El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero de Ciudadanos calificó de “ilegal” la orden de Ayuso de no trasladar a mayores de las residencias a hospitales, pero además considera que “no es ético y posiblemente no sea legal”, no la existencias de estos “protocolos” para decidir los ingresos en la UCI, sino “los criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o discapacidad”.

Estas declaraciones elevan el desconcierto en el Gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos. Cuando existen dos gobiernos, dos formas diferentes de gobernar, solo nos puede llevar a una salida, la moción de censura en la región, siempre que Ignacio Aguado decida dejar de ser utilizado y ninguneado por la presidenta Ayuso, que sólo debate con Ciudadanos en el Consejo de Gobierno.

Durante la comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad en la Asamblea de Madrid, el consejero Reyero afirmó que dichos protocolos de exclusión “son contrarios a los derechos internacionales de las personas con discapacidad. Todos por ser ciudadanos tenemos derecho a la sanidad pública. Por vivir en una residencia no se pierde ese derecho”.

Reyero se mostró a favor “de crear una comisión de investigación”, que analice la mortalidad de las residencias madrileñas durante esta pandemia, que ya fue rechazada por la propia presidenta Ayuso, con el argumento de “politizar el dolor” provocado por su Gobierno en las residencias de mayores”.

El consejero de Ciudadanos lamentó que las órdenes “se distribuyeran en contra del criterio de la Consejería de Políticas Sociales”. En varias reuniones, como por escrito el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril, manifestó al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, su posición “rotundamente contraria a estos protocolos”.

“La derivación (a hospitales) debe basarse en criterios médicos, pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias. O el residente va al hospital o al revés”.

La declaración del consejero aviva los roces entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid a la vez que alienta la investigación judicial sobre las miles de muertes en los geriátricos que ya han llevado a los tribunales asociaciones y familiares. 

El diputado de Más Madrid Emilio Delgado afirmó que la página web de la Comunidad de Madrid “está llena de información falsa, ya que habla de la medicalización de residencias cuando no se ha realizado ninguna o de la intervención en más de un centenar, cuando la intervención directa de la Comunidad ha sido solo en 14”.

Delgado llamó “cobarde” a Ayuso por “cargarle el mochuelo de las denegaciones de derivaciones de residentes a los médicos”. “La presidenta se ha negado a responder si existían protocolos, pero hay varios. Que el mismo partido que no ha tenido duda de instrumentalizar el terrorismo, venga ahora a decirnos que investigar todo esto que ha sucedido, saber quién ha hecho estos protocolos es instrumentalizar el dolor, pone a prueba la cortesía parlamentaria y la paciencia”.

La diputada de Unidas Podemos, Paloma García afirmó “que los protocolos para no atender a determinados residentes en hospitales no eran un borrador, sino una eugenesia para personas con discapacidad, una vergüenza que no es ética ni legal”. Asegurando que la Comunidad no ha cumplido los autos judiciales que piden la medicalización de geriátricos en Leganés y Alcorcón.

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