colmo, la restricción de este último derecho se ha dejado al libre arbitrio de las Comunidades Autónomas, abandonándose así todo principio jerárquico o respeto a la legalidad constitucional.

Pero no desfallezcan, hay una forma de salvarse de toda esta locura. La de siempre, tener dinero. El sálvese quien pueda siempre está permitido, a eso no le ponen límite ni Estado ni CCAA porque la rebelión más temida es la de los que tienen. Si es usted europeo y tiene dinero, escape de sus confinamientos: venga a la Costa del Sol, fiesta y buena comida asegurada.

Bueno, no basta con ser europeo, además hay que NO ser español. Si eres español, o tienes y te vas a teletrabajar -o a vivir de las rentas- al extranjero o tú pones las copas (y los muertos).

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