El cerco se estrecha alrededor de Billy El Niño cincuenta años después de que comenzaran sus oscuras actividades en la Policía. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto diligencias para investigar a Antonio González Pacheco y a otros cuatro expolicías por un delito de lesa humanidad, en la que será la primera investigación que se lleve a cabo tras varias querellas rechazadas, según ha informado la Agencia Efe.
En un auto dado a conocer hoy mismo, la jueza María Isabel Durantez admite la querella presentada por Miguel Ángel Gómez, representado por la plataforma Ceaqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo), al entender que los hechos descritos “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
Hace solo unos días, tres víctimas de Billy el Niño presentaron en los juzgados ordinarios de Madrid otras tantas querellas por delitos de lesa humanidad, según informó en su día la Coordinadora Ceaqua. Concretamente, el pasado 28 de febrero se presentaron tres querellas criminales en los Juzgados de Instrucción de Madrid dirigidas contra diferentes miembros de la policía política franquista, entre otros, Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, por las torturas que sufrieron las siguientes personas:
Miguel Ángel Gómez Álvarez fue detenido y torturado en dos ocasiones. La primera en 1971, tras ser acusado de propaganda y atentado a la autoridad. Después de su arresto abandonó los estudios y sufrió la “quiebra de su proyecto vital”. La segunda detención fue en 1973. Fue acusado de asociación ilícita (era miembro de la LCR, Liga Comunista Revolucionaria) y pasó siete días incomunicado en la Dirección General de Seguridad. Antes de ser trasladado a las dependencias de la cárcel de Carabanchel, tuvo que pasar 15 días en enfermería por las torturas recibidas.
José Manuel García Benito fue detenido en 1975. Tras las torturas recibidas en la Dirección General de Seguridad, entonces situada en la Puerta del Sol de Madrid, pasó 40 días en la enfermería de la prisión de Carabanchel debido a los graves daños que sufrió a cargo de los inspectores de policía de la Brigada Político Social. Su único delito era pertenecer a las organizaciones F.R.A.P. (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y F.U.D.E. (Federación Universitaria Democrática Española).
Luis Miguel Urbán Fernández fue detenido en cinco ocasiones y torturado en una de ellas, concretamente en abril de 1974. Fue acusado de asociación ilícita (era miembro de la Liga Comunista Revolucionaria). En la Dirección General de Seguridad fue torturado y se acordó su ingreso en la presión de Carabanchel. De allí tuvo que ser trasladado al Hospital Penitenciario, donde permaneció siete días recibiendo tratamiento por graves daños padecidos por las torturas recibidas.
Tal como se indica en el texto de las querellas presentadas, dichos delitos constituyen “crímenes contra la humanidad” porque formaban parte de un “ataque planificado y sistemático” contra la población civil, “organizado por y desde los aparatos de la dictadura franquista para reprimir a la disidencia política de la época”. Esto es, dichos ataques estaban dirigidos “contra todas aquellas personas que ejercían oposición política al régimen, reclamando y requiriendo el reconocimiento de derechos fundamentales que hoy están reconocidos constitucionalmente”.
Con estas tres querellas son ya 12 las presentadas contra González Pacheco en Madrid, además de las que se han interpuesto en Oviedo (3), en Tolosa (6) y en Valencia (otras 6). En la actualidad, y tras la inadmisión de algunas de las querellas interpuestas, se han presentado 6 demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional, según Ceaqua.
Destacar que una de las querellas presentadas en Valencia ha sido recientemente admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 de esa ciudad, y se ha iniciado el procedimiento de investigación. Desde Ceaqua “esperamos obtener nuevas resoluciones judiciales favorables, que admitan a trámite las querellas presentadas y que por parte de Fiscalía se deje de obstaculizar la tramitación de dichas causas penales”.
“Una vez más nos vemos obligados a recordar que las graves violaciones punibles de Derechos Humanos no pueden quedar impunes, que los crímenes denunciados son inamnistiables e imprescriptibles, y que la tipificación del crimen de lesa humanidad, con independencia de cuando fuera incorporado como tal a nuestro derecho interno se encontraba tipificado en el ámbito internacional con anterioridad a que sucedieran los hechos objeto de denuncia”, añade la plataforma.
“Si a las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista no se les reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, no obtendrán la correspondiente reparación integral que requiere estos casos y continuaremos manteniendo un déficit democrático insostenible”, concluye.
Con la decisión de la juez Durantez se trata de la primera vez que un juzgado acepta investigar la posible comisión de delitos por parte de Billy el Niño, inspector de la Brigada Político Social del franquismo.
